Por Redacción 
Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado como principal administrador del fraude más grande jamás registrado a una ARS pública en República Dominicana, cuya ejecución afectó al 70% de la población al comprometer recursos destinados a garantizar la atención médica y la cobertura de salud de la población más vulnerable.
Redacción Exposición Mediática.- La crisis en SENASA —y la imputación del exdirector Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y varios de sus allegados— no debe considerarse un escándalo aislado. Es, más bien, la manifestación de una falla sistémica con consecuencias catastróficas para millones de dominicanos.
Lo que hoy está en juego no es solo la reputación de funcionarios: es la confianza en la seguridad social pública. Y esa confianza, una vez quebrada, es difícil de recuperar.
Los hechos: lo que se sabe hasta ahora
Recientemente se puso en marcha la llamada “Operación Cobra”, una investigación penal que ha concluido con la detención de Hazim y de otros altos funcionarios, ex gerentes y prestadores relacionados con SENASA.
Entre los cargos figuran asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, soborno, uso de documentos falsos y lavado de activos. Las autoridades acusan a una red que habría creado mecanismos paralelos para manipular contrataciones, habilitación de prestadores, facturación y pagos, anulando controles internos.
Las estimaciones preliminares señalan un perjuicio al patrimonio público por alrededor de RD$ 15,000 millones. Esa suma representa dinero que debía ir hacia la salud, la atención médica, la protección de la gente más vulnerable. Pero, según la acusación, terminó en manos de privados: empresas fachada, intermediarios, personales beneficiadas con sobornos y lujos.
Quienes resultan afectados: un país en espera
SENASA no es un actor menor. Es la ARS pública que cubre cerca del 70 % de la población dominicana, la principal red de seguridad social para quienes no pueden costear un seguro privado. Son miles, millones de personas que depositaron su fe —y su salud— en un sistema estatal. Para muchos, SENASA representa la única posibilidad de acceder a atención médica digna. Cuando ese sistema se convierte en un botín, el daño no es solo financiero: es social, humano, estructural.
Los perjudicados no son quienes gozan de privilegios, sino quienes carecen de alternativas. Los que necesitan un tratamiento, una emergencia, un medicamento, un ingreso de esperanza ante la fragilidad. Y ahora se enfrentan a un vacío, a la incertidumbre, a la desconfianza. ¿Cómo creer hoy en un sistema que habría sido saqueado desde dentro?
Justicia e institucionalidad: lo urgente ante lo inédito
El proceso judicial apenas comienza. Las autoridades han solicitado prisión preventiva prolongada (18 meses) para los imputados y han declarado el caso como “complejo”. Está claro que los cargos son graves, y la dimensión del presunto fraude está siendo tratada con la máxima seriedad institucional.
Pero conviene subrayarlo: imputación no equivale a condena. El sistema de justicia debe actuar escrupulosamente, con transparencia, garantizando el debido proceso, evaluando las pruebas, y procurando que los responsables enfrenten las consecuencias si se confirman los hechos. Y al mismo tiempo, el Estado debe garantizar que los afiliados a SENASA —los pacientes— no paguen los platos rotos por la corrupción.
¿Qué exige este momento histórico?
En este punto del camino, lo que el país necesita es:
Justicia efectiva: que la acusación avance, que se falle conforme a leyes y pruebas, y que los responsables respondan.
Recuperación de recursos: que todo peso desviado sea devuelto, que se recuperen contratos, bienes y valores, y que esos fondos vuelvan a la salud pública.
Reforma profunda: controles más rigurosos, auditorías externas, rendición de cuentas, transparencia real. Que lo público deje de ser opaco.
Protección a los vulnerables: mientras dure el proceso, garantizar que los afiliados de SENASA no queden desprotegidos, que continúen recibiendo servicios, que la crisis no se pague con vidas.
Compromiso social permanente: que los ciudadanos exijan vigilancia, participación, fiscalización. Que la sociedad civil asuma su rol de guardián del bien común.
Una herida contundente a la sociedad dominicana
Basándonos en los hechos confirmados hasta hoy, la acusación contra Santiago Hazim y su red representa una de las mayores traiciones al contrato social en décadas recientes. No es solo corrupción: es despojo de derechos, de expectativas, de salud para millones. Y esa afrenta no merece indulgencia.
Este país necesita valentía institucional, integridad moral, liderazgo responsable. Necesita dejar atrás la costumbre de lo impune, de lo tolerable, de lo invisible. Y necesita reconstruir sus sistemas públicos comenzando por lo más básico: la confianza.
Si algo debe quedar claro es que no hay inmunidad para la corrupción, y que el robo de la salud de un pueblo no se mide en dinero: se mide en vidas. Y por eso —por ellos— no podemos permitir que este escándalo quede en una nota más del pasado.
Que la justicia actúe. Que se restablezca la salud pública. Que se recupere la dignidad colectiva.
