Por Redacción 
Por Manuel Castillo
Hace casi un año, en estas mismas páginas, denunciábamos cómo la sombra de la tiranía se cernía sobre la democracia dominicana no con bayonetas, sino con artículos legales. Advertíamos que el proyecto de «Ley Mordaza», astutamente embebido dentro de la modificación al nuevo Código Penal, representaba un salto cualitativo hacia el autoritarismo. Hoy, en julio de 2026, aquella advertencia no solo se ha confirmado: se ha materializado en una realidad que amenaza con transformar el rostro de la República Dominicana.
Lo que entonces era proyecto, hoy es ley promulgada. Lo que entonces era alerta, hoy es pánico creciente entre periodistas, comunicadores y ciudadanos. Y lo que entonces era una sospecha sobre la intención del poder, hoy cuenta con nombres propios, rostros identificables y consecuencias palpables.
De la Sospecha a la Certeza: La Promulgación del Nuevo Código Penal
El 3 de agosto de 2025, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana. La disposición, según la Presidencia, entraría en vigencia doce meses después de su promulgación: agosto de 2026. Ese plazo, lejos de ser un respiro, se ha convertido en una cuenta regresiva ominosa para la libertad de expresión.
El epicentro de la tormenta es el artículo 208, que redefine la difamación como «la alusión o imputación pública a una persona, física o jurídica, de un hecho preciso o concreto que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, por cualquier forma pública, audiovisual o escrito, radial o televisivo, streaming, electrónicos o en el ciberespacio». La sanción: dos a cinco años de prisión menor y multas de nueve a quince salarios mínimos del sector público.
Pero el golpe es doble. El artículo 209 crea la figura de la «difamación extorsiva», con penas de cinco a diez años de prisión mayor. Si el hecho es cometido por dos o más personas, la pena puede alcanzar los diez años y multas de hasta treinta salarios mínimos. Y el artículo 46 permite el cúmulo de penas, lo que significa que múltiples publicaciones podrían traducirse en condenas exponenciales.
El periodista Omar Santana fue tajante: la redacción del artículo 208 abre «una puerta peligrosa para desalentar y censurar el manejo de temas espinosos», al no diferenciar suficientemente entre la difamación como ataque injustificado a la reputación y la publicación de informaciones de interés público sustentadas en documentos, fuentes, datos, contexto y contraste. «El periodismo serio trabaja con documentos, fuentes, datos, contexto y contraste. A veces revela hechos que molestan. A veces incomoda a funcionarios, empresarios, legisladores, jueces, policías, partidos, iglesias y grupos de presión. Ese es su trabajo», planteó Santana.
La Voz de la Alarma: Leah Campos y el «Oxígeno de la Democracia»
En medio de este clima de incertidumbre, una voz externa pero comprometida con los valores democráticos del país ha resonado con fuerza.
La embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, pronunció un discurso el 3 de julio de 2026 —en el marco de la celebración del 250.º aniversario de la independencia estadounidense— que, aunque no mencionó directamente el Código Penal dominicano, constituyó una advertencia moral de proporciones históricas.
«La libertad de expresión es el oxígeno de la democracia», declaró Campos. «Es la forma en que un pueblo libre delibera, discrepa, corrige el rumbo y exige responsabilidades al poder».
La diplomática advirtió que cuando las ideas son silenciadas antes de ser escuchadas, la libertad comienza a desgastarse, «primero de manera silenciosa y luego de forma abrupta».
Campos citó la figura de Charles Carroll de Carrollton, único católico entre los firmantes de la Declaración de Independencia estadounidense, quien «tenía todo que perder: su fortuna, su libertad y su vida», pero firmó con su nombre completo para asumir las consecuencias de sus convicciones. «Ojalá firmemos con valentía nuestros nombres y nuestras direcciones en defensa de la libertad», concluyó.
El mensaje, aunque velado en su referencia específica, no deja lugar a dudas: una ley que criminaliza la imputación de hechos concretos —aunque sean de interés público— es una ley que asfixia el oxígeno democrático. Y en un país donde la prensa ya enfrenta agresiones físicas por parte de la seguridad de altos funcionarios —como ocurrió con la periodista Rosalba Escalante de ACD Media, agredida por miembros de la seguridad de la vicepresidenta Raquel Peña en abril de 2025—, la advertencia de Campos adquiere una urgencia trágica.
