Por Redacción 
Por Rolando Hernández
En un abierto enfrentamiento con el poder judicial, la administración de gobierno que preside Donald Trump continua con la emisión de orden ejecutiva que por lo general contradicen lo que establece la Constitución estadounidense a la ciudadanía.
Una de las órdenes ejecutivas (decretos) firmadas por el mandatario norteamericano en enero pasado, lo fue la concerniente a la prohibición de la ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en los Estados Unidos y que entraría en vigencia a partir del próximo 27 de julio.
Sin embargo, en una demandada colectiva presentada por la Unión de Libertades Civiles conocida en inglés como la (ACLU) sobre la orden ejecutiva que limitaría la ciudadanía norteamericana a los hijos de padres considerados no legales, el juez federal por New Hampshire Joseph Laplante bloqueó a nivel nacional (para todo el territorio) esa orden ejecutiva el 10 de julio del 2025.
“Privar de la ciudadanía estadounidense es el mayor privilegio que existe en el mundo y en un cambio abrupto de una política de larga data, y provoca daños irreparables” expresó en su fallo el magistrado Laplante que fue nombrado por el presidente republicano George W. Bush.
El gobierno a partir de la decisión judicial tiene un plazo de siete días para apelar la decisión. Como es su costumbre, el gobierno podría llevar hasta la Suprema Corte de Justicia, la que ha votado favorablemente en ampliar los poderes del presidente como nunca antes en el sistema judicial de los Estados Unidos.
La Enmienda 14ª de la Constitución de los Estados Unidos establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en el país, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en el que residan.
Esta enmienda, adoptada en 1868, también estipula el principio del jus soli, o derecho de suelo, que otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, independientemente de la raza, la etnicidad, o el origen nacional de sus padres.
Para impedir o eliminar la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes ilegales, el gobierno de Trump debe contar con la aprobación de una nueva enmienda constitucional en el congreso estadounidense y para ello se necesitarían de acuerdo al artículo Quinto de la Constitución de los Estados Unidos tener el apoyo de dos tercios (34) de los votos de la Cámara de Representantes (diputados) y el Senado y ser ratificadas por tres cuartas partes (38) o más estados y esas condiciones no las tienen.
Además, el Congreso puede elegir referir las enmiendas propuestas ya sea a las legislaturas estatales, o a convenciones especiales convocadas en los estados para considerar su ratificación.
Pero en una abierta política antinmigrante que incluye a los que no tienen un estatus legal, los residentes permanentes e incluso ciudadanos norteamericanos, la administración Trump está enfocada en expulsar de su territorio al mayor número de inmigrantes que pueda.
Aunque en la realidad de los hechos, la inmigración, no es uno de los temas centrales en la sociedad norteamericana como los serían la economía, educación, salud, desarrollo de obras de infraestructuras, seguridad nacional y política internacional.
El gobierno de Trump que se comprometió a expulsar los criminales del suelo norteamericano, está haciendo todo lo contrario debido a que está expulsando a mano de obras esencial como la agrícola que ha vivido y vive por décadas sin tener un estatus de legalidad en Estados Unidos. Eso ha sido y es una acción injustificable desde el poder político.
Además, los obreros de los sectores como la construcción, servicios (turismo) y pequeños negocios están siendo presionados para que abandonen la Unión Americana e incluso los inmigrantes que disfrutan del Programa de Protección Temporal conocido en como el TPS que protege de la deportación de salvadoreños y hondureños, e incluso los haitianos también están al borde de ser deportados, debido a que el gobierno ha anunciado que esos permisos no serán validos a partir de septiembre del presente año 2025.
Los inmigrantes considerados como ilegales se han demostrado y documentado que realizan grandes aportes a la economía norteamericana en el pago de impuestos y son los que menos beneficios sociales reciben de los estados y el gobierno federal.
Según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP por sus siglas en inglés), los indocumentados pagaron entre el 2022 y 2024 en promedio 97 mil 700 millones de dólares en impuestos sobre la nómina (salarios), estatales, federales y locales.
Lo más razonable, es el que la administración Trump defina una real política migratoria que le permita a los inmigrantes la vía a la legalización.
Expulsar inmigrantes ilegales o no por solo por sacarlos de los Estados Unidos es una medida que a corto y largo plazo producirá consecuencias a la estructura productiva.
Es hora de que la administración Trump defina una real política de protección a los inmigrantes que merecen vivir legalmente en los Estados Unidos tenido como el país de las oportunidades.
El autor es un periodista, educador y escritor dominicano que reside en el Estado de Nueva Jersey. Puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
