Por Redacción 
Redacción Exposición Mediática. — Hay hechos que estremecen por su violencia. Otros, por su crudeza. Y algunos, como el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, sacuden porque obligan a mirar de frente algo más incómodo: no fue solo un crimen, fue una cadena de fallas humanas e institucionales que, sumadas, terminaron por sellar un destino que pudo haber sido distinto. No fue un instante. Fue un proceso.
Un hombre perseguido durante varios kilómetros. Un grupo que no se detuvo. Una víctima que, lejos de responder con violencia, intentó evitar el conflicto. Y, finalmente, un pedido de auxilio pronunciado en los lugares donde, en teoría, nadie debería quedar desprotegido: frente a una dotación policial y dentro de un recinto judicial.
Ese recorrido, por sí solo, debería ser suficiente para encender todas las alarmas.
Porque cuando una persona acude al Estado —en cualquiera de sus manifestaciones— no está haciendo una petición opcional: está ejerciendo un derecho básico. Está confiando en que existe un mínimo de orden, de protección, de respuesta y en este caso, esa confianza fue traicionada.
La persecución: cuando la violencia decide no detenerse
Todo comenzó, según las investigaciones preliminares, con un incidente vial menor. Un roce. Una situación cotidiana en cualquier ciudad. Pero lo que debió resolverse en segundos escaló a niveles que revelan algo mucho más profundo que un simple conflicto de tránsito. La reacción no fue reclamar. No fue documentar. No fue acudir a las autoridades. Fue perseguir.
Perseguir con insistencia. Con agresividad. Con una determinación que, vista en retrospectiva, no deja dudas sobre la intención final. Aquí no hubo impulso momentáneo: hubo construcción progresiva de violencia.
Uno de los implicados incluso se desmonta de su motocicleta y la coloca como obstáculo, en un intento deliberado de forzar la detención del camión. La víctima, lejos de detenerse ante una conducta que ya evidenciaba hostilidad, continúa la marcha. Decide no confrontar. Decide huir.
Esa decisión, que en cualquier sociedad funcional debería aumentar sus probabilidades de sobrevivir, no fue suficiente. La persecución continuó y ese es un punto clave: cuando un grupo decide prolongar un conflicto más allá de lo razonable, ya no estamos ante una discusión. Estamos ante una cacería.
El primer fracaso: la ausencia de respuesta policial
En medio de esa persecución, Abreu Quezada buscó ayuda. No lo hizo en la clandestinidad. No lo hizo en un entorno donde la asistencia fuera improbable. Lo hizo frente a un destacamento policial.
Ese momento es, quizás, uno de los más perturbadores de toda la secuencia. Porque no se trata de interpretar. No se trata de reconstruir conjeturas. Se trata de un hecho directo: un ciudadano en peligro acude a la autoridad más inmediata disponible y no obtiene respuesta efectiva.
La pregunta que surge es inevitable: ¿qué falla cuando la presencia policial no se traduce en acción? ¿Qué protocolos existen —o no existen— para responder ante una persecución en curso? ¿Qué nivel de preparación, de disposición o de sentido de urgencia está operando en esos espacios?
La omisión, en contextos como este, no es neutral. Tiene consecuencias y en este caso, fue el primer eslabón de una cadena que no se detuvo.
El segundo fracaso: la ilusión de refugio en la justicia
Si el primer intento falló, el segundo resulta aún más simbólico. La víctima logra llegar al Palacio de Justicia de Santiago. Un espacio que, más allá de su función formal, representa —o debería representar— el núcleo mismo del orden legal. El lugar donde los conflictos encuentran cauce institucional. Donde la violencia debería quedar fuera, pero la realidad fue otra.
La persecución no se detuvo en la entrada. La agresión no se contuvo por el entorno. Y, lo más grave, la respuesta inmediata no estuvo a la altura de la urgencia.
El hombre no solo llegó buscando refugio. Llegó pidiendo que no lo dejaran morir.
Esa frase —simple, directa, humana— debería haber activado todos los mecanismos posibles de auxilio. No se trataba de evaluar. No se trataba de dudar. Se trataba de actuar. Sin embargo, el tiempo transcurrió y en situaciones de sangrado severo, el tiempo no es un factor secundario. Es determinante.
