Por Redacción 
Por Richard Moreta Castillo
La semana pasada el empresario Frank Rainieri, fundador del Grupo Puntacana, calificó como insostenible el crecimiento inmobiliario y turístico en Punta Cana sin un plan de ordenamiento territorial y sin inversiones en infraestructuras básicas de servicios.
La ausencia de esas premisas asegura un crecimiento anárquico del principal centro turístico del Caribe insular. Esta advertencia no es un hecho aislado, sino la confirmación de una crisis profunda que tiene su raíz en un problema de origen: la falta de meritocracia y capacidad técnica en quienes dirigen el destino de nuestro suelo.
El gran drama de la República Dominicana es que los políticos que están a la cabeza de las alcaldías no son urbanistas, y de aquí emana la absoluta falta de entendimiento sobre cómo funcionan nuestras ciudades. Existe una confusión generalizada donde se piensa que el arquitecto es el encargado de diseñar la ciudad, pero el arquitecto diseña el edificio, mientras que el urbanista diseña el sistema, el tejido y la conexión. Al carecer de esta distinción técnica en la toma de decisiones, el territorio queda a merced de la improvisación y el clientelismo político.
Cuando no existe un marco de planificación territorial sólido, el suelo deja de ser un recurso social o ambiental para convertirse estrictamente en un activo financiero. En este vacío legal y técnico, la especulación política suele operar a través de mecanismos que transforman el poder administrativo en plusvalía económica privada. Una de las formas más comunes es el urbanismo de parches, donde el territorio se gestiona mediante excepciones.
Los políticos otorgan permisos especiales o cambios de densidad para proyectos específicos en áreas que no cuentan con la infraestructura adecuada, generando un aumento inmediato en el valor del terreno para el desarrollador a cambio de favores políticos o financiamiento de campañas.
Asimismo, se da la anticipación y captura de plusvalías, donde actores con acceso a información privilegiada sobre futuras infraestructuras compran terrenos a bajo costo para luego beneficiarse cuando el Estado anuncia la obra pública, sin que la sociedad recupere la inversión social realizada.
Esta dinámica se completa con el clientelismo en la regularización de suelo, permitiendo asentamientos en zonas de riesgo para luego intercambiar títulos por lealtad electoral, ignorando cualquier principio de sostenibilidad.
La ambigüedad normativa se convierte así en una herramienta de poder. Si las reglas no son claras, cada proyecto depende del criterio o la voluntad del funcionario de turno, creando un entorno donde la inversión no se atrae por la calidad del diseño o la eficiencia, sino por la cercanía al círculo de decisión política.
El costo de este desorden lo paga la ciudadanía mediante el desplazamiento del costo de infraestructura: el político permite que grandes proyectos se conecten a redes de servicios ya saturadas, dejando que el beneficio sea privado mientras que el tráfico, la falta de agua y la pérdida de espacios públicos se convierten en una carga colectiva que degrada la calidad de vida de todos.
Esta gestión deficiente profundiza la segregación, dividiendo la ciudad en islas de lujo rodeadas de precariedad, colapsando la movilidad y reduciendo la resiliencia ante desastres naturales al ocupar suelos de alto valor ecológico. Ante este panorama, es imperativo introducir soluciones técnicas que rompan el aislamiento entre los enclaves turísticos y la realidad social que los rodea.
El Bicimetro, una solución diseñada por un servidor, se plantea como el ombligo de infraestructura de transportación necesario para unir estos polos turísticos con las comunidades desconectadas. No se trata simplemente de una vía recreativa, sino de un sistema de movilidad eficiente y sostenible que permita una conexión vital entre los centros de trabajo y los lugares de residencia de quienes sostienen la industria, eliminando la dependencia del transporte informal y costoso que hoy asfixia al trabajador.
Llegó el momento de abogar por un replanteo del desarrollo de las zonas a partir de una visión de conjunto. Ni las cadenas hoteleras ni el turismo residencial o comercial pueden vivir de espaldas a los pueblos vecinos. Son cuadros de un mismo relato; sistemas de convivencia interdependientes que forman una misma unidad económica.
La planificación y gestión de esas comunidades debe ser resultado de un esfuerzo compartido donde prime el criterio técnico del urbanista sobre la ambición del político de turno. Es hora de sentarse a planificar el desarrollo y fortalecer el futuro de una industria que aporta el 16 % del PIB nacional. No podemos seguir permitiendo que la falta de visión técnica mate la gallina de los huevos de oro. El ordenamiento territorial no es un lujo burocrático, es la única garantía de que el éxito de hoy no sea la ruina de mañana.
