Por Redacción 
Redacción Exposición Mediática.- En los últimos años, la República Dominicana ha intensificado sus esfuerzos por revertir uno de los fenómenos más complejos de su seguridad vial: la conducción bajo la influencia de sustancias que alteran la cognición y el comportamiento.
Entre esas medidas se encuentra la aplicación de pruebas de dopaje a choferes del transporte público, interurbano y de carga, ejecutadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) como parte de operativos sorpresa en diversas terminales y puntos de alto tránsito del país.
La implementación de estas pruebas no ha sido circunstancial ni aislada, sino la respuesta a la alarmante correlación entre consumo de sustancias psicoactivas y la frecuencia de siniestros viales registrados en las carreteras dominicanas, un problema que según estudios independientes coloca a la República Dominicana entre los países con altas tasas de mortalidad en accidentes de tránsito.
Analizar por qué un conductor del transporte público puede “doparse” —entendido como presencia de drogas o alcohol en su organismo mientras conduce— exige entender una compleja intersección entre condiciones laborales, factores de salud, cultura organizacional y prácticas sociales.
El dopaje como fenómeno multifactorial: un enfoque integrado
Presión laboral y jornadas extensas
El transporte público dominicano opera en un entorno de alta competitividad: cada viaje representa ingresos directos para el chofer. Esto obliga a muchos conductores a trabajar jornadas largas, con pocas horas de descanso entre turno y turno, y bajo la presión constante de maximizar ganancias en rutas saturadas.
A diferencia de sectores con horarios regulados y supervisión estricta, en el transporte informal o semi-formal la fatiga se normaliza, y eso genera incentivos para buscar soluciones rápidas para mantenerse activos: energizantes, estimulantes e incluso drogas pueden verse como mecanismos para “aguantar” la jornada. Actuar de esta forma, sin embargo, compromete severamente las capacidades cognitivas y psicomotoras necesarias para conducir con seguridad.
Cultura de resistencia y minimización del riesgo
Existe una percepción cultural extendida —no exclusiva de República Dominicana, pero sí visible en varias encuestas cualitativas realizadas en terminales y rutas— que pondera la resistencia física y mental como virtudes. En este marco, admitir cansancio, estrés o agotamiento puede verse como debilidad profesional, incentivando a algunos conductores a sobreponerse artificialmente mediante sustancias que modifiquen el estado de alerta.
Así, el dopaje no siempre es una decisión consciente de ignorar el riesgo, sino una respuesta funcional —y equivocada— a una cultura laboral que prioriza la disponibilidad constante sobre la condición física y mental.
Condiciones de salud no atendidas que se manifiestan como dopaje
Los operativos del INTRANT no solo detectan sustancias ilícitas, sino también patologías médicas relevantes entre conductores: hipertensión, diabetes o glicemias fuera de control, hallazgos que complementan la lectura social del problema.
Un conductor con dolor crónico no diagnosticado, ansiedad no tratada o estrés acumulado puede recurrir a estimulantes o sedantes de manera informal, buscando alivio momentáneo en lugar de atención profesional. Esta “autogestión” del malestar puede dejar metabolitos detectables en pruebas toxicológicas, lo cual se traduce en un resultado positivo aunque el propósito no fuera deliberadamente “doparse”.
Normalización previa y ausencia de controles sistemáticos
Hasta la aparición de estos programas de pruebas de dopaje más robustos, muchos choferes circulaban sin controles regulares que midieran su estado toxicológico. Esto generó una percepción de que el consumo de sustancias no tendría consecuencias directas o inmediatas en su ejercicio laboral, posicionando el dopaje como práctica tolerada —si bien informal— dentro de ciertas rutas o subsectores del transporte.
La ausencia de detección frecuente permitió que algunos conductores probaran “estar bien para conducir” sin comprensión clara de las implicaciones clínicas y legales de su estado.
El marco legal dominicano y su aplicación práctica
Derechos, límites y facultades de los controles toxicológicos
La Ley No. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial contempla la potestad para ejecutar controles de alcoholemia y toxicológicos a conductores que pueden ser preventivos o sorpresivos.
Específicamente, las pruebas toxicológicas consisten en la toma de saliva mediante un detector de drogas estéril y descartable, que indica si existen sustancias prohibidas o controladas en el organismo que disminuyan la aptitud para conducir. La autoridad —en este caso DIGESETT en conjunto con INTRANT— puede aplicarlas de manera preventiva o como parte de un operativo mayor.
Operativos y descubrimientos recientes
Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, 545 conductores de autobuses urbanos e interurbanos fueron sometidos a pruebas de dopaje en terminales clave del país, con 17 casos positivos de consumo de sustancias ilícitas, cuyos titulares tuvieron sus licencias retenidas por la autoridad.
