Por Redacción 
Redacción Exposición Mediática.- En la política internacional contemporánea, pocas cuestiones generan tanta ambigüedad como el uso unilateral de la fuerza por parte de las grandes potencias. En particular, Estados Unidos ha construido, durante las últimas dos décadas, una arquitectura política y militar que le permite ejecutar operaciones de alto impacto sin necesidad de una aprobación específica y previa del Congreso en cada caso. Esta práctica, normalizada progresivamente, plantea interrogantes profundos sobre legalidad, legitimidad, ética y precedentes sistémicos.
Las operaciones que culminaron con la muerte de Osama bin Laden en 2011, la eliminación de Ayman al-Zawahiri en 2022, la intervención militar en Libia que derivó en la caída de Muamar el Gadaffi, y los debates contemporáneos en torno a hipotéticas acciones de captura o extracción de líderes extranjeros, no son episodios aislados. Constituyen, más bien, manifestaciones de una misma lógica de poder: la expansión del margen de acción del Ejecutivo estadounidense bajo el argumento de la seguridad nacional y la urgencia estratégica.
Este artículo propone una lectura contextual y matizada de estos hechos, evitando juicios simplistas. No se trata de absolver ni condenar automáticamente, sino de comprender qué habilita estas acciones, por qué se ejecutan y qué riesgos implican para el orden democrático e internacional.
El origen del paradigma: el 11 de septiembre y la guerra sin fronteras
El punto de inflexión que explica gran parte de este fenómeno se encuentra en los atentados del 11 de septiembre de 2001. A partir de ese momento, Estados Unidos redefinió su concepción de la guerra. El enemigo dejó de ser exclusivamente un Estado y pasó a ser una red difusa, transnacional, asimétrica y no convencional.
En ese contexto, el Congreso aprobó la Authorization for Use of Military Force (AUMF), una autorización extraordinariamente amplia que otorgó al presidente la facultad de usar la fuerza contra quienes planearon, autorizaron o apoyaron los ataques, así como contra quienes los albergaran. La AUMF no estableció límites temporales, geográficos ni mecanismos de revisión periódica efectivos.
Con el paso del tiempo, esta autorización se convirtió en el pilar legal de una guerra permanente, reinterpretada y ampliada por sucesivas administraciones, tanto republicanas como demócratas. Lo que comenzó como una respuesta excepcional a un ataque sin precedentes terminó consolidándose como un marco flexible para justificar operaciones militares en múltiples regiones del mundo.
Osama bin Laden: legalidad, simbolismo y consenso tácito
La operación que culminó con la muerte de Osama bin Laden en Abbottabad, Pakistán, representa uno de los pocos casos donde convergieron eficacia operativa, consenso político interno y respaldo popular casi unánime.
Desde la óptica del Ejecutivo, la legalidad se sustentó en la AUMF de 2001 y en la noción de legítima defensa continua. Desde una perspectiva política, la figura de bin Laden simbolizaba el epicentro del trauma nacional estadounidense, lo que redujo considerablemente el margen de cuestionamiento interno.
Sin embargo, incluso en este caso paradigmático, subsisten interrogantes relevantes: la operación se realizó en territorio de un Estado soberano sin su consentimiento explícito, no hubo intento de captura, y se ejecutó una decisión letal sin proceso judicial.
El amplio consenso posterior no eliminó estas tensiones, sino que las silenció temporalmente. El precedente quedó establecido: el presidente puede autorizar acciones letales de alto nivel sin una autorización específica del Congreso, siempre que se inscriban dentro de una narrativa de amenaza existencial.
Ayman al-Zawahiri y la elasticidad del tiempo legal
Más de una década después, la eliminación de Ayman al-Zawahiri reveló hasta qué punto el marco legal original se había estirado. Zawahiri, sucesor de bin Laden, operaba en un contexto geopolítico profundamente distinto al de 2001. Al Qaeda ya no tenía la misma capacidad operativa global ni el mismo peso simbólico.
No obstante, la administración Biden recurrió a la misma autorización de 2001 para justificar la operación. Desde el punto de vista jurídico formal, el argumento fue consistente con interpretaciones previas. Desde una perspectiva constitucional y democrática, la pregunta fue otra: ¿hasta cuándo puede una autorización excepcional seguir produciendo efectos sin revisión sustantiva del Congreso?
Este caso evidenció un fenómeno clave: la normalización del uso de la fuerza selectiva como herramienta rutinaria de política exterior, desprovista del debate público que debería acompañar decisiones de tal magnitud.
Libia: cuando la excepción se convierte en intervención
La intervención en Libia en 2011 marcó una diferencia cualitativa. A diferencia de las operaciones antiterroristas focalizadas, se trató de una acción militar sostenida contra un Estado soberano, que terminó con un cambio de régimen.
