Por Redacción 
Por Rolando Hernández
Desde que llegó a la Casa Blanca en enero pasado, el presidente Donald Trump se ha convertido en un verdadero reto para el sistema institucional en el que están fundamentados los Estados Unidos.
Trump ha utilizado y llevado a la práctica los poderes que puede invocar como mandatario y ese poder lo consolidó cuando la Suprema Corte de Justicia en una votación de 6 jueces a favor y 4 en contra de que el presidente goza de inmunidad para las decisiones presidenciales.
Es el caso de las decenas de órdenes ejecutivas (decretos) que ha firmado desde su retorno al poder, las cuales abarcan desde la economía, salud, inmigración, educación y ciudadanía las que en su mayoría han sido bloqueadas por los jueces federales por ser violatorias a la Constitución de los Estados Unidos.
Una de las Ordenes Ejecutivas más controversiales, es la que establece la federalización de la guardia nacional, es decir el envió de tropas a los Estados de parte el Gobierno dizque para controlar la violencia, cuando en la realidad de los hechos, los Estados cuentan con su propia guardia nacional y los departamentos de policías locales responsables de mantener el orden público.
Además, el presidente debe autorizar la guardia nacional cuando le es solicitada por los gobernadores estatales y eso hasta el momento no ha sucedido en estados como California, Oregón e Illinois a donde han llegado miembros del ejército autorizado por Trump en franca violación a las leyes.
El presidente ha tomado esa decisión amparada en la Ley de Insurrección de 1807 que faculta al presidente al envío de tropas federales y a movilizar la guardia nacional de los estados bajo condición de insurrección y seguridad de los ciudadanos.
La insurrección que en la práctica no existe ha sido la perfecta excusa del gobierno para movilizar a los militares.
En el artículo: ¿Qué es la Ley de Insurrección?, de la autoría de Joseph Nunn publicado en fecha 10 de junio de 2025 en el portar digital brennancenter.org, establece que la Ley de Insurrección autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares dentro de los Estados Unidos para reprimir una rebelión o violencia interna, o para hacer cumplir la ley en determinadas situaciones.
Esta ley implementa la facultad del Congreso concedida por la Constitución de “estipular el llamamiento de la milicia para ejecutar las leyes de la Unión, reprimir insurrecciones y repeler invasiones”.
Es la principal excepción de la Ley Posse Comitatus, (Insurrección) que, en términos generales, prohíbe a las fuerzas militares participar en actividades civiles de orden público.
La “Ley de Insurrección de 1807”, en realidad es una combinación de varias leyes promulgadas por el Congreso entre 1792 y 1871.
Hoy en día, estas disposiciones están recogidas en las Secciones 251 a 255 del Título 10 del Código de los Estados Unidos, según Nunn.
La Ley de Insurrección se invocó por última vez en 1992, cuando el gobernador de California solicitó asistencia militar al presidente George H.W. Bush en respuesta a los disturbios civiles que acontecieron en Los Ángeles luego de la absolución de cuatro agentes de policía blancos acusados de haberle dado una golpiza al conductor afroamericano, Rodney King.
Pero antes en 1965 el presidente Lyndon Johnson invocó unilateralmente la Ley de Insurrección en contra de los deseos de un estado para brindar protección a un grupo de activistas que marchaba en defensa de los derechos civiles de Selma a Montgomery hasta que hace varias semanas Donald Trump de manera personal lo hizo en flagrante violación a las leyes.
El mandatario estadounidense se ha concentrado en emitir Ordenes Ejecutivas a diestra y siniestra, como una forma de evitar que los temas centrales sean discutidos por ante los congresistas de la Cámara de Representantes (diputados) y el Senado.
Es de la creencia que puede tomar todas las decisiones por encima de las autoridades estatales, pero no es así, la realidad es que hasta que los Estados soliciten su intervención el ejecutivo no puede actuar, ni movilizar a ninguna de las tropas.
Debido a la falta de negociación de la Casa Blanca (Republicanos) y los Demócratas en llegar a un acuerdo sobre la Ley de Presupuesto, el gobierno federal ha sido cerrado y que no podrá ser abierto por una orden ejecutiva, sino mediante la aprobación de una ley aprobada por los congresistas. Mientras tantos cientos de empleados federales y militares no recibirán sus pagos y otros servicios fruto de la presente situación.
A pesar de que varios jueces federales han emitido órdenes judiciales en las que prohíben al gobierno desplegar tropas federales en los estados California e Illinois, el gobierno lo continúa haciendo.
Lo que se espera es que la demanda sea presentada por el propio gobierno ante la Suprema Corte de Justicia de que puede ordenar el desplazamiento de los militares, la cual tendrá que anular las órdenes ejecutivas que han sido aprobadas por el presidente Donald Trump que se ha amparado en la Ley de Insurrección.
Por el momento, mientras el gobierno respete las decisiones de no movilizar a los militares, es tiempo de esperar en el futuro inmediato la decisión de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia sobre la aplicación de la “Ley de Insurrección de 1807”.
El autor es periodista, educador y escritor dominicano radicado en el Estado de Nueva Jersey. Puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
