Por Redacción 
La gerencia (y el estadio del desarrollo) no es una cuestión de consenso político.
Por Miguel Ángel Severino Rodríguez
La República Dominicana se presenta ante la comunidad internacional como una estructura funcional, pero un análisis técnico revela un Estado carente de una base ontológica sólida. Esta ausencia de cimientos reales convierte cualquier intento de reforma fiscal en un ejercicio superficial, puesto que no es posible gravar con eficiencia aquello que no posee una definición legal clara. La precariedad del sistema no es una falla técnica aislada, sino una deficiencia de origen en la conformación del aparato estatal.
La base de cualquier economía (produciología) moderna y de un ordenamiento jurídico funcional reside en la certidumbre absoluta de un Régimen de Propiedad Privada. Es un hecho crítico que aproximadamente el 90% de las tierras en el territorio nacional carece de un título definitivo, dejando al mercado en un limbo jurídico permanente. Esta carencia anula la posibilidad de crear un banco de tierras fidedigno, desarticulando el sistema de estadísticas y el registro de datos esenciales para la planificación estratégica nacional.
En el contexto de esta fragilidad patrimonial, el diálogo convocado con exmandatarios se percibe más como un rito político que como una solución administrativa viable para el desarrollo. La historia de la gerencia pública en el país, desde 1960 hasta 2026, demuestra que los gabinetes económicos han gestionado la escasez sin atacar las raíces del subdesarrollo. Resulta metodológicamente incorrecto esperar soluciones estructurales de figuras (ex presidentes) que, durante sus respectivos mandatos, permitieron la persistencia de estas fallas sistémicas.
La hipertrofia del Poder Ejecutivo es el síntoma principal de esta desarticulación, operando como el único motor real en un sistema de poderes que son puramente nominales. Bajo la Presidencia de la República gravitan cerca de 300 instituciones, incluyendo órganos de control que deberían gozar de una autonomía técnica absoluta para ser efectivos. Esta centralización excesiva impide que el Estado cumpla con el paradigma del proceso administrativo, diluyendo la responsabilidad operativa en una burocracia inerte.
La división del trabajo, principio elemental de la ciencia administrativa, se encuentra viciada por la superposición de funciones entre órganos transversales que canibalizan sus competencias. No es extraño observar cómo el Ejecutivo asume roles que corresponden al Poder Judicial y viceversa, creando un entorno de impunidad donde no existe un régimen de consecuencias real. La forma en que se diseñan los órganos públicos debe ser un acto de respeto hacia la salud del sistema y el tiempo del ciudadano.
Los sectores estratégicos del desarrollo, como la investigación científica, la educación y la producción agropecuaria, operan actualmente en compartimentos estancos sin una visión de nación unificada. Esta fragmentación sectorial impide la creación de un sistema de codificación patrimonial que permitiría reducir el riesgo jurídico del mercado y atraer inversión de calidad. Sin una integración técnica, el aparato productivo permanece en una unidad de cuidados intensivos, dependiendo de parches fiscales de corto plazo.
El sistema tributario dominicano padece de una ceguera operativa fatal debido a la inestabilidad fiscal y la falta de información veraz sobre los hechos imponibles. Al desconocer la realidad patrimonial de la mayoría del territorio, la administración se ve obligada a presionar a los sectores formales, elevando la tasa activa de interés bancaria. La brevedad densa en la ejecución de políticas públicas debería ser la norma, pero se prefiere la narrativa política que resta autoridad técnica.
El alto riesgo para la inversión es la consecuencia natural de un mercado que no puede garantizar la seguridad de sus activos por la falta de títulos de propiedad. Esta inseguridad jurídica se traduce en una barrera infranqueable para el desarrollo sostenible, manteniendo las finanzas públicas en un estado de vulnerabilidad constante frente a choques externos. La palabra del Estado debe ser un vector de voluntad innegociable para organizar el territorio, pero se diluye en gestos simbólicos que no resuelven nada.
Resulta imperativo entender que la gerencia de un Estado es una disciplina técnica que exige precisión, jerarquía y un diseño institucional que responda a la realidad del mercado. El diálogo con ex presidentes ignora que la crisis es ontológica y no meramente una diferencia de opiniones sobre la elección de autoridades o la política partidaria. El silencio y la eficiencia deben primar en la reestructuración de un Estado que requiere, ante todo, una función clara para cada órgano.
Un Estado que no identifica su patrimonio es un Estado que no puede administrar su futuro, independientemente de quién ostente el poder de turno. La desconexión entre la recaudación fiscal y la realidad de la propiedad territorial genera una distorsión económica que castiga la productividad y premia la informalidad. Cada frase en una ley de reforma debe ser un vector de ejecución, no una declaración de intenciones que choque contra la opacidad de un registro inexistente.
La administración pública debe rescatar los principios de organización y dirección que han sido abandonados en favor de la improvisación política y el clientelismo institucional. La soberanía de un sistema se mide por su capacidad de ejecutar su voluntad técnica a través de una burocracia profesional y especializada, no mediante cumbres de exmandatarios. Lo que no suma a la verdad técnica del ordenamiento territorial, simplemente resta autoridad a la figura presidencial y al sistema fiscal mismo.
El ejercicio de consulta actual parece olvidar que la crisis del sistema fiscal es el resultado directo de décadas de omisión en la regularización del derecho de propiedad. Si los ex gobernantes no pudieron establecer un régimen de consecuencias cuando poseían el control del presupuesto, difícilmente podrán aportar una visión técnica transformadora hoy. La marca del soberano administrativo es la brevedad densa y la acción directa sobre los nudos que detienen el flujo del capital y la justicia.
Superar los desafíos del 2026 exige abandonar el teatro de la representatividad vacía y proceder a la titulación masiva y a la desarticulación del absolutismo ejecutivo. Solo mediante una reingeniería que separe las funciones y establezca un sistema de estadísticas real, podrá la República Dominicana aspirar a una estabilidad fiscal duradera. La gerencia no es una cuestión de consenso político, sino de la aplicación rigurosa de una función para cada órgano y un órgano para cada función.