El Arquitecto de la Mordaza: Antoliano Peralta y su Rol en el Poder Ejecutivo
Si hay un nombre que debe asociarse con la formulación jurídica de esta «mordaza legalizada», ese es Antoliano Peralta Romero.
Designado Ministro de Justicia el 6 de enero de 2026, Peralta no llegó a ese cargo desde la academia o el ejercicio privado aislado: desde agosto de 2020 hasta su designación ministerial, se desempeñó como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, rol desde el cual, según la propia Presidencia, «participó activamente en la formulación, revisión y adecuación del marco jurídico de la Administración pública, así como en procesos de reforma institucional de alto impacto».
Es decir: el hombre que hoy ocupa el Ministerio de Justicia fue, durante los años cruciales de gestación del nuevo Código Penal, el principal asesor jurídico del Palacio Nacional en materia de reformas legales. La firma que hoy aparece en la Gaceta Oficial como Director Administrativo de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo —la misma que procesó la Ley 74-25— es la suya.
Peralta es abogado de reconocida trayectoria, doctor en Derecho por la UASD y con maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Ha sido articulista en medios como La Nación, Hoy, Acento y Metro. Autor de obras sobre reformas constitucionales dominicanas. Un jurista de peso. Pero precisamente por eso, su responsabilidad en la redacción de un artículo 208 que contradice decisiones previas del Tribunal Constitucional sobre la prisión por difamación no puede ser menor.
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, defendió el cúmulo de penas como un «avance» del nuevo Código, comparando la difamación con un robo agravado donde se suman infracciones. Sin embargo, esa misma lógica del cúmulo, aplicada a la difamación, convierte una crítica en Twitter o un reportaje investigativo en una potencial condena de décadas.
El Gremio Periodístico Divide: De la SDD al Colegio de Abogados
La respuesta del gremio periodístico y jurídico no ha sido unánime, lo que ha debilitado la resistencia frontal contra la ley. La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) respaldó inicialmente el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales presentado en abril de 2025, argumentando que era resultado de «un amplio proceso de consultas, reflexión técnica y concertación entre diversos sectores».
Sin embargo, su propio presidente, Persio Maldonado, ha sido uno de los más vehementes críticos del artículo 208 del Código Penal. «Es una disposición contraria a lo que ya el Constitucional había decidido», afirmó Maldonado, refiriéndose a sentencias previas que habían eliminado la prisión como sanción por difamación. «Cuando tú haces leyes draconianas normalmente pueden asustar. Y tal vez el miedo es la mayor presión que puede ejercerse contra la libertad».
Maldonado advierte que el temor a procesos judiciales o condenas económicas desincentivará investigaciones sobre corrupción y abuso de poder. «El que ejerce el periodismo, el que ejerce una labor de investigación, tiene miedo de que un juez le condene a millones de pesos y que él no tenga como responder». Y anticipó lo inevitable: «Vamos a tener que volver a abordar el tema, probablemente con el Tribunal Constitucional».
Por su parte, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) presentó el 7 de mayo de 2025 un análisis crítico ante el Senado donde denunció que la ley de medios utiliza expresiones como «violencia desmesurada» o «contenido ofensivo a la dignidad» sin definición, dejando un margen para la interpretación arbitraria. Pero su mayor alerta fue contra la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), un órgano estatal autónomo adscrito al Ministerio de Cultura con capacidad para «regular, fiscalizar, sancionar e incluso suspender transmisiones de medios, lo que amenaza con convertirse en una forma de censura indirecta disfrazada de regulación administrativa».
Las Calles Hablan: La Marcha del 13 de Mayo y la Agresión a Rosalba Escalante
La resistencia ciudadana no se ha hecho esperar. El 13 de mayo de 2025, decenas de personas, incluyendo periodistas, marcharon por las calles de Santo Domingo contra el proyecto de ley de medios. Una de las voces más visibles fue la de Rosalba Escalante, reportera de ACD Media, quien semanas antes había sido agredida físicamente por miembros de la seguridad de la vicepresidenta Raquel Peña durante una cobertura.
