Por Redacción 
Redacción Exposición Mediática.- En el sistema de justicia federal de los Estados Unidos, pocas figuras resultan tan determinantes —y a la vez tan incomprendidas por la opinión pública— como la del Defensor Público Federal.
Su intervención suele darse en los momentos más críticos de un proceso penal: cuando una persona es acusada formalmente por un gran jurado, cuando se debate su libertad provisional y cuando se define la solidez inicial del caso presentado por el gobierno.
Este reportaje de Exposición Mediática examina, desde un enfoque didáctico, objetivo e informativo, qué significa ser Defensor Público Federal en Puerto Rico, tomando como punto de partida el caso de Esteffani José Vásquez Amarante, también conocido como “Ethian” o “Baby”, acusado de delitos federales relacionados con el narcotráfico internacional.
El análisis se centra particularmente en el contexto de la audiencia preliminar y de fianza, su recalendarización y la designación de un defensor público federal tras la evaluación del formulario CJA 23.
El contexto: justicia federal y narcotráfico en Puerto Rico
Puerto Rico ocupa una posición geográfica estratégica en el Caribe que históricamente lo ha convertido en un punto de tránsito para el narcotráfico internacional. Esta realidad ha propiciado una fuerte presencia de agencias federales y un volumen significativo de casos criminales bajo jurisdicción federal.
Cuando una investigación alcanza el umbral necesario, el caso no se ventila en tribunales estatales, sino ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, donde rigen las leyes federales, las Reglas Federales de Procedimiento Criminal y una estructura procesal distinta a la del sistema local.
Es en este escenario donde cobra protagonismo la Defensoría Pública Federal.
La acusación contra Vásquez Amarante
El 7 de septiembre de 2023, un gran jurado federal de los Estados Unidos emitió una acusación formal (indictment) contra Esteffani José Vásquez Amarante. Según los documentos judiciales, el acusado enfrenta cargos graves, entre ellos:
• Conspiración internacional para distribuir cocaína.
• Distribución internacional de cocaína.
• Conspiración para cometer lavado de dinero, derivado de una actividad ilícita específica: el narcotráfico.
Este tipo de acusaciones no solo conllevan penas potencialmente severas, sino que activan un engranaje legal complejo donde el gobierno federal suele contar con amplios recursos investigativos y procesales.
Audiencia preliminar: ¿qué está en juego?
La audiencia preliminar es una etapa clave del proceso penal federal. Su propósito no es determinar culpabilidad o inocencia, sino establecer si el gobierno ha presentado causa probable suficiente para justificar que el caso continúe.
Desde una perspectiva periodística, esta audiencia representa el primer momento en que la narrativa oficial del gobierno es sometida a escrutinio público y adversarial. Aquí, la figura del Defensor Público Federal resulta esencial.
Entre sus funciones en esta etapa se encuentran:
• Examinar críticamente la evidencia presentada por la fiscalía federal.
• Contrainterrogar a los testigos del gobierno.
• Identificar posibles inconsistencias, debilidades o violaciones procesales.
En el caso de Vásquez Amarante, la audiencia preliminar estaba pautada originalmente para el jueves 22 de enero, a las 10:00 de la mañana, pero fue recalendarizada a solicitud de su abogado, una decisión procesal que, aunque rutinaria en muchos casos, suele generar atención mediática cuando se trata de acusaciones de alto perfil.
La audiencia de fianza y la libertad provisional
Paralela o vinculada a la audiencia preliminar se encuentra la audiencia de fianza, regulada principalmente por la Bail Reform Act. En los casos de narcotráfico federal, la ley establece presunciones que dificultan la concesión de libertad provisional, especialmente cuando se alegan conspiraciones internacionales y grandes cantidades de drogas.
El rol del Defensor Público Federal en esta etapa consiste en contrarrestar la narrativa del riesgo:
• Riesgo de fuga.
• Peligro para la comunidad.
Para ello, la defensa debe presentar información concreta sobre arraigo comunitario, historial personal, condiciones de supervisión posibles y cualquier otro elemento que permita al tribunal evaluar alternativas a la detención preventiva.
El formulario CJA 23 y la designación del Defensor Público Federal
Un elemento poco conocido por el público general, pero fundamental en el proceso, es el formulario CJA 23. Este documento se utiliza para evaluar la capacidad económica del acusado y determinar si cualifica para representación legal costeada por el Estado bajo el Criminal Justice Act.
Tras la revisión del CJA 23 en el caso de Vásquez Amarante, el tribunal determinó que su defensa sería asumida por un Defensor Público Federal, designándose al licenciado Samuel P. Carrión.
Desde un punto de vista investigativo, esta decisión ilustra un principio central del sistema federal: la representación legal no depende del perfil del delito ni de la percepción pública, sino de criterios objetivos relacionados con el derecho constitucional a la defensa.
¿Quién es y qué representa un Defensor Público Federal?
Contrario a ciertos estigmas sociales, el Defensor Público Federal no es un abogado de menor jerarquía ni un recurso de segunda categoría. Se trata de profesionales altamente especializados en litigio federal, muchos de ellos con décadas de experiencia en casos complejos.
Su función es clara: defender los derechos del acusado con el mismo rigor técnico que tendría un abogado privado, sin importar la naturaleza del delito imputado.
En palabras simples, el Defensor Público Federal actúa como el principal contrapeso institucional frente al poder del Estado.
Impacto mediático y percepción pública
Casos como el de Vásquez Amarante suelen generar titulares contundentes y juicios paralelos en la opinión pública. Sin embargo, el periodismo responsable tiene la obligación de separar los hechos comprobados de las alegaciones aún no probadas.
La designación de un Defensor Público Federal no equivale a una admisión de culpabilidad, ni la recalendarización de una audiencia implica dilación indebida. Son mecanismos procesales previstos por la ley.
Garantías constitucionales en juego
La intervención del Defensor Público Federal materializa derechos fundamentales consagrados en la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, entre ellos:
• Derecho a asistencia efectiva de abogado.
• Derecho a un proceso justo.
• Derecho a confrontar la prueba del gobierno.
Estos derechos adquieren especial relevancia en casos donde el peso del aparato federal puede resultar abrumador para un acusado sin recursos.
Síntesis
Desde la óptica de Exposición Mediática, el caso de Vásquez Amarante ofrece una oportunidad para explicar, con rigor y sin sensacionalismo, el papel del Defensor Público Federal en Puerto Rico.
Más allá de los cargos y los alias, este proceso pone de relieve cómo funciona el sistema federal de justicia en sus primeras etapas y por qué la figura del Defensor Público Federal —en este caso, Samuel P. Carrión— es una pieza indispensable para preservar el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos individuales.
En un entorno mediático saturado de juicios anticipados, comprender estas dinámicas no solo es un ejercicio informativo, sino una responsabilidad democrática.
