Por Redacción 
Por Richard Moreta Castillo
El desarrollo urbano de la República Dominicana se encuentra en una encrucijada crítica. Lo que debería ser un motor de progreso económico y bienestar social se ha transformado, por la falta de planificación y una gobernanza deficiente, en un conjunto de desequilibrios territoriales que amenazan la sostenibilidad a largo plazo. Mientras el país se encamina hacia una realidad donde para el año 2050 más del 90 por ciento de su población residirá en entornos urbanos, la capacidad de nuestras ciudades para absorber este crecimiento con equidad y eficiencia es cada vez más cuestionada.
El desarrollo urbano dominicano enfrenta una crisis crítica debido a la falta de planificación, un déficit habitacional de 1.4 millones de unidades y una creciente vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Este desorden territorial es agravado por un sistema de gobernanza donde la lealtad partidista prevalece sobre la capacidad técnica en ministerios estratégicos. Al priorizar obras de visibilidad política sobre inversiones estructurales, se perpetúa una desigualdad socioespacial que margina a gran parte de la población. Ante una proyección donde el 90% de la ciudadanía residirá en zonas urbanas para 2050, resulta imperativo profesionalizar la administración pública. Solo mediante una gestión basada en datos y competencia, el Estado podrá romper el ciclo de clientelismo y garantizar un territorio sostenible. La calidad de nuestras ciudades será, en última instancia, el reflejo directo de la capacidad técnica de nuestra dirigencia.
La crisis del sector vivienda es el síntoma más visible de este desorden. Actualmente, el déficit habitacional en el país se sitúa en aproximadamente 1.4 millones de unidades, afectando a cerca del 39.3 por ciento de la población. Este fenómeno no se limita simplemente a la falta de ladrillos o techos; el 60 por ciento de este déficit es cualitativo, lo que significa que millones de dominicanos habitan viviendas que carecen de condiciones básicas de seguridad, servicios públicos o salubridad.
La realidad de estas familias se ve agravada por una informalidad laboral que alcanza al 54.8 por ciento de la fuerza de trabajo, cerrando las puertas al financiamiento formal y perpetuando el crecimiento de asentamientos informales en zonas de alto riesgo.
La gráfica ilustra la proyección de crecimiento de la población urbana en la República Dominicana hacia el año 2050, destacando el reto que esto representa para la capacidad de absorción y planificación del Estado.
Este panorama es, en gran medida, el resultado de décadas de crecimiento urbano descontrolado. La ausencia de límites urbanos claros en los municipios ha fomentado la proliferación de residenciales desvinculados de las infraestructuras de transporte, agua potable y gestión de desechos. Cada fenómeno hidrometeorológico que golpea el territorio dominicano revela con crudeza el costo de esta improvisación: una infraestructura vulnerable, expuesta a inundaciones y deslizamientos, que evidencia la urgencia de aplicar con rigor la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Sin embargo, el obstáculo más profundo para revertir esta tendencia no es solo técnico o económico, sino político. La administración del Estado dominicano ha sido tradicionalmente permeable a un sistema de nombramientos donde la lealtad partidista supera a la capacidad técnica. No es extraño observar ministerios estratégicos, cuyas decisiones definen el futuro de nuestras ciudades, liderados por figuras provenientes del mundo empresarial o político que carecen de una formación especializada en urbanismo, ingeniería civil o gestión ambiental.
Aunque estos funcionarios se rodean de equipos de asesores, el problema se magnifica cuando esos mismos equipos también son seleccionados bajo el criterio de conexiones políticas. Cuando el liderazgo carece de la pericia necesaria para comprender la complejidad de un sistema urbano, la planificación se reduce a reacciones de corto plazo. Se priorizan obras de visibilidad política inmediata sobre inversiones estructurales necesarias, como el drenaje pluvial resiliente, el transporte público masivo integrado o la protección efectiva de espacios verdes que mitiguen las islas de calor urbano.
La falta de expertise en la toma de decisiones crea un vacío de visión estratégica. Un administrador general puede ser muy capaz en su sector privado, pero liderar una institución de ordenamiento territorial requiere entender variables como la resiliencia climática, el derecho a la ciudad y la dinámica demográfica.
Cuando este conocimiento falta, las políticas públicas pierden coherencia y transparencia. El resultado es un territorio segmentado donde, mientras unos sectores crecen con servicios de lujo, otros se hunden en la precariedad, aumentando la desigualdad socioespacial.
Esta visualización resalta cómo, a pesar de que el déficit habitacional en millones es un número absoluto menor, su impacto cualitativo y la tendencia de crecimiento poblacional y laboral crean una presión insostenible sobre la infraestructura urbana, especialmente ante una gobernanza que prioriza la política sobre la pericia técnica.
La solución requiere romper el ciclo de clientelismo que dicta quién ocupa las sillas del poder. La profesionalización de la administración pública no es una opción, sino una necesidad de supervivencia nacional. La creación de ciudades sostenibles exige que los tomadores de decisiones posean la solvencia técnica para interpretar las complejas demandas del territorio y la capacidad de gestión para implementar soluciones basadas en datos, no en favores políticos.
Mientras el diseño de nuestras ciudades siga siendo un ejercicio de prueba y error, ejecutado por quienes llegaron al puesto por conexiones y no por competencia, la brecha habitacional continuará expandiéndose. La República Dominicana tiene el potencial de organizar su territorio con eficiencia y equidad, pero para lograrlo, debe elevar los estándares de su gobernanza institucional. La sostenibilidad urbana es, en última instancia, el reflejo de la calidad de su dirigencia; si no hay capacidad técnica en la cabeza del Estado, el territorio terminará pagando, una y otra vez, el precio del desorden.
