Por Redacción 
Por Rolando Hernández
Desde el pasado mes de abril, la administración de gobierno Trump anunció desde las instalaciones de la Casa Blanca que el “día de la liberación” había iniciado en relación a la nueva política arancelaria que se aplicará en los Estados Unidos.
Para la aplicación de la nueva política de aranceles, el presidente Donald Trump se basó en la Ley de Emergencia 1977 y desde entonces la realidad económica ha cambiado para todos los estadounidenses.
Los aranceles que se aplican a más de cien países abarcan desde un 10 al 25 por ciento a las mayorías de los productos que comercializan esas naciones a Estados Unidos. Esto incluye a los sectores de los vehículos, electrodomésticos, tecnología, comestibles, calzados y vestimenta.
Naciones como México, Canadá, Brasil, Europa, América Latina y el Caribe han sido afectadas por la imposición de los aranceles.
Los aranceles, una medida unilateral por los Estados Unidos también han influido en la estabilidad económica del pueblo norteamericano donde se han perdido cientos de empleos debido al cierre de empresas y compañías. A pesar de que, por tradición política, el establecer los aranceles es una acción exclusiva del congreso norteamericano, el presidente Donald Trump hizo todo lo contrario al imponerlos bajo una ley de emergencia.
Aunque el Tribunal de Comercio Internacional con sede en Nueva York, dejó sin efecto los aranceles de la administración debido a una serie de demandas interpuestas por gobiernos estatales y empresas estadounidenses afectadas por la medida al considerarlos como violatorios a las leyes del comercio y que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, invocada por la administración Trump para justificar los aranceles, no permite imponer tarifas comerciales de forma unilateral y generalizada.
El bloqueo no habría afectado a los gravámenes al acero sino a los anunciados el 2 de abril por el gobierno, que consisten en un arancel global del 10 % para todos los socios comerciales de EE.UU.
Además, bloqueaba a una proporción de los aranceles que quedó congelada hasta julio para firmar acuerdos con otras naciones en función de déficits y volúmenes comerciales y que la Casa Blanca denomina como “aranceles recíprocos”.
Sin embargo, otra Corte Apelaciones los reactivó mientras la demanda interpuesta por los Estados y empresas afectadas y el propio gobierno que apeló la demanda sea conocida en la próxima cita judicial del próximo 12 de junio.
La política arancelaria que ha aplicado el gobierno la cual cuenta con una oposición generalizada de los ciudadanos y los sectores productivos se espera que en la próxima audiencia en los tribunales sea declarada como ilegal y en caso de no hacerlo, el próximo paso será llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia quien tendrá la última palabra sobre los aranceles establecidos por la presente administración de gobierno, la cual ignoró y continua desconociendo que los aranceles son establecidos por la autoridad del Congreso de los Estados Unidos y eso los declara como ilegales.
Esperamos que el Poder Judicial se pronuncie por la legalidad de los aranceles que a la fuerza ha querido imponer el gobierno de Donald Trump.
El autor es un periodista, educador y escritor dominicano que reside en el Estado de Nueva Jersey. Puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
