Por Richard Moreta Castillo
El auge inmobiliario y turístico de la República Dominicana atraviesa un ciclo histórico de expansión, con flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) que superan los US$5,000 millones anuales y un sector inmobiliario turístico que captó US$915 millones en el último período fiscal, impulsado por la llegada de más de 11.6 millones de visitantes y los incentivos fiscales de la Ley 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico (CONFOTUR).
Sin embargo, detrás del dinamismo constructivo que transforma enclaves estratégicos como Punta Cana-Bávaro, Cap Cana, La Romana-Bayahíbe, Samaná, Puerto Plata y Miches, opera una distorsión estructural que amenaza la soberanía técnica, la equidad profesional y la sostenibilidad del ejercicio arquitectónico: la deslocalización integral del diseño por parte de firmas de arquitectura internacionales que ejecutan la totalidad o la mayor parte del ciclo proyectual desde oficinas situadas en el exterior.
Desde el Colegio de Arquitectos Dominicanos (CAD), estamos llevando a cabo un levantamiento nacional exhaustivo en todas las provincias, con especial énfasis en los polos turísticos del país, para documentar con rigor empírico cómo se distribuye el trabajo técnico, intelectual y operativo en los grandes desarrollos hoteleros, resorts, marinas y complejos residenciales de alta plusvalía. Los hallazgos recabados hasta la fecha confirman un patrón preocupante: diversas firmas extranjeras concentran hasta el 100 % de la producción intelectual y técnica fuera del territorio dominicano, relegando al arquitecto nacional habilitado a la figura meramente instrumental de «firmante de planos» para viabilizar trámites administrativos y licencias de construcción ante las instancias correspondientes.
Conviene hacer una aclaración jurídica y conceptual indispensable para fortalecer la solidez de este planteamiento y evitar confusiones normativas que resten precisión a nuestro reclamo gremial. La proporción 80/20 corresponde propiamente a la ejecución de los proyectos, contemplada en la Ley 105 y refrendada en la Ley 340-06 de contrataciones públicas en armonía con los lineamientos y compromisos asociados al acuerdo ALCA. Invocar esa fórmula como si gobernara por sí sola la titularidad intelectual o el régimen de ejercicio profesional de la arquitectura resultaría impreciso frente a análisis jurídicos rigurosos.
La postura institucional a la que se suman los profesionales que defienden la integridad de la disciplina encuentra su sustento directo y claro en las Leyes Núm. 6160 y Núm. 6200, las cuales contienen articulados precisos sobre el ejercicio profesional de la ingeniería y la arquitectura en nuestro país, exigiendo la debida habilitación legal, el respeto a la incumbencia profesional y la dirección efectiva del trabajo técnico.
Mientras la regla 80/20 se ubica en el ámbito de ejecución vinculado a la Ley 105, la Ley 340-06 y el marco del ALCA, las Leyes 6160 y 6200 protegen de manera directa el ejercicio profesional, la responsabilidad técnica y la autoría de los arquitectos en la República Dominicana, y ambas dimensiones convergen cuando la importación de proyectos «llave en mano» vacías de participación local lesiona tanto la soberanía técnica como el desarrollo del ecosistema profesional dominicano.
Al examinar con lupa lo que ocurre en los polos turísticos del país, el diagnóstico del CAD demuestra que el desplazamiento del arquitecto dominicano no se limita a un detalle administrativo, sino que atraviesa las cinco fases esenciales del proceso arquitectónico, dejando con frecuencia al profesional local en un margen residual de entre el 0 % y el 5 % de participación técnica real. En la primera fase, el Diseño Conceptual, donde deben definirse el partido arquitectónico, la implantación urbana, la relación con el paisaje costero, la ventilación cruzada, la protección solar y el cumplimiento de los parámetros ambientales y normativos del emplazamiento, numerosas oficinas extranjeras desarrollan el 100 % de los esquemas, renders iniciales y master plans en sedes fuera del país.
Al entregar un paquete conceptual cerrado sin integración efectiva del arquitecto dominicano, se ignora el conocimiento empírico del microclima caribeño, de los regímenes de brisa, de la escorrentía pluvial tropical y de la identidad espacial de nuestros destinos turísticos, imponiendo tipologías genéricas concebidas para otras latitudes.
En la segunda fase, el Desarrollo del Diseño, donde el concepto inicial debe madurar hacia una coordinación precisa de plantas, secciones, fachadas, envolventes, estructuras, instalaciones y criterios de materialidad, el levantamiento del CAD detecta que entre el 95 % y el 100 % del trabajo técnico suele resolverse en el exterior. Esta deslocalización temprana provoca decisiones de diseño desconectadas de la realidad material de la República Dominicana: especificaciones de acabados, carpinterías, sistemas de sombreado, impermeabilizaciones o soluciones de fachada que no responden adecuadamente a la alta salinidad marina, la humedad relativa constante, la radiación solar intensa o las cargas de viento asociadas a la temporada ciclónica.
Cuando el arquitecto dominicano es apartado de esta etapa de maduración técnica, pierde la oportunidad de aportar soluciones bioclimáticas y constructivas probadas en el trópico y queda reducido a una recepción pasiva de archivos o a gestiones periféricas.
