Por Richard Moreta Castillo
La narrativa geopolítica contemporánea en el hemisferio occidental suele oscilar entre dos extremos: el análisis meramente humanitario de las crisis regionales y las teorías que interpretan cada movimiento diplomático o militar como parte de una conspiración perfectamente engranada. El reciente despliegue de fuerzas salvadoreñas en territorio haitiano y la desaparición de cuatro especialistas de aviación tras una emboscada han reavivado un debate de enorme calado estratégico sobre el supuesto eje entre Washington y San Salvador para dominar el Paso de los Vientos. Sin embargo, para comprender qué ocurre realmente en este enclave del Caribe, resulta indispensable separar los hechos documentados de las conjeturas políticas y analizar con rigor el tablero internacional que rodea a la isla de La Española.
El Paso de los Vientos es una franja marítima de aproximadamente ochenta kilómetros de ancho que separa el extremo oriental de Cuba del noroeste de Haití. Lejos de ser un accidente geográfico menor, constituye una de las arterias comerciales más transitadas del continente americano, pues conecta de manera directa la costa este de los Estados Unidos con el mar Caribe y, en última instancia, con las rutas que conducen hacia el canal de Panamá y el océano Pacífico. Quienes sostienen que la intervención salvadoreña responde a un diseño de Donald Trump para asegurar este cuello de botella parten de una premisa geográfica indiscutible: la ubicación de Haití en la mitad occidental de La Española le otorga una relevancia estratégica de primer orden. No obstante, convertir esa realidad física en la prueba de un plan secreto para apropiarse del comercio interoceánico exige saltar por encima de varias realidades jurídicas, militares e históricas.
En primer lugar, el control territorial sobre una porción de la costa haitiana no equivale en modo alguno al dominio sobre el estrecho. El Paso de los Vientos es un espacio compartido con Cuba, una nación soberana con sus propias aguas jurisdiccionales, y la navegación internacional se rige por tratados globales que impiden a cualquier Estado cerrar unilateralmente una vía marítima de esta naturaleza. Además, el comercio regional no depende de una única puerta de entrada; existen corredores alternativos como el canal de la Mona, situado entre la República Dominicana y Puerto Rico, que absorben buena parte del tránsito hacia el Atlántico. Pretender que el despliegue de contingentes terrestres en torno a Puerto Príncipe otorga las llaves del tráfico de petroleros y buques portacontenedores ignora tanto la geografía náutica como la naturaleza misma de las operaciones en curso.
La historia demuestra que el interés de Estados Unidos por el noroeste haitiano no es una invención reciente ni un capricho de la actual administración republicana. Hacia finales del siglo diecinueve, concretamente en 1890, el gobierno estadounidense comisionó al célebre diplomático Frederick Douglass para negociar con las autoridades de Haití el arrendamiento de Môle-Saint-Nicolas como estación naval, un enclave situado frente a la bahía de Guantánamo. Aunque aquella gestión fue rechazada en 1891, Washington consolidó pocos años después su presencia en el extremo suroriental de Cuba, donde mantiene desde hace más de un siglo una base militar de enorme peso. Con una armada de alcance global, una guardia costera que patrulla constantemente las aguas caribeñas y medios de vigilancia satelital y aérea propios, resulta difícil sostener que la Casa Blanca necesite utilizar a El Salvador como punta de lanza para asegurar un corredor marítimo que ya vigila con recursos infinitamente superiores.
El contraste entre la capacidad naval estadounidense y la naturaleza del contingente salvadoreño desmonta buena parte de la tesis sobre una supuesta ocupación encubierta del estrecho. La participación de El Salvador en Haití no comenzó con portaaviones, fragatas ni unidades anfibias diseñadas para bloquear rutas comerciales, sino con personal especializado en aviación, helicópteros y equipos destinados a evacuaciones médicas y apoyo logístico. Incluso cuando la desaparición de cuatro aerotécnicos tras un ataque armado obligó a reforzar la presencia militar para tareas de búsqueda y rescate, el enfoque operativo permaneció anclado en el combate urbano contra las coaliciones criminales y la protección de instalaciones críticas, muy lejos de cualquier maniobra de proyección naval en el noroeste haitiano.

