Por Redacción 
Por Manuel Castillo
La República Dominicana es una nación moldeada por sucesivas olas migratorias que han enriquecido su cultura y su economía. Entre ellas, la comunidad de origen libanés ha tenido un rol visible en el comercio, los servicios y la creación de empresas familiares que hoy forman parte del entramado productivo nacional. En paralelo, escándalos recientes de corrupción han puesto a prueba las instituciones, alimentando narrativas que, con frecuencia, intentan vincular el delito a determinados apellidos u orígenes, en lugar de a responsabilidades individuales.
Inmigración, aportes y estigmas
Los descendientes de libaneses, como otras comunidades inmigrantes, se han integrado de manera profunda a la vida económica y social del país, con presencia en comercio, construcción, hotelería, intermediación financiera y servicios profesionales. Su contribución se refleja en la generación de empleo, inversión y modernización de actividades productivas en ciudades como Santo Domingo, Santiago y La Romana. Sin embargo, cada nuevo caso de corrupción reabre el riesgo de que se asocien injustamente ciertos linajes o comunidades con prácticas ilícitas, desconociendo que la corrupción es un fenómeno transversal que no reconoce etnia ni nacionalidad.
Baninter: el precedente que marcó una época
El colapso del Banco Intercontinental (Baninter) en 2003 sigue siendo uno de los mayores fraudes financieros de la historia dominicana. Durante el gobierno de Hipólito Mejía se destapó un esquema de alteración de estados financieros, préstamos ficticios y ocultamiento de información que provocó un agujero de decenas de miles de millones de pesos y una grave crisis de confianza en el sistema bancario. La figura central del caso fue el presidente ejecutivo del banco, Ramón Báez Figueroa, nieto del expresidente Buenaventura Báez, condenado a 10 años de prisión y al pago de cuantiosas indemnizaciones al Banco Central, la Superintendencia de Bancos y al propio Baninter, como símbolo de reparación frente al daño causado a miles de ahorristas y al Estado dominicano.
SeNaSa: salud, fondos públicos y medidas de coerción
Dos décadas después de Baninter, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) protagoniza el escándalo más reciente. El Ministerio Público describe una estructura que habría drenado los recursos de la ARS estatal mediante facturación fraudulenta de cirugías, quimioterapias, diálisis y otros servicios, incluso a personas fallecidas o con tratamientos sobredimensionados. En los expedientes se habla de más de 15 mil millones de pesos comprometidos en contratos y pagos irregulares, mientras en el debate político y mediático algunas voces elevan el posible daño a cifras que superarían los 100 mil millones de pesos, montos que, por ahora, deben presentarse como alegaciones sujetas a verificación judicial.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, junto a otros altos funcionarios y empresarios, fue designado durante la actual administración y hoy guarda prisión preventiva, junto a un grupo de coimputados, por decisión de los tribunales, que declararon el caso de tramitación compleja. Un segundo grupo de implicados cumple arresto domiciliario, impedimento de salida del país, garantías económicas millonarias y medidas reales sobre bienes, después de admitir su participación y ofrecer colaboración con la investigación. El juez, al fundamentar estas medidas de coerción, advirtió que drenar instituciones del Estado dedicadas a la salud constituye una forma de traición al pueblo dominicano.
Presidencia, transparencia y responsabilidad individual
El presidente Luis Abinader, de ascendencia libanesa, ha sostenido un discurso de combate a la corrupción y, frente a los escándalos, ha reaccionado destituyendo a funcionarios y permitiendo que los expedientes sigan su curso en la justicia. No obstante, un dato insoslayable aporta matiz: la gran mayoría de los protagonistas de los principales casos de corrupción bajo investigación fueron nombrados o ratificados por su propia administración, lo que abre un debate legítimo sobre los criterios de selección, la supervisión de los funcionarios y la eficacia de los controles internos. Reconocer esta realidad no niega el discurso de transparencia, pero sí lo somete a un escrutinio sano y necesario.
Justicia ciega a apellidos y orígenes
La experiencia dominicana demuestra que la corrupción es un fenómeno sistémico y transversal, que atraviesa gobiernos, partidos, clases sociales y orígenes familiares. Atribuirla a una comunidad específica, sean descendientes de libaneses u otra colectividad inmigrante, no solo es analíticamente erróneo, sino peligroso, porque alimenta estigmas que nada aportan al fortalecimiento institucional. La justicia está llamada a ser ciega a los apellidos y a los orígenes, a juzgar personas concretas y hechos probados, y a garantizar que cada peso desviado de la salud, la educación o la seguridad sea perseguido y sancionado.
En un país construido por la suma de muchos orígenes, el verdadero desafío ético no es escoger chivos expiatorios, sino consolidar instituciones capaces de investigar, procesar y condenar, con debido proceso, a quienes desfalcan los recursos públicos. La contribución histórica de las comunidades migrantes, incluida la libanesa, no puede ser opacada por los delitos de unos pocos individuos que, como se ha visto en Baninter y SeNaSa, deben responder ante la ley de manera personal, sin arrastrar consigo la dignidad de todo un grupo.
