Por Redacción 
Santo Domingo, R.D.- El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, reiteró este miércoles que la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader no permitirá que exista la impunidad ante cualquier escándalo o actuación de un funcionario que no cumpla con la transparencia y eficiencia que exige el presidente.
“Lo que el presidente dijo y está cumpliendo, es que no va haber impunidad como existía anteriormente en este país, en donde las denuncias no eran tomadas en cuenta. Ahora se está combatiendo la corrupción no permitiendo la impunidad como era costumbre en los gobiernos anteriores”, expresó Bautista al ser cuestionado por miembros de la prensa durante el acto de la presentación de logros de la gestión 2020-2025 de Yadira Henríquez, al frente del Plan de Asistencia Social de la Presidencia.
Bautista enfatizó que uno de los planteamientos de este gobierno es tener cuentas claras y que siempre estarán dispuestos a cumplir con esos lineamientos.
Departamento de Estado de EE.UU.: Informe sobre corrupción en República Dominicana
La República Dominicana cuenta con un marco legal que incluye leyes y regulaciones para combatir la corrupción, y establece sanciones penales para funcionarios corruptos. Aunque persisten desafíos, la aplicación de estas leyes ha mejorado debido al mayor enfoque de la administración Abinader en la transparencia.
A diferencia de administraciones anteriores, las investigaciones sobre corrupción y los arrestos han enfocado a funcionarios de alto nivel, no solo de partidos opositores, sino también a funcionarios actuales y anteriores de la coalición gobernante.
El índice de percepción de corrupción de Transparency International mejoró para la República Dominicana, pasando del puesto 137 en 2020 al 104 en 2024.
La Ley No. 340-06 sobre Contrataciones y Compras Públicas prohíbe adjudicar contratos públicos a personas o entidades donde exista un conflicto de interés. Sin embargo, el gobierno no exige que las empresas privadas establezcan códigos internos de conducta que, entre otras cosas, prohíban sobornos a funcionarios públicos
No obstante, las empresas estadounidenses continúan señalando la corrupción como un obstáculo para la inversión extranjera directa (IED), afirma el documento.
A menudo se quejan de la falta de competencia técnica en los ministerios, lo que resulta en licitaciones públicas mal elaboradas o ejecutadas, sin seguir las mejores prácticas internacionales.
Algunas empresas incluso sugieren que ciertas licitaciones problemáticas se diseñaron intencionalmente para favorecer a empresas con conexiones políticas.
La comunidad empresarial también ha denunciado la corrupción a nivel municipal, que afecta procedimientos como los de permisos y licencias.
Las empresas estadounidenses que operan en el país suelen implementar robustos programas de cumplimiento para asegurar la adherencia a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (FCPA).
