Por Redacción 
Por Rolando Hernández
Como nunca antes en la política dominicana el narcotráfico se ha hecho sentir a lo interno de los partidos políticos en la Republica Dominicana. Diputados, alcaldes, regidores, exfuncionarios e influyentes personas relacionadas con el quehacer político han sido condenados, acusados de manera formal o se encuentran en procesos de investigación debido a su presunta participación en organizaciones relacionadas al crimen organizado tanto a lo interno de la nación dominicana como en plano internacional.
Ya no es suficiente ser un político de carrera, un dirigente con sólidas bases sociales o ser miembro-dirigente de las organizaciones políticas, solo basta con tener mucho dinero para ser reclutado o admitido por los partidos políticos. Aunque se presentan los casos en que dirigentes políticos son arrastrados por las tentaciones del narcotráfico.
Entre los partidos políticos y organizaciones políticas afectadas por el narcotráfico se encuentran: el gobernante partido Revolucionario Moderno (PRM), El Bloque Social Demócrata (BIS), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
De acuerdo al organismo antidrogas de la República Dominicana (DNCD), Fabio Augusto Jorge-Puras exasesor honorífico para las zonas francas, es investigado por su presentada relación con el narcotráfico por la Administración para el Control de Drogas, conocida por sus siglas en inglés como la DEA.
Según la DEA a Jorge-Puras quien fue despedido de su posición honorífica (pero pagada) mediante el decreto gubernamental 273-25, se le investigó por su alegada participación en operaciones del narcotráfico durante los años 2003 y 2019.
También es investigado por la DEA por el mismo delito durante los años 2019 y 2020, Gaspar Antonio Polanco Virella, exdirector de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional en la capital de la nación dominicana y quien integró el equipo de seguridad del expresidente dominicano Hipólito Mejía (2000-2004). Ambos enfrentan los cargos de narcotráfico por ante el Condado de Miami Dade, Florida.
En el artículo titulado: “El narcotráfico empapa al poder: los casos de lavado y drogas que involucran políticos criollos” publicado en la versión digital del periódico Diario Libre en “los últimos cinco años, República Dominicana ha presenciado una preocupante conexión entre figuras políticas y estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos”.
El gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) liderea los casos de políticos a los que se les relaciona con el negocio del narcotráfico y lavado en la isla caribeña.
Es el caso de la exdiputada del PRM por la provincia de La Vega, Rosa Amalia Pilarte, quien fue condenada a cinco años de prisión por blanquear más de 4 mil millones de pesos dominicanos (unos 66 millones de dólares) y confiscadas 13 propiedades con un valor de unos 100 millones de pesos luego de un largo y accidentado proceso judicial que se inició en el año 2020.
Otro nombre que se destaca de acuerdo al artículo, es “exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz, también del PRM, quien fue arrestado en Miami en 2021 y, tras declararse culpable, fue condenado a 16 años de prisión en 2024 por conspirar para traficar más de cinco toneladas de cocaína hacia Estados Unidos”.
En el 2020, Yamil Abreu Navarro, exdirector municipal de Las Lagunas, provincia de Azua en la Regio Sur y dirigente del PRM, también fue extraditado a los Estados Unidos.
Para el 2021 de acuerdo a la prensa dominicana, el exalcalde de Las Galeras, provincia Samaná, en la región Nordeste Erquidenio Balbuena Águeda, exalcalde de Las Galeras (Samaná) fue extraditado por cargos de tráfico de cocaína en Puerto Rico donde enfrentó procesos judiciales por su presunta participación en una red de transporte de drogas por vía marítima.
Por el PRM, además se integran los también diputados Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero Cabrera y Héctor Darío Félix Félix, a quiénes se les relaciona con una de las mayores investigaciones antidrogas en el territorio dominicano en las últimas décadas.
A todos detalla el artículo “se les vincula con estructuras de financiamiento político irregular y vínculos operativos con redes de narcotráfico transnacional”.
El regidor del Distrito Nacional por el PRM, Edickson Herrera Silvestre, se entregó voluntariamente en mayo de este año a las autoridades estadounidenses tras ser acusado de conspirar para traficar cocaína hacia el suelo norteamericano. La acusación fue emitida por una corte federal de Florida, donde enfrenta tres cargos graves cargos narcotráfico internacional.
Según informes de prensa dominicanos en el 2022, Jeremías Jiménez Cruz, el excónsul dominicano en Jamaica, es declarado culpable al utilizar su inmunidad como diplomático para transportar grandes cantidades de cocaína por vía marítima y aérea por lo que fue condenado a 15 años de prisión.
Los acusados por asuntos de drogas narcóticas en su mayoría dirigentes políticos continúan con el exdiputado y director de distrito municipal en Bayahíbe, provincia La Altagracia en la región Este el territorio dominicano con Enriquillo Luis Brito, relacionado con los expoderosos partidos, el PLD y PRM, que fue apresado en compañía de su hijo en enero de 2025 por su presunta participación en la introducción de 9.8 toneladas de cocaína incautadas en el Puerto Caucedo.
Las acusaciones y detenciones por influencia del narcotráfico continuaron en el 2025 contra el general retirado William Durán Jerez, quien fue acusado en una corte federal estadounidense de conspirar para distribuir cocaína.
A Duran Jérez de acuerdo a las autoridades dominicanas se le identifica como uno de los supervisores logísticos de una red de tráfico hacia los Estados Unidos.
La presente situación demuestra no solo el drama en la que se encuentran los partidos y las organizaciones políticas que continúan siendo refugios para el accionar del narcotráfico que se apoya en el poder político como una forma de obtener impunidad por medio de la financiación política.
Mientras que el sistema de justicia dominicano más que esperar el accionar del sistema de otros poderes judiciales como el de los Estados Unidos en relación a la presencia del narcotráfico debería tomar una acción más participativa en investigar la presencia e influencia del narcotráfico en el quehacer político y social de la República Dominicana.
“Cuando el río suena, es porque trae agua”, dice la antigua sentencia popular y esto podría aplicarse al narcotráfico que desde hace años suena en la estructura de poder entre los dominicanos y debe ser detenido bajo el poder de la justicia.
El autor es periodista, educador y escritor dominicano radicado en el Estado de Nueva Jersey. Puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
