Las APIs, el eslabón débil de la seguridad digital en la República Dominicana

 

Por José Aquino

En la era digital, la comunicación entre programas informáticos es fundamental. Las APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones) son el motor invisible que permite a las aplicaciones móviles, los servicios en la nube y las infraestructuras empresariales interactuar entre sí.

Para entenderlo mejor, imagina que las APIs son como los camareros en un restaurante. El cliente (tu aplicación) le da su pedido al camarero (la API), quien lo lleva a la cocina (el servidor o base de datos) y te trae de vuelta lo que solicitaste. Las APIs establecen las reglas para esta comunicación.

Históricamente, las APIs comenzaron como interfaces locales, confinadas a un solo dispositivo. Sin embargo, su evolución ha sido una respuesta a la necesidad de conectar sistemas distribuidos, convirtiéndose en la infraestructura que sustenta nuestra economía digital global.

Hoy, esta misma interconexión las ha convertido en un objetivo principal para los ciberdelincuentes. Una brecha de seguridad en una API puede ser la puerta de entrada para robar datos, interrumpir servicios críticos o infiltrarse en sistemas completos.

La evolución de las APIs no ha sido un proceso lineal, sino una respuesta cíclica a los desafíos emergentes de la complejidad, la interoperabilidad y el rendimiento en la computación distribuida.

Veamos los esfuerzos gubernamentales y retos por superar.

El gobierno dominicano ha dado pasos importantes para modernizar la administración pública. El Decreto 92-22 establece el Marco Nacional de Interoperabilidad Gubernamental, que busca que las instituciones del Estado se comuniquen y compartan datos de manera más eficiente. La Ley 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites refuerza esto, exigiendo el uso de tecnologías seguras que garanticen la protección de datos.

En el artículo 5 del decreto 92-22 La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y el Ministerio de Administración Pública (MAP) están a cargo de esta tarea, una con la responsabilidad de la ejecución y la otra de la rectoría respectivamente, de crear una plataforma única de interoperabilidad. El pasado mes de abril, el MAP emitió una resolución para guiar estos esfuerzos, lo que demuestra un compromiso real con la modernización.

A pesar de estas iniciativas, la seguridad de las APIs sigue siendo un gran desafío. Los esfuerzos no pueden limitarse a la interoperabilidad; deben estar firmemente orientados a la protección. Un solo fallo podría tener consecuencias devastadoras, comprometiendo datos sensibles del Estado y afectando a la ciudadanía.

En conclusión, más allá de la interoperabilidad, la seguridad de las APIs no es solo una cuestión técnica, es un pilar fundamental para la confianza en la gestión pública digital. Si bien es loable la búsqueda de la eficiencia a través de la interoperabilidad, es imperativo que las autoridades redoblen sus esfuerzos en la protección de estos sistemas.
Asegurar estas puertas de entrada digitales es proteger la información de cada ciudadano y garantizar la continuidad de los servicios públicos en la era digital. Es una inversión que beneficia a todos y asegura que el avance tecnológico del país no se convierta en su mayor vulnerabilidad.

El autor es profesor Universidad Americana (UAM)
Especialista en Centro de Datos (AOS) / Seguridad y Defensa

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