Por Redacción 
Por Amadeo Peralta
La entrada en vigencia de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal dominicano a partir del 6 de agosto de 2026, introduce cambios significativos en materia de delitos contra el honor, con penas más severas y nuevas figuras jurídicas que impactarán especialmente a ciudadanos y medios de comunicación.
El abogado César Amadeo Peralta analizó el alcance de esta normativa, destacando que millones de dominicanos desconocen las implicaciones de la reforma, la cual contempla tanto avances como endurecimiento de sanciones, incorporación de nuevos delitos y modificaciones en el cumplimiento de las penas.
Uno de los aspectos más relevantes es la tipificación y sanción de la difamación, la difamación extorsiva y la injuria. Según el artículo 208, la difamación —definida como la imputación pública de un hecho que afecte el honor, la imagen o la dignidad de una persona— será castigada con penas de 2 a 5 años de prisión y multas de entre 9 y 15 salarios mínimos del sector público.
En tanto, el artículo 209 establece que la difamación extorsiva, cuando se utilice para obtener beneficios o presionar a una persona, conllevará sanciones de 5 a 10 años de prisión, además de multas de 10 a 20 salarios mínimos. Estas penas pueden agravarse si el delito es cometido por más de una persona.
Por su parte, la injuria —que consiste en expresiones ofensivas sin imputar un hecho concreto— será sancionada con penas de 15 días a un año de prisión o multas de 1 a 2 salarios mínimos.
La legislación también introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas en estos delitos, lo que implica que empresas y medios de comunicación podrían enfrentar sanciones directas. Entre las medidas complementarias se contemplan el cierre temporal o definitivo de establecimientos, la inhabilitación profesional —incluida la cancelación del exequátur— y la revocación de licencias.
Peralta advirtió que estas disposiciones podrían tener un impacto considerable en el ejercicio del periodismo y la comunicación pública, al establecer consecuencias legales más estrictas para la difusión de informaciones sin pruebas.
El jurista concluyó que el país deberá prepararse para la implementación de este nuevo marco legal, que no solo endurece las penas, sino que también amplía el alcance de la responsabilidad penal en la República Dominicana.
