Por Redacción 
Redacción Exposición Mediática.- En la República Dominicana, el acceso a un cargo público suele marcar un punto de quiebre visible en la conducta de muchos funcionarios.
El cambio no siempre es administrativo ni técnico; es, ante todo, simbólico y actitudinal. Allí donde antes había cercanía, aparece distancia. Donde había lenguaje llano, surge condescendencia. Donde había trato horizontal, se instala una verticalidad rígida que roza, en ocasiones, la arrogancia.
Este artículo de opinión propone una lectura seria, profesional y objetiva de ese fenómeno cultural: funcionarios que, una vez designados, ensanchan su ego hasta asumir actitudes de superioridad casi sacralizada, olvidando la esencia que define su rol: ser servidores públicos.
No se trata de una acusación individual ni de un juicio simplista. Se trata de entender por qué el poder público, en determinados contextos dominicanos, deja de percibirse como una responsabilidad delegada y comienza a vivirse como un atributo personal.
El cargo como estatus: una distorsión cultural persistente
En democracias institucionalmente sólidas, el cargo público es concebido como una función temporal al servicio del interés general. En cambio, en culturas políticas con fuertes rezagos personalistas, el cargo se transforma en un símbolo de estatus social.
En la República Dominicana, esta distorsión tiene raíces profundas. Durante décadas, el poder estuvo concentrado en figuras que no solo gobernaban, sino que encarnaban el Estado. Esa herencia cultural dejó una huella clara: el funcionario no “ocupa” un cargo; “llega” al poder.
Llegar implica ascenso social. Llegar implica reconocimiento. Llegar implica distancia.
Así, el puesto deja de ser una herramienta de gestión y pasa a ser una plataforma de validación personal.
El ego como sustituto de la institucionalidad
Cuando las instituciones son débiles o inconsistentes, el comportamiento individual ocupa el vacío que deja la norma. En un Estado donde:la rendición de cuentas es irregular, la evaluación del desempeño es difusa y las sanciones rara vez son ejemplares, el funcionario aprende rápidamente que su conducta no tendrá consecuencias reales.
En ese contexto, el ego se convierte en regulador informal del poder. No gobierna la ley, gobierna la personalidad. No ordena el reglamento, ordena el temperamento del funcionario.
La arrogancia, entonces, no es solo un rasgo de carácter: es un síntoma institucional.
Psicología del poder: no transforma, amplifica
Desde una perspectiva psicológica, conviene desmontar un mito frecuente: el poder no crea defectos; los amplifica.
Un individuo con inseguridades profundas, carencias de reconocimiento o una autoimagen frágil puede experimentar el cargo público como una compensación emocional. El despacho, la escolta, el trato deferente y el acceso privilegiado funcionan como mecanismos de validación.
El resultado es predecible: dificultad para escuchar, rechazo a la crítica, necesidad constante de reafirmación y una marcada intolerancia al cuestionamiento ciudadano.
No es que el funcionario se vuelva inalcanzable; es que el cargo le permite actuar sin máscaras.
El ciudadano degradado: de mandante a suplicante
Una de las consecuencias más graves de esta conducta es la reconfiguración de la relación Estado–ciudadano.
En teoría democrática, el ciudadano es el mandante y el funcionario el mandatario. En la práctica cotidiana dominicana, esa ecuación suele invertirse: el ciudadano espera, solicita, ruega y tolera. Mientras tanto, el funcionario decide si responde, si recibe o si ignora.
Este fenómeno no siempre se expresa en ilegalidades, sino en un abuso más sutil y persistente: el abuso simbólico del poder. Gestos, silencios, posturas y actitudes que comunican un mensaje claro: “yo estoy arriba; usted, abajo”.
La normalización social del comportamiento
Ninguna conducta de poder se sostiene sin un entorno que la tolere. Durante años, la sociedad dominicana ha normalizado —e incluso celebrado— al funcionario inaccesible.
El lenguaje popular lo confirma:
• “Ese está montado”.
• “Ese llegó”.
• “Con ese no se habla fácil”.
La inaccesibilidad se confunde con importancia. La prepotencia, con autoridad. La distancia, con éxito.
Mientras esa narrativa persista, el funcionario seguirá encontrando validación social para comportarse como una figura elevada, no como un servidor.
Ética pública: cuando el cargo se vuelve identidad
El problema alcanza su punto más crítico cuando el funcionario deja de ocupar el cargo y comienza a ser el cargo. Su identidad personal se fusiona con la posición institucional.
Cuando esto ocurre:
• cualquier crítica se percibe como ataque personal,
• cualquier fiscalización se vive como afrenta,
• cualquier reclamo ciudadano se interpreta como insolencia.
La ética pública se diluye, porque el interés general queda subordinado a la autopreservación del ego.
¿Excepción o patrón?
Es necesario subrayarlo: no todos los funcionarios dominicanos responden a este patrón. Existen servidores públicos competentes, accesibles y éticamente comprometidos.
Sin embargo, el hecho de que este comportamiento sea recurrente y reconocible indica que no estamos ante casos aislados, sino ante una tendencia cultural que el sistema aún no ha corregido.
Síntesis
El funcionario público que se comporta como una deidad inalcanzable no es una anomalía individual; es el producto de una cultura política que durante demasiado tiempo ha confundido poder con superioridad.
Revertir esta conducta exige más que reformas legales. Exige una transformación cultural profunda: entender que el verdadero prestigio del funcionario público no reside en la distancia que impone, sino en la capacidad de responder, de escuchar y de servir.
En una democracia madura, el poder no eleva al funcionario por encima del ciudadano; lo coloca frente a él, con responsabilidad y límites claros.
Recordar que el cargo es prestado y el servicio es obligatorio no debilita la autoridad. La legitima.
Ese es el debate que la República Dominicana aún tiene pendiente.