Para entender el origen de esta misión es necesario revisar la cronología oficial, que desmiente la idea de una improvisación pactada a puerta cerrada entre Trump y Nayib Bukele. La crisis institucional haitiana, agravada tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021 y marcada por décadas de fragilidad estatal, llevó a las propias autoridades de Puerto Príncipe a solicitar asistencia internacional en 2022. Un año después, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó una fuerza multinacional de apoyo liderada inicialmente por Kenia, cuyo mandato fue renovado y transformado en septiembre de 2026 mediante una resolución aprobada sin un solo voto en contra. En ese marco multilateral, El Salvador formalizó su ofrecimiento de tropas y medios aéreos ante la ONU desde agosto de 2024, más de dos años antes de los incidentes recientes, y la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó en septiembre de 2026 la ley especial que regula la actuación de su Fuerza Armada dentro de la misión internacional.
Atribuir la presencia salvadoreña exclusivamente a cálculos electorales de Bukele o a un supuesto desinterés por la suerte de sus propios ciudadanos supone adentrarse en el terreno de la especulación subjetiva. Es innegable que el mandatario salvadoreño ha capitalizado internacionalmente los resultados de su régimen de excepción y que su modelo de seguridad despierta interés en diversos gobiernos de la región. Tampoco puede negarse que Washington encuentra conveniente respaldar una fuerza multinacional que contenga el colapso haitiano sin asumir el costo político y humano de un desembarco unilateral de tropas estadounidenses. Pero de esa convergencia de intereses prácticos no se desprende la existencia de un pacto oculto para repartirse el control del Caribe ni de contratos privados encubiertos bajo la bandera de la cooperación internacional, afirmaciones que carecen hasta la fecha de respaldo documental.
El tablero geopolítico que rodea al Paso de los Vientos involucra, además, a otros actores con intereses directos e inmediatos que suelen quedar eclipsados por el protagonismo mediático de Washington y San Salvador. La República Dominicana, que comparte frontera terrestre con Haití, observa la crisis desde una perspectiva de seguridad nacional urgente. El gobierno de Luis Abinader ha respaldado la cooperación logística y de inteligencia con las fuerzas salvadoreñas al tiempo que ha reforzado su frontera sur con miles de efectivos, artillería y equipamiento pesado para evitar que la violencia de las bandas armadas se desborde hacia territorio dominicano. Para Santo Domingo, la estabilización de su vecino no es una abstracción geopolítica, sino una necesidad vital de supervivencia y orden interno.
Por su parte, Cuba observa con comprensible recelo cualquier movimiento militar extranjero en las inmediaciones de sus provincias orientales, dada su histórica confrontación con Estados Unidos y la cercanía de Guantánamo. Sin embargo, interpretar cada operación de seguridad en Haití como un cerco deliberado contra La Habana pasa por alto el hecho de que el vacío de poder en el oeste de La Española ha convertido la región en un corredor vulnerable al tráfico ilícito y a las crisis migratorias masivas, fenómenos que preocupan a todos los Estados ribereños.
En una escala más amplia, potencias extracontinentales como China y Rusia siguen de cerca la evolución del conflicto, aunque su comportamiento diplomático dista de la confrontación abierta que sugieren algunos análisis. Durante la votación en el Consejo de Seguridad de septiembre de 2026 para renovar la fuerza internacional en Haití, ni Pekín ni Moscú ejercieron su derecho a veto; ambas potencias optaron por la abstención, expresando reservas sobre la eficacia de las soluciones puramente militares o sobre los mecanismos de financiación, pero permitiendo que la operación siguiera adelante. No obstante, el interés de China en el Caribe tiene un componente diplomático concreto: Haití es uno de los pocos países que mantienen relaciones oficiales con Taiwán, habiendo celebrado recientemente siete décadas de vínculos bilaterales, lo que convierte a Puerto Príncipe en un punto de observación relevante para la diplomacia asiática.
En última instancia, analizar la crisis haitiana y el papel de Estados Unidos y El Salvador exige rigor metodológico. El Paso de los Vientos posee un valor estratégico indiscutible, Estados Unidos mantiene intereses históricos de seguridad en el Caribe y el despliegue salvadoreño responde tanto a compromisos multilaterales como a la proyección política de su gobierno. Reconocer estas realidades permite entender la complejidad del escenario sin caer en la trampa de unir hechos aislados para fabricar teorías absolutas. La geopolítica raramente funciona como un guion cinematográfico escrito por dos líderes en la sombra; suele ser, más bien, el resultado de intereses convergentes, limitaciones operativas, equilibrios diplomáticos y crisis locales que desbordan las previsiones de las grandes potencias.
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