Por Redacción 
Redacción Exposición Mediática.- Hay momentos en los que el ejercicio del análisis público se vuelve incómodo, no por falta de argumentos, sino porque obliga a caminar sobre una línea extremadamente delgada: esa que separa el respeto a los derechos individuales del deber moral de no normalizar el abuso cuando este proviene del poder.
El caso que hoy sacude a la sociedad dominicana no es uno más en la larga lista de escándalos administrativos. Es un episodio que toca fibras profundas porque gira en torno a la salud, al dolor humano y a la presunta instrumentalización de la enfermedad como negocio.
Facturación de servicios médicos no prestados, duplicación de consultas, inflación de autorizaciones, reportes de procedimientos quirúrgicos con lesiones inexistentes, aumento artificial de sesiones de quimioterapia y radioterapia en pacientes oncológicos, e incluso la facturación de servicios de hemodiálisis a personas fallecidas. La sola enumeración resulta perturbadora.
En medio de este contexto, resulta inevitable que la indignación social se dispare al conocerse que la defensa del ahora exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, haya presentado ante el juez Rigoberto Sena un documento médico —firmado por el neurólogo Luis A. Taveras Guzmán y canalizado por el abogado Miguel Valerio— en el que se detalla un historial clínico que supuestamente requiere tratamiento especializado y constante fuera del país.
El problema no es, ni debe ser, el derecho a la salud. En un Estado de derecho nadie pierde esa prerrogativa por el hecho de estar siendo investigado o procesado. Tampoco se puede desconocer el derecho a una defensa técnica ni al debido proceso. Negar eso sería caer en el mismo terreno de arbitrariedad que tanto se critica.
Sin embargo, el conflicto real no es jurídico, sino ético y social. La coincidencia temporal de esta solicitud médica, justo cuando el proceso judicial entra en una fase decisiva, activa una memoria colectiva marcada por años de desconfianza. En demasiadas ocasiones, la enfermedad ha sido utilizada como coartada, como pasaporte a la dilación o como vía elegante de escape frente a responsabilidades penales.
La reacción en redes sociales —mayoritariamente incrédula— no nace de la crueldad ni de la falta de empatía. Nace del hartazgo. De la sensación de que quienes habrían liderado estructuras de abuso contra los más vulnerables, ahora apelan a la fragilidad personal como escudo. Y ahí es donde la indignación se vuelve comprensible.
Porque no se trata solo de números ni de expedientes. Se trata de pacientes oncológicos a los que se les habría prolongado tratamientos innecesarios. De personas pobres cuyo nombre pudo haber sido utilizado para inflar facturas. De familias que confiaron en un sistema diseñado para protegerlas y no para desangrarlas.
En ese contexto, las palabras de la vicepresidenta Raquel Peña resuenan con fuerza: “Es inadmisible lo que uno siente. No solamente como parte del Gobierno, sino por lo que eso representa para todo el pueblo dominicano”. No es una frase retórica; es la verbalización de un sentimiento colectivo. Cuando añade que el Ministerio Público debe llevar la investigación “hasta las últimas consecuencias”, está señalando el único camino posible para intentar recomponer la confianza pública.
La clave, entonces, no está en negar derechos, sino en evitar privilegios. El Ministerio Público y el sistema judicial tienen la responsabilidad de verificar de manera independiente cualquier alegato médico, de determinar si dicho tratamiento es incompatible o no con las medidas cautelares correspondientes y de garantizar que la salud no se convierta en una puerta giratoria hacia la impunidad.
Es posible —y necesario— sostener dos ideas al mismo tiempo sin contradicción: que toda persona tiene derecho a la salud y que nadie debe utilizar ese derecho como herramienta para evadir la justicia. Defender los derechos humanos no implica blindar a quienes, desde posiciones de poder, habrían actuado con insensatez, abuso e indignidad.
Lo que hoy expresa la sociedad dominicana no es sed de castigo. Es cansancio moral. Es la exigencia de que, por una vez, la balanza no se incline hacia el lado de siempre.
Porque cuando el dolor ajeno se convierte en negocio, la tolerancia social se agota. Y esa línea delgada, entre la compasión y la complicidad, ya ha sido cruzada demasiadas veces.
