Por Rolando Hernández

El alcance de la corrupción no tiene límites y más cuando se trata de la que proviene del Estado. En un nuevo caso de corrupción, la sociedad dominicana ha sido estremecida. En esta ocasión, el sector afectado por malversación de fondos públicos ha sido el Servicio Nacional de Salud (Senasa) con una población de más de siete millones de afiliados muchos por los que se pagaron millones de pesos en servicios de salud que nunca recibieron.

De acuerdo a las autoridades judiciales, el desfalco de los dineros públicos podría superar los 100 mil millones de pesos, dinero que de ser distribuido entre los dominicanos de seguro acabaría con la pobreza en la nación dominicana.

En el entramado corrupto están involucrados no solo ministros, sino suplidores, farmacias y personal administrativos que por años sustrajeron para beneficio personal el dinero que debía ser para proteger la salud de los dominicanos.

El exdirector del SENASA, forma parte de los principales implicados Santiago Marcelo F. Hazim Albainy (Santiago Hazim), exdirector del Senasa desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, cuando fue destituido por el presidente Luis Abinader cuyo puesto fue ocupado por Edward Rafael Guzmán Padilla.

Hazim fue el líder del movimiento político del sector externo Ola, que apoyó la campaña del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en los comicios del 2020. A pesar de ser uno de los hombres de confianza del mandatario dominicano, el poder de la corrupción lo sedujo y lo derrotó.

Los demás imputados en el supuesto desfalco a los dineros del estado y apresados en la llamada “Operación Cobra” son Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera quienes enfrentan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Una vez más, la justicia dominicana tiene en sus manos un caso de alta corrupción pública en el que los dominicanos incluyendo los que residen en el exterior se mantendrán a la expectativa de que a los corruptos se les debe tratar con todo el peso que establecen las leyes. Ningún acto de corrupción pública debe quedar impune y más cuando se trata de la salud pública.

El autor es periodista, educador y escritor dominicano residente en el estado de Nueva Jersey y puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com

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