Por Redacción 
Por José Aquino
En la era digital, los centros de datos se han convertido en infraestructuras críticas comparables a puertos, refinerías o centrales eléctricas. Son el corazón de la economía global interconectada: almacenan información gubernamental, financiera, corporativa y personal, y sostienen servicios esenciales como comunicaciones, comercio electrónico y sistemas de defensa. Por ello, en un contexto bélico, se han transformado en objetivos estratégicos de primer orden.
Los ataques a centros de datos pueden adoptar múltiples formas, tales como bombardeos físicos, sabotajes internos o ciberataques que buscan inutilizar servidores y redes. El impacto inmediato es la interrupción de servicios vitales, pero las consecuencias trascienden lo técnico, pues un ataque exitoso contra estas infraestructuras puede desestabilizar gobiernos, paralizar economías y alterar el equilibrio de poder regional.
En 2026, la prensa internacional informó que dos centros de datos de Amazon Web Services en Emiratos Árabes Unidos fueron golpeados directamente por drones durante el conflicto en Medio Oriente. De manera similar, en Baréin, una instalación cercana a otro centro de AWS resultó dañada por ataques con drones. Estos hechos inauguran una nueva era en la guerra moderna, donde la infraestructura digital se convierte en un campo de batalla tan relevante como el físico.
Desde el punto de vista geopolítico, la vulnerabilidad de los centros de datos plantea un dilema. Los Estados que dependen de proveedores extranjeros para alojar su información crítica corren el riesgo de quedar expuestos a presiones políticas o militares. Esto ha impulsado una tendencia hacia la “soberanía digital”, que buscan construir y proteger sus propios centros de datos nacionales, reduciendo la dependencia de actores externos.
Además, los ataques bélicos contra estas infraestructuras generan un efecto dominó en las relaciones internacionales. Si un centro de datos que aloja servicios globales es destruido, las repercusiones afectan no solo al país atacado, sino también a empresas y ciudadanos de otras naciones. Esto convierte la protección de los centros de datos en un asunto de seguridad colectiva, similar a la defensa de rutas marítimas o del suministro energético.
La militarización del ciberespacio y la infraestructura digital también abre un nuevo frente en el derecho internacional. Por ejemplo en el Artículo 52 del Protocolo Adicional I de las Convenciones de Ginebra (1977) prohíbe ataques contra bienes civiles, salvo que contribuyan de manera efectiva a la acción militar. Sin embargo, la clasificación de los centros de datos como objetivos militares legítimos sigue siendo ambigua. Los debates en la ONU reflejan la necesidad de establecer normas claras que regulen la protección de estas infraestructuras críticas.
En conclusión, los centros de datos no son simples edificios llenos de servidores: son pilares de la estabilidad global. Su vulnerabilidad en escenarios bélicos convierte su defensa en una prioridad estratégica. El futuro de la geopolítica digital dependerá de cómo los países gestionen la seguridad de estas infraestructuras y de si logran construir un marco internacional que garantice su protección frente a las amenazas del siglo XXI.
En este contexto, resulta recomendable que las inversiones en nuevas infraestructuras digitales se orienten hacia regiones con mayor estabilidad política y menor exposición a conflictos bélicos. El Caribe, por ejemplo, ofrece condiciones geopolíticas favorables: estabilidad institucional, baja probabilidad de enfrentamientos armados y una ubicación estratégica para conectar América, Europa y África. República Dominicana, en particular, se perfila como un país clave en la construcción de nuevos centros de datos que fortalecerían la resiliencia global y contribuirían al desarrollo económico local, consolidando al Caribe como un nodo seguro en la red digital internacional.
El autor es profesor Universidad Americana (UAM). Seguridad y Defensa / Especialista en Centro de Datos (AOS) / Protección de Datos.
