Por Redacción 
Por Flavio Holguín
En política como en la vida misma, existen advertencias que la historia repite con una rigurosidad de forma casi matemática. Una de las cuáles, podria explicarse de la manera siguiente: cuando los usurpadores conquistan el poder mediante malas artes, esto conllevaría a posteriori, que los mismos tendrían que verse compelidos a utilizar métodos aún más degradantes para retener ese ilícito poder.
Ese parece ser el camino que ha decidido transitar el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Lejos de moderar su conducta tras dos procesos electorales consecutivos en el poder, todo indica que la maquinaria oficial se encuentra hoy dedicada a desarrollar algo muy distinto y es profundizar, perfeccionar y multiplicar los mecanismos que le permitan retener el gobierno a toda costa, incluso más allá de la voluntad genuina del pueblo dominicano.
Lo que hemos presenciado hasta ahora, podríamos vaticinar que apenas es el preludio de un escenario mucho más inquietante, es la antesala de prácticas, que de consolidarse, colocarían a la democracia dominicana frente a un lúgubre horizonte, profundamente perturbador.
Quien piense que el PRM ya agotó su inconducta política más avezada, o que abandonará sus transgresiones, incurre en una peligrosa candidez, porque estamos ante una organización que ha revelado sin el más mínimo disimulo, su voraz naturaleza de latrocinio de los recursos del Estado.
Lo verdaderamente alarmante surge cuando esos recursos dejan de ser instrumentos de administración pública para convertirse en herramientas destinadas para la retención del poder.
En ese punto desaparecen los escrúpulos, se
borran las fronteras éticas y el Estado termina desvencijado y degradado a simple botín político.
Cada nueva práctica que emerge en esta administración, rompe los parámetros de decoro.
A diferencia de algunos de los gobiernos anteriores, que al menos intentaban guardar las formas; en cambio, el oficialismo está resuelto a desafiar diariamente nuestra capacidad de asombro.
Lo sorprendente es que logran superarse a sí mismos en cada ocasión. Cada nuevo episodio revela niveles aún más profundo de degradación política y moral.
A medida que avanza la cuenta regresiva hacia el proceso electoral del 2028, esa peculiar “genialidad” para manipular y envilecer el poder, se acrecienta de forma exponencial.
Han aprendido muy bien que la retención del poder exige recursos cuantiosos y esos recursos, en su lógica, solo pueden salir de un lugar: las arcas del Estado.
Sería util recordar que el camino del narcotráfico, que tantas veces transitaron, luce habérseles cerrado, por las múltiples extradiciones ejecutadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Ante ese escenario, el PRM ha optado por profundizar otros métodos, igualmente destructivos, tales como: la prostitución política de amplios sectores de la sociedad, mediante un clientelismo obsceno, un prebendarismo descarado y un asistencialismo convertido en maquinaria electoral.
Estas prácticas han transformado los procesos electorales en ejercicios cada vez más costosos y dependientes del uso abusivo de los fondos públicos.
Por eso no sorprende observar cómo comienzan a diseñar nuevas estructuras y mecanismos destinados a canalizar recursos del Estado hacia fines eminentemente electorales, sino además, porque pudieran estar en la ante sala de una peligrosa urdimbre que procure engrosar artficiosamente su caudal de votación.
En ese contexto, resulta profundamente inquietante el otorgamiento masivo de visas de residencia que podrían estar gestándose de cara al próximo torneo electoral.
Ya vimos un precedente preocupante en el mes de mayo del año 2024, cuando se produjeron concesiones que rebasaron de manera inusual los parámetros históricos.
Los propios datos de la Dirección General de Migración resultan alarmantes, cuando dan cuenta de la autorización de más de 100,000 visas otorgadas en un sólo mes.
Una cifra que inevitablemente despierta suspicacias y legítimas interrogantes.
¿Podrían estas medidas convertirse en la antesala para otorgar cédulas que eventualmente alteren el padrón electoral en favor del oficialismo, particularmente a través del otorgamiento de cédulas a nacionales haitianos?.
Recordemos que no son inquietudes impertinentes, ni peregrinas, puesto que existen antecedentes reales de prácticas fraudulentas dentro de nuestro registro civil, que han motivado profundas investigaciones y apresamientos de funcionarios de esa Junta Central Electoral, por la comisión de groseros fraudes en la expedición de documentos oficiales a ciudadanos extranjeros.
¡No podemos permanecer contemplativos y apáticos mientras el fraude todo lo corrompe!
Pero esa no sería la única maniobra diseñada para su ejecución.
El PRM está decidido a profundizar una práctica que ya ha convertido en norma: la compra sistemática de los procesos electorales.
Lo hicieron en el 2020 y lo repitieron en el 2024.
Y todo apunta a que lo harán nuevamente en el 2028, perfeccionando aún más los mecanismos de captación de recursos.
En esa lógica se inscribe también el interés por impulsar iniciativas legislativas que permitirían a las mayorías de las alcaldías bajo control oficialista, manejar mayores volúmenes de recursos económicos, particularmente a través de los impuestos que se generen del proyecto de ley vinculado al manejo de los residuos sólidos. Esta ley es la 98-25 aprobada en diciembre del 2025, la cuál nace a través de la modificación que se le realizara a la ley número 225-20.
Esta nueva ley, no se trata de una simple reforma administrativa.
Se trata de construir una plataforma financiera territorial, capaz de movilizar dinero público que luego pueda ser utilizado, a manos llenas, por los ayuntamientos en los procesos electorales.
La estrategia es evidente, ganar primero el proceso municipal para fabricar la percepción de una victoria política aplastante en las municipales, y desde esa plataforma facilitar posteriormente el triunfo en las elecciones presidenciales.
Sin embargo, el país debe prepararse para algo todavía más inquietante.
Si lo ocurrido hasta ahora ha demostrado la capacidad del gobierno para degradar las prácticas institucionales, nada indica que en el futuro vayan a contenerse. Cuando el poder se convierte en obsesión, las formas desaparecen y los límites dejan de existir.
Pero la historia política también ofrece una lección que ningún proyecto de poder ha logrado burlar.
Cuando un gobierno se sostiene sobre el abuso, el clientelismo y la manipulación institucional, tarde o temprano termina colapsando bajo el peso de sus propios vicios.
Los partidos políticos en el poder no suelen caer por la fuerza de sus adversarios.
Caen, casi siempre, por la podredumbre que incuban en su interior.
Si el PRM cree que podrá repetir indefinidamente estas prácticas sin consecuencias, corre el riesgo de descubrir más temprano que tarde, que en política existen ciclos que ni el dinero ni el poder logran domesticar.
Ya en esta parte postrera, tendríamos que recordar que el soberano concede una segunda oportunidad, pero tanto la historia dominicana como universal, nos recuerda algo implacable:
a la tercera es la vencida, porque los pueblos cobran la infame factura de forma devastadora a toda administración nefasta y usurpadora del poder.
El autor es articulista político.
