Por Redacción 
Redacción Exposición Mediática.- La Fiscalía española archivó la denuncia por agresión sexual contra Julio Iglesias sin pronunciarse sobre los hechos. No hubo juicio oral, no hubo valoración probatoria, no hubo sentencia. Hubo, en cambio, una decisión estrictamente procesal que dejó al descubierto una verdad incómoda: la justicia penal, incluso en democracias consolidadas, tiene límites geográficos muy precisos.
Para una opinión pública acostumbrada a leer los archivos judiciales como absoluciones implícitas, la decisión puede resultar confusa o incluso sospechosa. Pero el archivo no fue una concesión ni un gesto político. Fue, desde el punto de vista técnico, una consecuencia inevitable del diseño del sistema judicial español.
Cómo funciona realmente la justicia penal en España
España no opera bajo un modelo de persecución penal expansiva. Su sistema se rige por principios clásicos del derecho continental europeo, donde la competencia jurisdiccional es una condición previa e innegociable. Sin competencia, no hay proceso. Sin proceso, no hay verdad judicial posible.
El eje del sistema lo conforman tres pilares:
1.- Principio de territorialidad
2.- Competencia objetiva y funcional de los tribunales
3.– Limitación estricta de la jurisdicción extraterritorial
En términos simples: los tribunales españoles están diseñados para juzgar hechos ocurridos en España o con efectos directos y demostrables en su territorio.
La territorialidad como regla, no como excepción
El Código Penal español y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establecen que la jurisdicción penal se ejerce, como regla general, sobre delitos cometidos dentro del territorio nacional. Este principio no es decorativo: es el cimiento del sistema.
Cuando una denuncia describe hechos ocurridos fuera de España, la primera pregunta que se formula la Fiscalía no es “¿son graves?”, sino “¿tenemos competencia para investigarlos?”.
En el caso de Julio Iglesias, la respuesta fue negativa. Los hechos denunciados habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas. No se alegó que se produjeran efectos jurídicos directos en España. No se trató de un delito continuado con ejecución parcial en territorio español. No hubo, por tanto, anclaje territorial.
¿Y la Audiencia Nacional?
Existe una percepción extendida —pero errónea— de que la Audiencia Nacional puede conocer cualquier caso de relevancia internacional. No es así.
La Audiencia Nacional es un tribunal con competencias muy concretas y tasadas, entre ellas:
• Terrorismo
• Crimen organizado transnacional
• Delitos económicos de gran impacto
• Determinados delitos cometidos fuera de España, solo si cumplen requisitos muy estrictos
Las agresiones sexuales entre adultos no forman parte de la jurisdicción universal española, salvo supuestos excepcionales que aquí no concurren.
La jurisdicción extraterritorial: una puerta casi cerrada
España sí puede juzgar delitos cometidos en el extranjero, pero solo cuando se cumplen condiciones acumulativas, no alternativas.
Entre ellas:
• Que el acusado sea español
• Que tenga residencia habitual en España
• Que el hecho sea delito también en el país donde ocurrió
• Que no exista un proceso en curso en ese país
• Que el delito esté expresamente contemplado en la ley como perseguible extraterritorialmente
En este caso:
• Julio Iglesias es español, pero no reside en España
• Las denunciantes no son españolas ni residentes en España
• Los hechos no ocurrieron en territorio español
• No se trata de delitos incluidos en la jurisdicción universal
El sistema no deja margen interpretativo. La Fiscalía no tenía opción legal distinta al archivo.
La reforma de 2014: el contexto que explica todo
Hasta 2014, España contaba con uno de los regímenes de jurisdicción universal más amplios del mundo. Esa arquitectura permitió procesos emblemáticos contra dictadores y responsables de crímenes internacionales.
Pero esa amplitud tuvo un costo político y diplomático. Bajo presión internacional, el legislador español optó por una reforma restrictiva que cerró casi por completo la puerta a los delitos cometidos fuera del país, salvo en casos extremos.
Desde entonces, la justicia española dejó de ser un foro global. Se volvió —deliberadamente— doméstica.
El caso Julio Iglesias es un producto directo de esa decisión legislativa.
Por qué la Fiscalía no podía “investigar un poco más”
Una pregunta recurrente es por qué la Fiscalía no practicó diligencias preliminares más amplias. La respuesta es técnica, pero fundamental.
Sin competencia jurisdiccional:
• No se pueden ordenar interrogatorios válidos
• No se pueden requerir documentos en el extranjero
• No se pueden solicitar medidas cautelares
• No se puede imputar formalmente a nadie
Cualquier actuación habría sido jurídicamente nula y habría vulnerado derechos fundamentales, incluida la tutela judicial efectiva.
En otras palabras: investigar sin competencia no es valentía institucional, es arbitrariedad.
El archivo y su mala interpretación pública
El archivo ha sido leído por algunos como una exoneración implícita. Es una lectura incorrecta.
• El archivo por falta de jurisdicción:
• No afirma que los hechos no ocurrieron
• No evalúa la credibilidad de las denunciantes
• No declara inocencia
• No cierra la puerta a otras jurisdicciones
Es una declaración de incompetencia, no de verdad.
¿Por qué no se activaron otros sistemas judiciales?
Aquí aparece el vacío real.
República Dominicana y Bahamas tendrían jurisdicción natural. Sin embargo, hasta ahora:
• No se han anunciado investigaciones formales
• No se ha informado de denuncias presentadas localmente
• El tiempo transcurrido complica la persecución penal
El resultado es un limbo jurídico donde ningún sistema actúa plenamente.
El factor poder y movilidad
Este no es un caso aislado. Es un patrón.
Las personas con recursos, asesoría legal internacional y capacidad de residencia múltiple habitan un espacio donde la justicia se fragmenta. No porque el sistema esté corrompido, sino porque está diseñado para funcionar dentro de fronteras que el poder económico y personal atraviesa con facilidad.
La justicia penal moderna sigue siendo territorial. El poder, no.
Una insatisfacción compartida
El archivo no satisface a nadie.
• No satisface a quienes reclaman justicia para las denunciantes.
• No satisface a quienes defienden la presunción de inocencia.
• No satisface a quienes esperan una verdad procesal clara.
Deja una sensación más inquietante: la de un sistema que, aun funcionando correctamente, no siempre alcanza a resolver los conflictos que la realidad contemporánea le plantea.
Sintesis
El archivo del caso Julio Iglesias no resolvió la pregunta central —qué ocurrió—. Resolvió otra, más fría y estructural: quién puede preguntar.
Y la respuesta fue: nadie, aquí.
Mientras la justicia siga atada al territorio y el poder circule libremente entre jurisdicciones, seguirán existiendo casos que no terminan en absolución ni condena, sino en silencio procesal. No por falta de ley o por falta de normas.S ino por exceso de fronteras.