En la tercera fase, el Proyecto Ejecutivo, que constituye el corazón documental donde se plasman los planos constructivos definitivos, los detalles de unión, las definiciones estructurales, las coordinaciones técnicas y las especificaciones conforme a la normativa nacional vigente incluyendo los criterios sísmicos y reglamentarios aplicables en el país y el marco de las Leyes 6160 y 6200, se observa con frecuencia que entre el 90 % y el 100 % de la documentación gráfica y técnica se elabora fuera de la República Dominicana. Aquí emerge con mayor crudeza la figura distorsionada del «firmante de planos»: profesionales o despachos locales son convocados para estampar su firma y respaldo habilitante sobre planos producidos íntegramente en el extranjero, sin haber dirigido personalmente el proceso ni ejercido una supervisión real sobre su elaboración. Esta práctica desnaturaliza el sentido ético y legal de la firma profesional, expone a riesgos técnicos y jurídicos a quienes participan en ella y debilita la trazabilidad de la autoría y la responsabilidad profesional sobre la obra.
En la cuarta fase, la Preparación de Licitación, donde se estructuran los presupuestos, las cubicaciones, las especificaciones técnicas particulares, los cuadros de cantidades y los pliegos de condiciones que determinan la viabilidad económica y constructiva del proyecto, el CAD ha constatado que entre el 85 % y el 100 % de la documentación suele redactarse desde el exterior bajo estándares o plantillas foráneas no adaptadas al mercado dominicano. El resultado habitual es una desconexión entre lo que exige el documento licitatorio y lo que ofrece la cadena de suministro, la mano de obra especializada y las prácticas de contratación en el país, lo que genera sobrecostos, ambigüedades técnicas, órdenes de cambio posteriores y fricciones innecesarias durante la obra, mientras el profesional dominicano queda excluido de la estructuración técnica o relegado a una revisión formal mínima.
En la quinta fase, la Supervisión de la Construcción, donde el diseño debe traducirse en obra física con rigor, control de calidad, verificación de detalles, resolución de imprevistos en campo y dirección técnica continúa amparada en las Leyes 6160 y 6200, el levantamiento evidencia que entre el 70 % y el 90 % del control operativo o de las decisiones de diseño se gestiona a distancia o mediante visitas esporádicas de representantes extranjeros.
Aunque en la obra figure algún enlace o personal local, la falta de autoridad decisoria efectiva o la desvinculación entre quien concibió los planos en el exterior y quien responde legal y técnicamente en el país fragmenta la dirección del proyecto, encarece las correcciones en sitio y compromete la coherencia final de la arquitectura construida.
Durante las entrevistas directas que he sostenido en mi calidad de presidente del CAD con diversos directores ejecutivos (CEO) y socios principales de estas firmas internacionales, el argumento recurrente para justificar la exclusión del talento local es la supuesta «falta de capacidad técnica del personal dominicano para generar el volumen y la complejidad del trabajo profesional requerido». Esa afirmación es categóricamente falsa y no resiste el menor contraste con la realidad profesional de nuestro país.
La República Dominicana cuenta con arquitectos altamente capacitados, formados en universidades nacionales e internacionales, con experiencia comprobada en proyectos turísticos, hoteleros, urbanos y residenciales de gran envergadura, con dominio de herramientas digitales avanzadas, metodologías BIM, coordinación multidisciplinaria y estándares internacionales, además de profesionales dominicanos que ejercen o colaboran en firmas de alto nivel dentro y fuera del país.
Resulta paradójico e inaceptable que se niegue capacidad al arquitecto que reside y ejerce en territorio dominicano bajo el pretexto de una supuesta insuficiencia técnica, cuando la verdadera razón de la deslocalización obedece a modelos de negocio que concentran honorarios en matrices externas, estandarizan productos para maximizar márgenes o utilizan el sello extranjero como argumento comercial en mercados turísticos sin asumir el compromiso real con el talento nacional ni con el marco legal que rige el ejercicio profesional en el país.
Desde el Colegio de Arquitectos Dominicanos (CAD), reiteramos nuestro llamado a todos los colegas, arquitectos, ingenieros, coordinadores, proyectistas y profesionales vinculados al sector que conozcan casos concretos de proyectos en zonas turísticas o en cualquier provincia donde se vulnere el marco de las Leyes 6160 y 6200, donde se desplace al profesional dominicano de las fases del proyecto o donde se presenten irregularidades vinculadas al régimen de ejecución bajo la Ley 105, la Ley 340-06 y el acuerdo ALCA, a que formalicen su denuncia ante nuestra institución.
Cada reporte será analizado con seriedad técnica y jurídica para consolidar un expediente sólido y elevar acciones contundentes ante las instancias competentes. Defender el ejercicio profesional y la participación real del arquitecto dominicano en las cinco fases del proyecto es defender la calidad de nuestras ciudades y destinos turísticos, la seguridad técnica de nuestras edificaciones y la dignidad de nuestra profesión.
¡Defendamos nuestro patrimonio profesional!
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