Por Redacción 
Rafael Jesús Féliz García, quien fuese nombrado titular del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) el 17 de julio de 2024 y destituido de la rectoría mediante el Decreto núm. 39-26 del Poder Ejecutivo, el 23 de enero de 2026.
Redacción Exposición Mediática.- Por meses, Rafael Jesús Féliz García ocupó la rectoría del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) sin mayores sobresaltos públicos. Su perfil —exministro, dirigente juvenil, figura cercana al oficialismo— parecía encajar con la narrativa de renovación institucional que el Gobierno dominicano ha promovido desde 2020.
Sin embargo, un reportaje periodístico alteró abruptamente ese escenario y terminó con su salida del cargo mediante decreto presidencial.
El Decreto núm. 39-26, emitido por el presidente Luis Abinader, derogó el artículo 13 del Decreto 390-24, que lo había designado rector en julio de 2024. Aunque el texto oficial se limita a señalar que la medida se adopta dentro de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y como parte de los procesos de evaluación y fortalecimiento institucional, el contexto político y mediático sugiere que la destitución no fue una decisión aislada ni fortuita.
La denuncia que detonó la crisis
Semanas antes del decreto, la periodista de investigación Nuria Piera difundió un reportaje en el que denunciaba que empleados del ITLA habrían estado realizando aportaciones periódicas de un porcentaje de sus salarios a favor del movimiento político “Jóvenes Unidos por el Cambio”, organización fundada por el propio Féliz García.
Según el trabajo periodístico, los descuentos —cercanos al 5 %— se efectuaban de manera recurrente y eran transferidos a cuentas vinculadas al movimiento. El reportaje incluyó testimonios de empleados y documentación que, de acuerdo con la periodista, evidenciaban el flujo sistemático de recursos desde trabajadores de una institución pública hacia una estructura política privada.
La revelación planteó una interrogante de alto impacto: ¿se estaba utilizando la posición de autoridad dentro de una entidad estatal para financiar un proyecto político?
La respuesta institucional
La reacción no se hizo esperar. Tanto Rafael Féliz García como el ITLA emitieron comunicados rechazando categóricamente las acusaciones. El entonces rector negó haber autorizado, promovido o tolerado cualquier mecanismo de deducción salarial con fines políticos y sostuvo que no existía ninguna disposición administrativa ni procedimiento de nómina que respaldara tales prácticas.
La institución, por su parte, aseguró que los procesos de pago se ajustaban a la normativa vigente y anunció la disposición de someterse a revisiones de los órganos de control correspondientes, incluyendo instancias de ética gubernamental.
Formalmente, el caso parecía quedar en un punto muerto: denuncia periodística de un lado, desmentido institucional del otro.
El silencio oficial y la señal política
Lo que rompió ese equilibrio fue la decisión del Poder Ejecutivo. Sin ofrecer detalles adicionales ni presentar públicamente los resultados de una investigación administrativa o auditoría, el presidente Abinader optó por remover al rector. En la práctica, el decreto funcionó como una señal política inequívoca: el Gobierno no estaba dispuesto a sostener en el cargo a un funcionario envuelto en un escándalo de esa naturaleza, aun cuando las acusaciones no hubiesen sido formalmente judicializadas.
En sistemas democráticos, este tipo de decisiones suele leerse más en clave de responsabilidad política que de culpabilidad penal. No se trata necesariamente de establecer delitos, sino de preservar la credibilidad institucional y evitar que la duda se enquiste en entidades estratégicas del Estado.
El trasfondo del “menudo extra”
El caso deja al descubierto una práctica conocida —aunque pocas veces documentada— en la política dominicana: la confusión entre estructuras públicas y proyectos partidarios, especialmente cuando se trata de liderazgos juveniles que transitan con facilidad entre el activismo político y la administración estatal.
“El Muchacho Que Quería Un Alegado Menudo Extra” no es solo una metáfora irónica; es una descripción de un modelo que ha persistido por décadas, donde pequeños aportes, sumados, construyen poder político, a veces en zonas grises de la legalidad y la ética.
Lo que aún falta por esclarecer
Hasta el momento, no se han hecho públicos informes oficiales que confirmen o descarten de manera definitiva las denuncias. Tampoco se ha informado si el Ministerio Público o los órganos de control del Estado han abierto investigaciones formales.
La destitución, por sí sola, no responde todas las preguntas. Pero sí marca un precedente: en la actual administración, al menos en el plano político, la sospecha razonable puede ser suficiente para provocar una salida.
El caso Féliz García queda ahora en manos del tiempo y de las instituciones. Mientras tanto, el ITLA cambia de timón y el Gobierno envía un mensaje claro: incluso los “muchachos” del proyecto oficialista no están exentos de caer cuando el “menudo extra” parece cruzar la línea.