El tercer fracaso: la mirada que sustituye a la acción
Hay un elemento adicional que ha generado indignación colectiva: la conducta de quienes presenciaron la escena.
La tecnología permitió que el hecho fuera documentado. Que se difundiera. Que se convirtiera en evidencia. Pero también dejó al descubierto una realidad incómoda: grabar se ha vuelto, en demasiadas ocasiones, la primera reacción.
No llamar. No asistir. No intervenir dentro de lo posible. Grabar.
No se trata de desconocer el valor probatorio de un video. Ni de exigir heroísmos irresponsables. Se trata de algo más básico: entender que, ante una emergencia vital, la prioridad no puede ser el registro, sino la asistencia.
El sistema de emergencias 911 existe precisamente para esos momentos. Para acortar tiempos. Para movilizar recursos. Para salvar vidas. La pregunta no es si alguien grabó. La pregunta es: ¿cuántos llamaron?
Porque en esa diferencia puede estar la línea entre la vida y la muerte.
La normalización de la violencia: un problema que se arrastra
En el origen de todo, sin embargo, hay una raíz que no puede ignorarse: la facilidad con la que ciertos conflictos escalan a niveles extremos.
No es un fenómeno nuevo. Pero sí uno que parece haberse intensificado. La idea de “hacer justicia por mano propia” no surge en el vacío. Se alimenta de percepciones de impunidad, de falta de consecuencias, de una cultura donde la fuerza se percibe —erróneamente— como mecanismo válido de resolución.
En ese contexto, no sorprende que algunos individuos porten objetos cortopunzantes como parte de su cotidianidad. Lo preocupante es que esa práctica no genere una reacción proporcional desde las autoridades.
Cuando lo excepcional se vuelve frecuente, deja de percibirse como amenaza y ahí es donde el riesgo se multiplica.
Los siete y el símbolo
El Ministerio Público ha identificado a siete implicados. Siete personas que, de acuerdo con la acusación, actuaron de manera coordinada para perseguir, interceptar y atacar.
El titular los denomina “Los 7 Jinetes del Apocalipsis”. No como una exageración gratuita, sino como una metáfora que intenta capturar la dimensión del hecho: un grupo que avanza, que no se detiene, que deja consecuencias irreversibles a su paso. Pero sería un error reducir todo a ellos.
Porque si algo demuestra este caso es que la tragedia no se construyó únicamente desde la acción de los agresores, sino también desde la inacción de otros.
La respuesta institucional: necesaria, pero insuficiente
La solicitud de prisión preventiva y la calificación jurídica de asesinato son pasos correctos. Son, de hecho, lo mínimo exigible ante un hecho de esta naturaleza.
Pero la justicia que llega después no reemplaza la que debió actuar antes.
El desafío es más amplio: revisar protocolos, capacitar respuestas, establecer responsabilidades claras. Garantizar que un ciudadano que pide auxilio reciba algo más que presencia simbólica.
Porque de lo contrario, el mensaje que queda es peligroso: que la protección depende más del azar que del sistema.
No es una selva, pero…
Se ha repetido una frase con insistencia: “No estamos en una selva”. Y es cierto. Existen leyes. Instituciones. Procedimientos.
Pero la existencia formal de esos elementos no garantiza su funcionamiento efectivo.
Una sociedad no se define solo por lo que establece en papel, sino por lo que ejecuta en la práctica y cuando un hombre puede ser perseguido, acorralado y finalmente asesinado tras pedir ayuda en múltiples instancias, la distancia entre lo que somos y lo que creemos ser se vuelve evidente.
Lo que queda después
Queda la indignación. Quedan las imágenes. Queda el debate, pero también queda una responsabilidad colectiva.
Exigir que la policía actúe con inmediatez.
Exigir que los espacios judiciales respondan como verdaderos refugios.
Exigir que la ciudadanía entienda que su rol no es solo observar, sino también activar los mecanismos disponibles para salvar vidas.
Porque la próxima vez, el desenlace no debería depender de la suerte. Debería depender de un sistema que funcione y de una sociedad que no mire hacia otro lado cuando alguien, literalmente, está pidiendo vivir.
