Por Redacción 
Por Daniel Santana
Voy a abordar de manera didáctica y puntual algunas condiciones relacionadas con el tema de la seguridad en Lomisa, desde una perspectiva social, comunitaria y constitucional.
Lo primero que debe quedar claro es que la supuesta seguridad del Residencial Lomisa no fue un proyecto consensuado, ni discutido, ni analizado, ni ponderado por la comunidad. En términos más claros: no se realizó ningún estudio de factibilidad que garantizara la sostenibilidad del proyecto.
Por el contrario, fue impuesto a la fuerza por dos o tres bravucones del sector, quienes luego convencieron a otros para su aplicación.
Se trató de un método de imposición autoritaria, no de un acuerdo comunitario.
Es importante recordar que la seguridad pública, conforme a la Constitución de la República Dominicana, es una responsabilidad del Estado, articulada a través de sus instituciones nacionales y municipales, y no un asunto individual ni privado.
La Constitución reconoce el derecho fundamental a la libertad y seguridad personal, así como la dignidad humana como principio supremo del ordenamiento jurídico.
Por tanto, cualquier iniciativa relacionada con seguridad debe respetar esos derechos.
Este pequeño grupo, conformado por personas con mayores posibilidades económicas, vive dominado por el miedo.
Temen a todo lo que los rodea; ven delincuencia incluso en el perro callejero que hurga en un zafacón. Sin embargo, el miedo no puede convertirse en norma ni en método de control social.
Los mismos que idearon e impusieron el llamado proyecto de seguridad iniciaron también una política de intimidación y presión social, ridiculizando a quienes no aportan económicamente.
Una ridiculización tan ruda y ofensiva que pareciera tratarse de una obligación jurídica o legal. Se insulta y se cuestiona de manera injuriosa, llamando vividores y aprovechadores a quienes no pagan la cuota de seguridad.
Este tipo de prácticas viola principios constitucionales básicos, pues la Constitución prohíbe cualquier forma de trato degradante, humillante o discriminatorio. Nadie puede ser presionado, chantajeado u ofendido por negarse a participar en una iniciativa que no tiene carácter legal ni obligatorio.
Preguntas claras
• ¿Cuál es el miedo?
• ¿Cuál es el temor?
• ¿Vivir como vive la mayoría del país, como viven los dominicanos en general?
• ¿Cuál es la razón de imponer a la fuerza un sistema de seguridad en el residencial, cuando sectores como Lucerna, Los Trinitarios, Las Palmas, Los Mina, Ensanche Ozama y El Almirante no cuentan con ese tipo de seguridad privada y, aun así, viven en mejores condiciones y con mayor crecimiento que Lomisa?
Quien quiera seguridad, quien tenga miedo de vivir en paz, puede contratar seguridad privada de manera individual, como permite la ley. Pero no tiene derecho constitucional, moral ni legal a ofender, humillar ni mucho menos desafiar a quien no paga una cuota impuesta.
En algunas ocasiones incluso se ha llegado al extremo de llamar miserable a quien no puede pagar 500 pesos mensuales, como si se conociera la realidad económica de cada uno de los munícipes del sector.
Esto atenta directamente contra la dignidad humana, que la Constitución establece como inviolable.
Es justo reconocer que el proyecto de seguridad, en sí mismo, puede ser bueno, válido y hasta necesario.
Pero la propia lógica constitucional y social indica que solo puede aplicarse mediante la concienciación, el diálogo comunitario y la construcción de consensos, procesos que requieren tiempo, respeto y voluntad colectiva.
Conclusión
Una seguridad impuesta a la fuerza, sin planificación ni consenso, basada en la intimidación y el irrespeto, humilla la dignidad humana, viola principios constitucionales, ejerce violencia psicológica y reduce la autoestima de los demás.
La seguridad pública no se impone: se construye dentro de la ley, con participación, respeto y convivencia.
