Por Antonio Corcino

El turismo es oxígeno para la economía dominicana: divisas, empleo e inversión. Como sector, impulsa la construcción y robustece nuestra imagen internacional. Sin embargo, como ocurre con un tren de alta velocidad, no todos los pasajeros logran subir. Mientras la industria avanza, a miles de trabajadores se les aleja la posibilidad de acceder a una vivienda digna cerca de sus lugares de trabajo.

La paradoja resulta evidente en zonas de crecimiento turístico como Verón-Punta Cana. Allí, su auge inmobiliario eleva el valor del suelo, las viviendas y los alquileres impulsados por la demanda internacional, mientras que los salarios de buena parte de la fuerza laboral son inversamente proporcionales al ritmo de su crecimiento.

Entonces, ¿el auge del turismo en República Dominicana estaría elevando el precio de la vivienda por encima de la capacidad de compra de los empleados del sector, especialmente del primer quintil salarial?

El crecimiento también necesita equilibrio

El problema no radica en el crecimiento del turismo, sino en la ausencia de mecanismos que distribuyan mejor sus beneficios. Una economía puede expandirse y, al mismo tiempo, crear nuevas desigualdades.

El Informe Mundial sobre las Ciudades 2026 de ONU-Hábitat advierte que la crisis de vivienda se ha profundizado a nivel global. El organismo estima que 3,400 millones de personas carecen de una vivienda adecuada, en tanto que el déficit habitacional aumentó de 251 millones en el 2010 a 288 millones en 2023. De igual forma, más de 1,100 millones de personas viven en asentamientos informales, confirmando que el acceso a la vivienda es hoy más difícil que hace dos décadas.

República Dominicana no escapa a esta realidad. De acuerdo al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025, el país presenta un déficit de vivienda de casi 1,4 millones, lo que equivale al 39,3 % de su oferta habitacional. El problema se agrava con el encarecimiento del suelo urbano, la escasa disponibilidad de viviendas asequibles y las limitaciones para obtener financiamiento hipotecario, lo que intensifica el hacinamiento, la expansión urbana desordenada y la presión sobre la infraestructura y los servicios públicos.

Esta dinámica de crecimiento acentúa la expansión urbana desordenada en los principales enclaves turísticos. Tal como ocurre con las manos de obra del primer quintil de ingresos, cuya canasta básica asciende a RD$29,489.84, perciben salarios mensuales de entre RD$15,000 y RD$25,000, insuficientes para acceder al mercado inmobiliario. En tanto que un apartamento promedio ronda los RD$6.1 millones, los alquileres oscilan entre RD$10,000 y RD$15,000, lo que absorbe una parte significativa de sus ingresos. Tal como sucede en destinos como Verón–Punta Cana, donde gran parte de las viviendas se comercializan en dólares, la brecha entre el salario y el costo de la vivienda es aún mayor.

El dinamismo del turismo simultáneamente aumenta la demanda de viviendas para residentes, trabajadores e inversionistas, intensifica la presión sobre los precios y reduce la oferta de viviendas asequibles para la población local.

Frente a este escenario, el Estado desarrolla programas de apoyo como Familia Feliz, Mi Vivienda y nuevas líneas de financiamiento impulsadas por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), dirigidas a facilitar la adquisición de la primera vivienda mediante subsidios y acceso al crédito.

No obstante, para acceder a estos programas, los ingresos de los solicitantes, según el proyecto, oscilan entre RD$40,000 y RD$70,000 mensuales por hogar; entre otras condiciones, deben obtener una precalificación para un préstamo hipotecario.

Como vemos, se cierra cada vez más la posibilidad para que el Estado pueda garantizar el derecho a una casa propia, como está establecido en nuestra Constitución. Sigue siendo una de las principales tareas del desarrollo nacional. Conciliar la expansión del turismo y del mercado inmobiliario con políticas públicas que aumenten la oferta de viviendas asequibles y de ese modo permitan que el crecimiento económico también se traduzca en mejores condiciones de vida para la población trabajadora.

Un mercado que habla en dólares

Como es bien sabido, el mercado inmobiliario turístico funciona como una balanza desequilibrada. En uno de sus platos se encuentran inversionistas y compradores con alto poder adquisitivo; en el otro, los colaboradores cuyos ingresos apenas cubren el costo de la canasta básica.

Al tiempo que las viviendas se comercializan principalmente en dólares y los salarios se pagan en pesos, se distancia el ingreso y la posibilidad de adquirir una propiedad a nombre propio; como una brecha que se convierte en un abismo.

Bajo esa circunstancia, se obliga a que un numeroso grupo de empleados de hoteles, restaurantes y comercios tenga que compartir viviendas, trasladarse desde comunidades distantes o destinar una parte desproporcionada de sus ingresos al pago del alquiler.

El desafío de un desarrollo sostenible

Construir más hoteles no promueve automáticamente mejores condiciones de vida para quienes trabajarán en ellos. Del mismo modo que un edificio necesita soportes sólidos para mantenerse en pie, el desarrollo turístico necesariamente requiere un cimiento social capaz de salvaguardar su sostenibilidad.

Esta situación no es exclusiva del país. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo reportan que América Latina y el Caribe continúa siendo una de las regiones con mayores déficits habitacionales del mundo, motivado por la urbanización acelerada, informalidad laboral y restringido acceso al financiamiento.

Desde la perspectiva del desarrollo, la vivienda es el refugio donde comienza el desarrollo humano. Los beneficios del turismo deben proyectarse en una dimensión más amplia que la creación de empleos, atracción de inversiones, aumento de la productividad y estabilidad social. Más aún cuando su fomento dinamiza el sector de la construcción, la industria de materiales, el comercio, los servicios financieros y la infraestructura.

Ahora bien, la competitividad del sector dependerá también de la capacidad para ofrecer condiciones de vida dignas a su capital humano. Una fuerza laboral que está obligada a recorrer largas distancias, a enfrentar altos costos de alquiler o a vivir en condiciones de precariedad de algún modo, podría terminar afectando la productividad, la estabilidad laboral y la cohesión social.

Al final, este progreso turístico que tanto celebramos sigue dejando afuera a quienes lo hacen posible. Mientras los resorts crecen y las divisas entran, el acceso a una vivienda digna se vuelve cada vez más lejano para miles de trabajadores. Ya no se trata solo de números económicos: se trata de la relación rota entre las personas y su propio entorno. Un desarrollo que excluye a sus protagonistas no es progreso, es un espejismo.