Por Redacción 
El debate no debe plantearse desde el rechazo a una lengua ni desde la relación histórica con Haití, sino desde una pregunta esencial: ¿qué justifica que el Estado dominicano convierta el aprendizaje del creole en una obligación para todos los estudiantes del país?
Por Marcos Sánchez
Hay debates que deben asumirse sin prejuicios, pero también sin temores a formular las preguntas incómodas.
La propuesta legislativa que plantea incorporar el creole como asignatura obligatoria en los centros educativos públicos y privados de República Dominicana merece precisamente ese tratamiento.
La iniciativa, presentada por el diputado Julio César Beltré, procura que el creole, junto al inglés y el francés, forme parte de la formación de los estudiantes desde el nivel primario hasta el secundario.
Entre sus fundamentos aparecen los vínculos históricos, comerciales, migratorios y culturales entre República Dominicana y Haití, así como la necesidad de fortalecer la comunicación y la cooperación, particularmente en la zona fronteriza.
El propósito puede ser debatido legítimamente, pero también debe ser cuestionado.
Porque una cosa es reconocer que el conocimiento del creole puede resultar útil en determinados ámbitos de la sociedad dominicana y otra, completamente distinta, es convertir esa utilidad en una obligación curricular de alcance nacional y ahí está el verdadero debate.
No cuestionamos el creole. Cuestionamos su obligatoriedad
Es necesario establecer esta diferencia desde el principio. Aprender creole no constituye un problema.
Por el contrario, existen dominicanos para quienes dominar el kreyòl haitiano puede representar una ventaja profesional, académica, comercial o institucional.
Un médico que atienda pacientes haitianos puede beneficiarse de conocerlo. Lo mismo puede ocurrir con un periodista, abogado, diplomático, funcionario público, comerciante, profesor, trabajador fronterizo o profesional vinculado directamente con Haití.
El conocimiento de una lengua nunca debería ser visto como una amenaza.
Pero tampoco toda lengua útil debe convertirse automáticamente en una asignatura obligatoria para toda la población escolar. Promover no es imponer.
El Estado puede facilitar, estimular y financiar el aprendizaje del creole sin establecer necesariamente que todos los estudiantes dominicanos tengan que estudiarlo.
La diferencia es fundamental.
Compartir una isla no determina por sí solo el currículo nacional
República Dominicana y Haití comparten una isla, una frontera y una historia profundamente entrelazada.
También mantienen relaciones comerciales, migratorias y sociales que hacen particularmente importante la comunicación entre ambas poblaciones. Todo eso es cierto.
Pero de esas realidades no se desprende automáticamente que el aprendizaje obligatorio del creole deba convertirse en una prioridad educativa para todos los estudiantes del país.
• La frontera tiene necesidades particulares.
• El comercio fronterizo tiene necesidades particulares.
• Los servicios públicos que atienden población haitiana tienen necesidades particulares.
• Las profesiones relacionadas directamente con Haití tienen necesidades particulares.
Entonces cabe formular una pregunta sencilla ¿Por qué la respuesta debe ser exactamente la misma para un estudiante de Pedernales que para uno de Santo Domingo, Santiago, La Romana o Punta Cana?
La cercanía geográfica puede justificar una oportunidad de aprendizaje. No necesariamente justifica una obligación nacional.
Una política educativa inteligente debería distinguir entre las necesidades de un territorio, las necesidades de determinados sectores profesionales y las prioridades formativas de toda una nación.
El verdadero problema: ¿por qué convertirlo en obligatorio?
Aquí aparece la cuestión que, a nuestro juicio, merece mayor atención. No basta con demostrar que aprender creole puede ser útil.
También habría que demostrar que esa utilidad es suficientemente amplia, estratégica y prioritaria como para justificar que el Estado obligue a todos los estudiantes dominicanos a incorporarlo dentro de su formación.
Son dos cosas muy diferentes. En educación, agregar una asignatura no significa simplemente agregar conocimiento.
Significa asignar horas de clase, formar docentes, elaborar programas, producir materiales, diseñar evaluaciones, establecer mecanismos de certificación y destinar recursos públicos y significa, inevitablemente, restar tiempo a otras áreas.
Por eso la pregunta correcta no es: ¿Es bueno aprender creole? Naturalmente que puede serlo.
La pregunta correcta es: ¿Es obligatorio aprender creole la mejor utilización posible del tiempo y los recursos del sistema educativo dominicano?
La respuesta requiere algo más que una buena intención.
¿Y por qué tres idiomas obligatorios?
La propuesta incorpora además inglés y francés. Aquí también conviene diferenciar prioridades.