Adicionalmente, en una escala mayor, 2,456 pruebas de dopaje y evaluación clínica se realizaron entre diciembre de 2024 y julio de 2025, cubriendo operadores de rutas urbanas e interurbanas, motociclistas y transportistas de carga, con 37 casos preliminarmente positivos sujetos a confirmación en laboratorios especializados.
Estos datos evidencian dos aspectos clave: la presencia real de consumo de sustancias psicoactivas entre un segmento de conductores y la decisión institucional de actuar preventivamente para mitigar riesgos viales.
Críticas y tensiones institucionales frente al dopaje
La implementación de pruebas antidopaje ha provocado reacciones diversas. Por un lado, organizaciones oficiales como el Consejo Nacional de Drogas (CND) han expresado su apoyo explícito a los operativos como parte de las políticas públicas para garantizar que los conductores operen en condiciones óptimas, libres de influencias de sustancias psicoactivas.
Por otro lado, voces del sector transporte han mostrado preocupación por las consecuencias laborales de los controles, argumentando que podrían vaciar rutas o reducir la disponibilidad de choferes si los casos positivos continúan emergiendo sin mecanismos de acompañamiento social y profesional para quienes consumen sustancias.
Además, el debate se cruza con consideraciones sobre derechos individuales, consentimiento y procedimientos adecuados para la aplicación de pruebas toxicológicas, lo que exige a las autoridades equilibrar la seguridad pública con garantías jurídicas y respeto a la dignidad humana.
Hacia una comprensión más profunda
La presencia de sustancias psicoactivas en el organismo de un conductor de transporte público —y la consiguiente detección en una prueba antidopaje— no se reduce a una decisión individual irresponsable. En la mayoría de los casos, existe una ecuación compleja que combina factores laborales, culturales, de salud y de desinformación.
Mientras el sistema transporte funcione con presiones económicas intensas, jornadas extendidas, supervisión laxa y una percepción cultural que normaliza el aguante exacerbado, la tentación de recurrir a sustancias que prometen temporariamente mayor rendimiento seguirá presente.
Abordar el dopaje en el transporte público, por tanto, no debe limitarse a sancionar conductas, sino a diseñar políticas públicas integrales que consideren:
• Educación continua sobre riesgos de conducción bajo influencia de drogas y alcohol.
• Programas de salud ocupacional que atiendan afecciones médicas comunes entre choferes.
• Modelos de supervisión que combinen prevención, evaluación clínica y recuperación.
• Espacios de diálogo con los propios trabajadores del transporte para co-construir soluciones sustentables.
Síntesis
El dopaje entre conductores del transporte público es un fenómeno real, multidimensional y susceptible de intervención pública efectiva. Los datos de los operativos recientes en República Dominicana muestran que un segmento de choferes se expone al consumo de sustancias psicoactivas, comprometiendo no solo su salud sino la seguridad de miles de pasajeros y transeúntes.
Sin embargo, la respuesta no puede limitarse a la detección y castigo. Es imperativo articular una estrategia que combine seguridad vial, educación, salud y justicia social, con el objetivo de transitar hacia un sistema de movilidad en el que conducir signifique estar en las mejores condiciones —físicas y mentales— para proteger vidas.
Fuentes consultadas
•INTRANT realizó pruebas de dopaje a más de 2,400 conductores y motociclistas del transporte público y de carga — Presidencia RD / INTRANT.
https://www.presidencia.gob.do/noticias/intrant-realizo-pruebas-de-dopaje-mas-de-2400-conductores-y-motociclistas-del-transporte
•Intrant realiza más de 500 pruebas de dopaje en terminales de autobuses — Presidencia RD.
https://www.presidencia.gob.do/noticias/intrant-realiza-mas-de-500-pruebas-de-dopaje-en-terminales-de-autobuses
•CND expresa apoyo a operativos de pruebas antidopaje del INTRANT para garantizar seguridad vial — Consejo Nacional de Drogas RD.
https://consejodedrogasrd.gob.do/categoria/noticias/cnd-expresa-apoyo-a-operativos-pruebas-antidopaje-del-intrant
•Intrant: 17 choferes dan positivo a uso de sustancias ilícitas durante antidoping sorpresa — Listín Diario.
https://listindiario.com/la-republica/gobierno/20250325/intrant-17-choferes-dan-positivo-sustancias-ilicitas-antidoping-sorpresa_851018.html
•Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial RD — Marco legal oficial (texto completo).
https://intrant.gob.do/phocadownload/SobreNosotros/MarcoLegal/Leyes/MARCO%20LEGAL-LEY%2063-17%20SOBRE%20TRANSITO%2C%20TRANSPORTE%2C%20Y%20SEGURIDAD%20VIAL.pdf