La administración Obama argumentó que la operación no alcanzaba el umbral de “hostilidades” contemplado por la War Powers Resolution y que, además, contaba con legitimidad internacional al estar respaldada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
El Congreso, sin embargo, cuestionó tanto la interpretación legal como el fondo político de la intervención. El debate no fue menor: ¿puede el respaldo internacional sustituir el control constitucional interno?
A posteriori, el resultado libio añadió una capa adicional de complejidad. La caída de Gadaffi no dio paso a un Estado estable, sino a un prolongado período de fragmentación, violencia y expansión de redes criminales y extremistas. Esto reavivó el debate sobre la responsabilidad de las potencias cuando intervienen sin una estrategia clara de reconstrucción.
El dilema ético: seguridad versus Estado de derecho
Más allá del marco legal, estas acciones plantean un dilema ético central. El uso de eliminaciones selectivas se justifica, en muchos casos, como un mal necesario para prevenir ataques y salvar vidas. Sin embargo, también erosiona principios fundamentales del derecho internacional y de los derechos humanos.
La ausencia de debido proceso, la opacidad en los criterios de selección de objetivos y la imposibilidad de rendición de cuentas efectiva generan un terreno fértil para abusos. El problema no es solo lo que Estados Unidos hace, sino lo que otros Estados aprenden que pueden hacer.
Cuando una potencia establece que la amenaza percibida justifica la acción unilateral, el sistema internacional se vuelve más inestable, más impredecible y menos normativo.
El poder ejecutivo y la lógica de la urgencia
Un elemento transversal en todos estos casos es la apelación constante a la urgencia. La narrativa de la amenaza inminente reduce el espacio para el debate democrático y fortalece la concentración de poder en el Ejecutivo.
Esta dinámica no es exclusiva de Estados Unidos, pero adquiere una dimensión particular debido a su peso global. La pregunta clave no es si el presidente tiene la capacidad técnica de actuar con rapidez, sino quién controla esa capacidad y bajo qué condiciones.
La historia demuestra que los poderes extraordinarios, una vez concedidos, rara vez se retraen por sí solos.
El precedente de una posible “extracción”
Los debates en torno a la legalidad de una eventual captura o extracción de un jefe de Estado extranjero sin aprobación del Congreso no pueden analizarse como un hecho aislado o hipotético. Deben entenderse como la consecuencia lógica de una trayectoria institucional que ha ampliado progresivamente los márgenes de acción presidencial.
Si la eliminación selectiva de líderes no estatales ya ha sido normalizada, el paso siguiente —acciones directas contra líderes estatales— representa un umbral aún más delicado. No solo por sus implicaciones legales, sino por el riesgo de escaladas imprevisibles y por el golpe que supondría para el principio de soberanía.
Contexto no es sinónimo de justificación
Uno de los errores más comunes en el análisis político es confundir explicación con justificación. El contexto sociopolítico explica por qué estas decisiones se toman: miedo, presión pública, competencia geopolítica, lógica de disuasión. Pero explicar no equivale a legitimar automáticamente.
Una democracia sólida no se define solo por su capacidad de defenderse, sino por su habilidad para hacerlo sin vaciar de contenido sus propios principios. El desafío no es menor: ¿cómo equilibrar seguridad y legalidad en un mundo donde las amenazas son difusas y transnacionales?
Síntesis
El uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos no es un fenómeno excepcional ni atribuible a una administración específica. Es el resultado de una arquitectura de poder que, con el paso del tiempo, ha aprendido a operar cómodamente en los márgenes de la legalidad formal, amparándose en la urgencia, la ambigüedad y el consenso tácito que suele acompañar a la noción de amenaza.
Cada operación justificada por el contexto amplía un poco más ese margen. Cada excepción aceptada reduce la necesidad de rendición de cuentas. Y cada silencio institucional fortalece la idea de que la eficacia estratégica puede —y debe— imponerse sobre el debate democrático.
El problema no radica únicamente en lo que se hace, sino en lo que se normaliza. Cuando el uso de la fuerza se vuelve rutinario, cuando el Congreso queda relegado a un rol reactivo y cuando la legalidad se convierte en una interpretación flexible y posterior a los hechos, la pregunta deja de ser si una acción fue necesaria y pasa a ser qué queda del principio de control civil del poder.
En un sistema internacional cada vez más fragmentado, las decisiones de las grandes potencias no solo producen efectos inmediatos; también construyen precedentes. Y los precedentes, una vez establecidos, rara vez permanecen bajo control exclusivo de quien los crea.
El contexto explica. La amenaza condiciona. La política presiona. Pero ninguna de estas variables debería anular la pregunta central que toda democracia está obligada a formularse: ¿quién decide, bajo qué límites y con qué consecuencias?
Porque cuando el poder actúa sin frenos claros, el riesgo no es únicamente externo. Es institucional. Es sistémico y, a largo plazo, es profundamente democrático.
