Por Redacción 
Por José Aquino A.
El pasado 12 de octubre advertimos que los centros de datos para inteligencia artificial habían dejado de ser una infraestructura exclusivamente tecnológica para convertirse en un desafío político. Las elecciones de medio término celebradas el 3 de noviembre en Estados Unidos aportan ahora un nuevo elemento: la resistencia local pudo traducirse en un costo electoral.
El informe The Data-Center Penalty, publicado el 6 de noviembre por Humans First, analizó los resultados de 1,540 condados en 16 estados ganados por Donald Trump en 2024. De ellos, 257 alojaban proyectos de centros de datos. Según el estudio, estos condados se desplazaron 2.2 puntos porcentuales adicionales hacia los demócratas, en comparación con los condados sin proyectos dentro de los mismos estados. El patrón apareció en 14 de los 16 estados examinados.
El efecto fue significativo en la base republicana. En los condados donde Trump había ganado por más de 20 puntos, aquellos con centros de datos registraron un desplazamiento adicional de 2.1 puntos hacia los demócratas. Después de ajustar por comportamiento electoral previo, población, ruralidad y composición demográfica, la diferencia se redujo, pero no desapareció: permaneció entre 0.75 y 1.5 puntos. Además, el voto republicano cayó un 1.1 % adicional, mientras que el voto demócrata permaneció estable.
Los resultados locales fueron aún más contundentes. De 47 consultas relacionadas con centros de datos decididas durante 2026, en 46 prevaleció la opción favorable a establecer límites, requisitos o prohibiciones. Entre las medidas aprobadas figuraron moratorias, restricciones territoriales, garantías financieras, controles sobre el consumo eléctrico y de agua, y la exigencia de aprobación comunitaria.
Sin embargo, estos datos deben interpretarse con prudencia. Humans First es una organización política y su análisis utiliza resultados no oficiales. El propio informe reconoce que existe una asociación estadística, no una prueba de que los centros de datos causaran directamente el cambio electoral. Otros factores nacionales también influyeron, y los resultados agregados por condado no permiten saber si los votantes republicanos cambiaron de partido o simplemente se abstuvieron.
Otro hallazgo merece atención: el costo político parece aumentar con el tamaño del proyecto, su proximidad a la población y la intensidad del conflicto. En los condados republicanos con instalaciones a escala de gigavatios, el desplazamiento inicial alcanzó los 3.1 puntos y permaneció en 1.4 después de aplicar todos los controles. La penalidad también fue mayor donde los proyectos seguían en discusión, lo que sugiere que la reacción responde, en parte, a la sensación de no tener voz.
La experiencia ofrece una lección oportuna para la República Dominicana. Atraer centros de datos puede fortalecer la inversión, la soberanía digital y la continuidad de los servicios, pero cada proyecto debe demostrar su aporte económico y social. Esto requiere transparencia previa, participación comunitaria, protección de los usuarios del sistema eléctrico, uso responsable del agua, seguridad de la información y compromisos verificables de empleo y tributación.
La inteligencia artificial necesita infraestructura, pero la infraestructura también necesita legitimidad. Estados Unidos acaba de mostrar que, cuando las comunidades sienten que no tienen voz, el costo puede superar el ámbito tecnológico y llegar directamente a las urnas.
El autor es profesor universitario, especialista en Seguridad y Defensa, Centros de Datos (AOS), Protección de Datos y Sistemas de Información.
