Por Redacción 
Por Elías Wessin
Hay algo positivo en el planteamiento de quienes cuestionan la actual distribución del financiamiento público a los partidos políticos, al menos reconocen que existe una desigualdad evidente en el sistema. Y claro que la hay.
Mientras algunos partidos reciben diariamente más de un millón de pesos, otros apenas sobreviven con diez mil pesos. Esa asimetría convierte la competencia política en una carrera profundamente desigual.
Pero el debate no puede reducirse a una simple consigna de “quiten el dinero a los partidos”, porque eso sería quedarse en la superficie del problema y abrirle las puertas a males mucho peores.
Resulta curioso que muchos críticos mencionen de soslayo al PRM recibiendo montos similares al PLD y a la FP, pero omiten deliberadamente que el partido de gobierno dispone, además, de un financiamiento marginal infinitamente superior mediante el uso del aparato estatal, la publicidad gubernamental, las nominillas, las estructuras clientelares y los recursos públicos indirectos. En buen dominicano: “¡Ma’ bueno que eh’ así!”.
Tampoco se habla con la misma vehemencia de las ONG’s que jamás han rendido cuentas claras, de las llamadas “pensiones solidarias” otorgadas a personas que ni siquiera han trabajado en República Dominicana, ni de ministerios y direcciones generales repletos de asesores innecesarios (algunos con hasta siete asesores por despacho) mientras el gasto corriente del Estado continúa disparado.
Si de verdad existiera una voluntad seria de austeridad, aplicada desde el principio, no oportunista y de mala fe contra los partidos políticos, muchos estaríamos dispuestos a respaldarla.
Pero una austeridad auténtica implica desmontar privilegios estructurales del Estado completo, no escoger selectivamente a los partidos como chivo expiatorio para ganar aplausos momentáneos.
Si el gobierno dominicano hubiese llegado con un programa coherente de reducción del gasto superfluo, parecido al aplicado por Javier Milei en Argentina, probablemente el debate sería distinto. Pero no se puede defender el recorte al financiamiento partidario mientras simultáneamente se mantiene intacto el dispendio gubernamental y el clientelismo burocrático.
En realidad, el PRM parece no advertir que está cometiendo el mismo error estratégico que cometió Hipólito Mejía cuando impulsó la reforma reeleccionista del 2002-2004.
Aquella modificación constitucional, diseñada para beneficiar coyunturalmente al oficialismo, terminó favoreciendo políticamente a Leonel Fernández y al PLD durante años. La historia política tiene una tendencia implacable, las reglas manipuladas para conveniencia inmediata suelen convertirse a la postre, en armas contra quienes las promovieron. ¡Quien siembra vientos, cosecha tempestades!
Lo más paradójico de todo es que el PRM, que constantemente invoca a José Francisco Peña Gómez como referente moral e ideológico, hoy parece olvidar que fue precisamente Peña Gómez el gran impulsor del financiamiento público al sistema de partidos, inspirado en el modelo europeo.
La lógica detrás de esa visión era profunda, «la democracia tiene un valor intangible, pero también tiene un precio a pagar», para evitar que los partidos queden secuestrados exclusivamente por grandes intereses económicos, mafias o capitales oscuros.
Aunque el modelo dominicano es perfectible (como todo sistema humano), resulta innegable que desde la instauración del financiamiento estatal mediante la Ley 275-97 se produjo un fortalecimiento de la institucionalidad democrática dominicana.
Reducir drásticamente el financiamiento público sin reformar simultáneamente el uso de recursos estatales por parte del oficialismo no democratiza el sistema, lo concentra aún más en quienes ya controlan el poder y ese es el verdadero peligro.
Al debilitar a los partidos medianos y pequeños, quienes llenan el vacío no suelen ser los “ciudadanos independientes” idealizados por el populismo mediático.
Lo llenan las grandes fortunas, las mafias, el narcotráfico, los grupos de presión y las estructuras de poder informal que operan fuera de cualquier control institucional.
La experiencia latinoamericana es suficientemente clara. Cuando se destruyen los contrapesos institucionales y se desacredita sistemáticamente el sistema de partidos, el terreno queda abonado para experimentos caudillistas y populistas que terminan derivando en modelos autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua.
A pesar de que no se admita o no se entienda, la democracia cuesta dinero, pero mucho menos, sin embargo, que las dictaduras populistas. Por eso el debate serio no debería ser “cómo destruir el financiamiento político”, sino cómo transparentarlo, fiscalizarlo mejor, distribuirlo con mayor equidad y evitar el uso abusivo del Estado por parte del gobierno de turno.
Si todos los partidos son debilitados mientras el oficialismo conserva intacta la maquinaria estatal, entonces ya no estaremos hablando de democracia competitiva, sino de hegemonía disfrazada.
Y al final, poniendo “la cherry al pastel” conviene recordar, una vez mas, algo elemental: debilitar el financiamiento institucional de los partidos puede terminar convirtiéndose en el mejor caldo de cultivo para las mafias que evidentemente ya pululan dentro de la sociedad dominicana.
