Por Redacción 
Por Dr. Luis Dario Pión Bengoa
Como expresé recientemente al comentar la noticia sobre los actos de corrupción atribuidos a Maxi Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, considero inaceptables los acuerdos llevados a cabo por la Procuraduría con este imputado.
Lo justo y correcto sería despojarlo de todo el dinero obtenido ilícitamente y que pague con cárcel la condena correspondiente.
Quiero dejar claro que no estoy de acuerdo, ni jamás apoyaría, los actos de corrupción cometidos ni por los gobiernos pasados ni por los actuales.
La corrupción, en cualquiera de sus manifestaciones, lacera la institucionalidad, degrada la dignidad de un pueblo y arruina las oportunidades de desarrollo colectivo.
Lamentablemente, seguimos viendo que los casos se acumulan sin que la justicia avance con la contundencia que merece el país. Es una pena que no vivamos en naciones como China o Singapur, donde las sanciones son ejemplares y no dejan espacio a la impunidad.
Hasta el momento, resulta llamativo que ningún alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) haya sido sometido y condenado formalmente por corrupción.
En cambio, los procesados han sido familiares cercanos del expresidente Medina —como su hermano y su cuñado— así como personas de su entorno inmediato, incluidos algunos militares en posiciones de confianza.
Creo, no obstante, que esta situación revela otro ángulo que merece análisis: en el ejercicio del poder, el presidente puede no estar enterado de todos los detalles, ya sea por negligencia o porque las instituciones encargadas de informar priorizan intereses propios en lugar de servir al Estado.
Esto no exime de responsabilidad al expresidente Medina. Si bien pudiera sostenerse que su culpabilidad derivó de manera indirecta, en su condición de mandatario debió velar porque la corrupción no se enquistara en su gestión.
Por ello, considero que el propio Danilo Medina, llegado el momento oportuno, debería dirigirse al pueblo dominicano y ofrecer su versión de los hechos, con la claridad y la responsabilidad que la ciudadanía merece.
Dicho esto, quiero recalcar una realidad que no debe soslayarse: en los veinte años de gobierno del PLD, sin lugar a dudas, se produjeron los mayores avances en la historia democrática de la República Dominicana.
Fue una época marcada por un desarrollo visible en múltiples áreas: infraestructura, educación, crecimiento económico y apertura internacional. Esto no puede desconocerse, más allá de los errores y las sombras que también acompañaron esos años de poder.
En mi caso, lo digo sin ambages: soy peledeísta. Pero ser miembro de una organización política no significa justificar lo injustificable.
Por el contrario, debe ser una razón mayor para exigir transparencia, corrección y justicia, porque el verdadero compromiso con la nación es combatir la corrupción venga de donde venga y proteger las conquistas logradas colectivamente.
El pueblo dominicano clama por un sistema judicial que no distinga banderas ni vínculos familiares, sino que aplique la ley a todos por igual.
Ese debe ser el camino hacia una democracia más sólida y hacia un futuro sin impunidad.
El autor es médico epidemiólogo.