El inglés posee una utilidad internacional extraordinariamente amplia. Está presente en el turismo, los negocios, la tecnología, la ciencia, la aviación, la educación superior, la comunicación internacional y buena parte de la economía global.
El francés, por su parte, tiene un enorme valor cultural, académico, histórico y diplomático.
Pero ninguna de esas consideraciones debería llevarnos a aceptar automáticamente la obligatoriedad de una lengua sin discutir previamente su pertinencia curricular, el nivel de dominio que se pretende alcanzar y los recursos disponibles para conseguirlo.
Mucho menos debería aceptarse que el francés sea presentado como una suerte de idioma indispensable para la diplomacia internacional, porque la realidad mundial es mucho más amplia.
Si la política educativa pretende formar ciudadanos capaces de desenvolverse en el mundo, entonces debe hacerlo desde una perspectiva verdaderamente global y estratégica. No desde una acumulación de asignaturas.
El sistema educativo no puede convertirse en un depósito de obligaciones
Existe una tentación recurrente en las políticas educativas: cuando aparece una necesidad social legítima, la primera respuesta suele ser incorporarla al currículo escolar. Pero el currículo no es infinito.
Cada nueva obligación compite por espacio con otras y República Dominicana todavía tiene desafíos fundamentales en comprensión lectora, matemáticas, ciencias, formación docente, pensamiento crítico, competencias digitales y dominio efectivo de idiomas extranjeros.
Por eso resulta legítimo preguntar si antes de ampliar las obligaciones del estudiante no deberíamos garantizar que el sistema está cumpliendo eficazmente las que ya tiene.
Más asignaturas no significan automáticamente mejor educación. Un currículo puede ser más extenso y, al mismo tiempo, producir aprendizajes menos profundos.
La discusión debería orientarse hacia la calidad y la pertinencia, no hacia la cantidad.
La frontera sí necesita creole
Aquí creemos que existe un punto de encuentro.
Sí hay espacios donde el dominio del creole puede y debe ser fortalecido. Las provincias fronterizas constituyen un escenario evidente.
También determinados sectores de la administración pública, salud, seguridad, migración, comercio, turismo, relaciones internacionales y servicios comunitarios.
• ¿Por qué no desarrollar allí programas especializados?
• ¿Por qué no crear becas?
• ¿Por qué no establecer certificaciones?
• ¿Por qué no incentivar a docentes y profesionales que aprendan kreyòl?
• ¿Por qué no incorporar su enseñanza en determinadas carreras universitarias?
• ¿Por qué no crear programas de formación lingüística para funcionarios que tengan contacto permanente con población haitiana?
Eso sería una política pública focalizada y ésta una puede ser mucho más eficiente que convertir una necesidad sectorial en una obligación para millones de estudiantes.
República Dominicana necesita ciudadanos políglotas, no necesariamente más obligaciones
Hay algo en lo que sí podemos coincidir plenamente con el espíritu de la iniciativa:
República Dominicana necesita ciudadanos que hablen más de un idioma.
Necesitamos fortalecer el inglés; ampliar las oportunidades para estudiar francés; facilitar el aprendizaje de portugués, mandarín, alemán, italiano, creole y otras lenguas para quienes encuentren en ellas una utilidad académica o profesional.
Pero precisamente porque necesitamos ciudadanos políglotas, debemos abandonar la lógica de que cada nueva necesidad lingüística tiene que resolverse convirtiéndola en obligación universal.
La educación debe abrir posibilidades.
No necesariamente imponerlas todas.
La República Dominicana no es únicamente un país fronterizo.
Es también una nación turística, comercial, caribeña, latinoamericana y global.
Sus ciudadanos estudian, trabajan, comercian y se relacionan con Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, Asia y el resto del mundo.
Por eso el currículo nacional debe responder a una visión integral del país y de su inserción internacional.
Respetar el creole no significa imponerlo
También sería un error convertir este debate en una confrontación contra Haití. El kreyòl haitiano es una lengua con identidad, historia, estructura y millones de hablantes.
Merece respeto. Aprenderlo no disminuye al dominicano. Hablarlo tampoco significa renunciar a la identidad nacional, pero reconocer su valor lingüístico no obliga a la República Dominicana a establecerlo como asignatura obligatoria para todos sus estudiantes.
Una nación tiene derecho a definir soberanamente sus prioridades educativas y puede hacerlo sin despreciar la lengua, la cultura ni la dignidad de su vecino. Una cosa no contradice la otra.
El Congreso debe discutir prioridades, no solamente buenas intenciones
El proyecto legislativo representa una oportunidad para abrir una conversación mucho más profunda sobre el tipo de ciudadano que queremos formar.
