Cuando la tecnología falla el día de las elecciones: ¿qué es el delito electrónico electoral?

 

Serie: Delito electrónico electoral, de sus orígenes a la era de la IA (1 de 8)

Por José Aquino A.

El 16 de febrero de 2020, la Junta Central Electoral (JCE) suspendió las elecciones municipales por fallas en el voto automatizado. El sistema estaba previsto para 9,757 de los 16,032 colegios electorales del país, distribuidos en 1,772 recintos. Aunque el resto utilizaría votación manual, la suspensión alcanzó todo el territorio.

Ese episodio plantea la pregunta que atraviesa esta serie: cuando la tecnología falla en unas elecciones, ¿estamos ante un error o ante un delito?

La auditoría posterior de la Organización de los Estados Americanos (OEA) identificó deficiencias del software de personalización y de gestión informática. No encontró evidencia de ataques externos, sabotaje o intento de fraude. Una falla puede comprometer unas elecciones sin constituir, por sí misma, un delito.

Del fallo técnico al delito electoral

Para fines de esta serie, utilizaremos la expresión “delito electrónico electoral” para describir conductas penalmente sancionadas que emplean tecnologías digitales para atacar la integridad electoral o el libre ejercicio del voto.

Los riesgos pueden presentarse antes, durante o después de la votación, en tres ámbitos:

1. Infraestructura: acceso indebido a padrones, sabotaje de equipos y alteración de la transmisión de resultados.
2. Información: suplantación de identidad y campañas engañosas mediante cuentas automatizadas, videos falsos o voces clonadas.
3. Datos personales: utilización ilícita de información de votantes para perfilarlos, intimidarlos o presionarlos.

Usar bots, inteligencia artificial o técnicas de perfilado no constituye automáticamente un delito. La responsabilidad penal depende de la conducta, las pruebas y la legislación aplicable.

El riesgo digital tampoco desaparece cuando se vota en papel: puede afectar los padrones, las comunicaciones institucionales y los sistemas de divulgación de resultados.

Un equipo mal configurado o un programa insuficientemente probado pueden revelar fallas de gestión. Para determinar si existe delito deben acreditarse los elementos de una infracción prevista legalmente; la gravedad del resultado no basta para demostrarlo.

En República Dominicana, el artículo 317 de la Ley 20-23 contempla acciones dirigidas a impedir la celebración de elecciones y remite a la Ley 53-07 cuando se ejecutan mediante sistemas informáticos u otros medios tecnológicos.

La confianza también se audita

El 31 de enero de 2020, Alhambra Eidos presentó las conclusiones de una auditoría del sistema utilizado en las primarias de octubre de 2019, sin detectar código malicioso en lo examinado. Toda auditoría tiene un alcance: sus resultados deben comunicarse junto con sus límites.

Proteger la confianza exige pruebas previas, auditorías independientes, planes de contingencia y explicaciones públicas oportunas.

Del 11 al 13 de noviembre de 2026, Santo Domingo acogió la XIX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, que abordó ciberseguridad, inteligencia artificial y desinformación, y llamó a fortalecer la confianza y la resiliencia institucional.

La unificación electoral de 2032, establecida por la reforma constitucional de 2024, refuerza la importancia de estos desafíos.

Qué debe saber el ciudadano

1. Fallo no equivale a fraude: exija pruebas.
2. Contraste denuncias con fuentes oficiales, observadores acreditados e informes técnicos.
3. Conserve enlaces y archivos originales de posibles irregularidades y denúncielas ante las autoridades competentes.

La confianza electoral se protege con sistemas verificables, instituciones que rindan cuentas y ciudadanos que exijan pruebas antes de compartir acusaciones.

 

El autor es profesor universitario y consultor en tecnologías de la información, especialista en Seguridad y Defensa, Protección de Datos y Sistemas de Información.

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