Pero esa conversación no debería reducirse a determinar si el creole es importante. Hay que ir mucho más lejos.
• ¿Cuál es el beneficio nacional concreto de convertirlo en obligatorio?
• ¿Cuánto costará implementar la medida?
• ¿Existe actualmente la cantidad de docentes necesaria?
• ¿Cómo serán preparados y certificados?
• ¿Cuántas horas lectivas requerirá?
• ¿Qué asignaturas tendrán que ceder espacio?
• ¿Qué resultados se esperan?
• ¿En cuánto tiempo se alcanzaría un nivel funcional de dominio?
• ¿Tiene sentido aplicar exactamente la misma obligación en todo el territorio nacional?
• ¿O sería más eficiente concentrar recursos donde existe una necesidad comprobable?
Y existe una pregunta todavía más importante:
¿Existe una diferencia entre que algo sea conveniente y que deba ser obligatorio?
Nosotros creemos que sí, y esa diferencia debe ser el centro de la discusión.
No todo lo útil tiene que ser obligatorio
Una política educativa responsable no puede construirse únicamente a partir de la premisa de que determinada competencia es beneficiosa.
Debe determinar, además, si esa competencia justifica una obligación estatal.
El Estado puede considerar conveniente que sus ciudadanos conozcan primeros auxilios, programación, educación financiera, idiomas, inteligencia artificial, historia universal, nutrición, emprendimiento o múltiples herramientas adicionales.
Pero la existencia de una utilidad no significa que todas deban convertirse en asignaturas obligatorias.
La pregunta siempre debe ser cuál es la prioridad y las prioridades educativas deben establecerse con criterios de impacto, pertinencia, recursos disponibles y necesidades nacionales.
Una alternativa más razonable
En lugar de imponer el creole a todos los estudiantes, República Dominicana podría establecer una política nacional de promoción de su aprendizaje.
• Podría fortalecer su enseñanza en las zonas fronterizas.
• Podría crear programas especializados para profesionales de salud, educación, justicia, seguridad, migración, comercio y servicios públicos.
• Podría incentivar su estudio en universidades.
• Podría ofrecer certificaciones oficiales.
• Podría establecer programas de intercambio y formación lingüística.
Incluso podría estimular su aprendizaje entre quienes voluntariamente deseen adquirir esa competencia.
De esa manera, el país aprovecharía las ventajas del conocimiento del creole sin convertirlo necesariamente en una obligación generalizada. Eso es promoción lingüística.
Convertirlo en requisito para todos es otra decisión.
La pregunta final
República Dominicana no necesita tenerle miedo al creole. Tampoco necesita rechazarlo.
Necesita, simplemente, pensar con criterio de Estado. Si una lengua puede abrir oportunidades, debe existir la posibilidad de aprenderla.
Si una región necesita profesionales que la dominen, deben crearse programas para formarlos.
Si determinados sectores requieren esa competencia, el Estado debe facilitarla.
Pero cuando se pretende convertir esa necesidad en una obligación para todos los estudiantes del país, la carga de la prueba cambia.
Ya no basta con demostrar que el creole es útil. Se hace imperativo demostrar que su obligatoriedad constituye una prioridad nacional y esa demostración todavía requiere un debate serio.
Porque promover una lengua es una decisión educativa y convertirla en obligación para toda una generación es una decisión de política nacional.
Una decisión de esa magnitud no debería sustentarse únicamente en la proximidad geográfica, los vínculos históricos, la realidad fronteriza o las buenas intenciones.
Debe sustentarse en una necesidad nacional claramente demostrada, en una estrategia educativa viable y en una utilización racional de los recursos del sistema.
Creemos que un dominicano debe tener plena libertad para aprender creole, y que el Estado debe facilitar ese aprendizaje cuando exista una necesidad concreta.
Lo que cuestionamos es que el Estado determine que todos los estudiantes dominicanos tienen que hacerlo.
Porque una nación no demuestra su visión de futuro acumulando obligaciones en el currículo.
La demuestra eligiendo correctamente cuáles conocimientos son verdaderamente prioritarios para sus nuevas generaciones.
El aitor es Fundador y Director Editorial de Exposición Mediática. Con tres décadas en medios y veinte años como articulista, ejerce un periodismo de interpretación pública que articula análisis riguroso y reflexión cultural. Su trabajo se centra en la legalidad, la interpretación de procesos complejos y el interés ciudadano. Es además locutor, escritor, profesor bilingüe, creativo y actor. Su propuesta editorial integra un enfoque cultural y didáctico permanente, orientado a la formación de criterio ante debates nacionales e internacionales.