«Miembros de diferentes medios de comunicación hemos sido objeto de agresiones verbales y a veces físicas por parte de la seguridad de algunos funcionarios. Eso dio origen a la marcha», declaró Escalante. Su testimonio no es anecdótico: es la prueba de que en República Dominicana, la violencia contra la prensa ya no es una excepción, sino una política de Estado que ahora busca institutionalizarse a través del derecho penal.
La marcha, aunque masiva en su convocatoria, no logró detener la maquinaria legislativa. El proyecto de ley de medios avanzó en el Senado, mientras el Código Penal ya estaba promulgado, esperando su entrada en vigencia.
Los Comunicadores Digitales en la Mira: Alofoke, José Peguero y la «Ley 74-25»
Si la prensa tradicional ya sentía el aliento autoritario en la nuca, los comunicadores digitales e influencers están en la línea de fuego directa. El artículo 208 abarca expresamente «redes sociales, servicios de streaming, medios electrónicos, radio y televisión». Un comentario crítico en Facebook, un meme satírico en Instagram, una denuncia ciudadana en TikTok, un video en YouTube: todo puede ser interpretado como difamación.
Santiago Matías, conocido como Alofoke, ha utilizado sus plataformas para alertar sobre los peligros de la Ley Mordaza, llegando a millones de seguidores con contenido que explica, en términos accesibles, cómo la ley afectará directamente a creadores de contenido.
El periodista José Peguero, por su parte, ha sido uno de los analistas más incisivos. En múltiples videos y declaraciones públicas, Peguero ha advertido que la Ley 74-25 no es una abstracción legal: es una herramienta concreta para silenciar voces disidentes. «Los dominicanos no tendrán nada», ha advertido Peguero, en referencia a cómo la ley vaciará de contenido crítico el espacio público digital.
El Caballo de Troya se Hace Realidad: Excepciones para el Poder, Cárcel para el Pueblo
Uno de los aspectos más cínicos del nuevo Código Penal es el artículo 211, que establece qué actos «no serán considerados difamatorios o injuriosos». La lista de excepciones es reveladora:
1. Los discursos pronunciados en las cámaras legislativas.
2. Los informes, memorias y documentos emitidos por disposición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral.
3. Las reseñas periodísticas sobre sesiones públicas del Congreso Nacional.
4. Los escritos y discursos producidos en los tribunales de justicia.
Es decir: los funcionarios públicos, los jueces, los legisladores y los partidos políticos pueden difamar impunemente desde sus tribunas institucionales, mientras el ciudadano común, el periodista independiente, el influencer crítico o la víctima de un abuso policial enfrentará de dos a cinco años de prisión por «imputar un hecho concreto» a través de un tuit.
Esta asimetría no es casual. Es el diseño deliberado de una ley que protege al poder y castiga al disenso.
Consecuencias Inmediatas: Un País que se Autocensura
Con la entrada en vigencia del Código Penal en agosto de 2026 apenas semanas desde la fecha de publicación de este artículo, la República Dominicana se enfrenta a una transformación radical de su tejido democrático:
1. Prensa Amordazada: Las investigaciones sobre corrupción, malversación o abusos policiales serán suicidio profesional. Medios independientes enfrentarán demandas estratégicas (SLAPPs) diseñadas para bancarrotarlos.
2. Redes Sociales Bajo Asedio: Comunicadores digitales e influencers serán blancos primarios. Un comentario crítico, un meme satírico, una denuncia ciudadana grabada en video, podrá ser interpretado como «difamación» sujeta a sanciones penales.
3. Cultura del Miedo: El ciudadano común pensará dos veces antes de denunciar la extorsión de un agente de tránsito, el desvío de fondos en su municipio o la violencia policial. La autocensura sofocará la verdad.
4. Impunidad Blindada: Funcionarios corruptos operarán sin temor a ser expuestos. La ley se convertirá en su escudo legal. La ya frágil confianza en la justicia se desmoronará.
5. Aislamiento Internacional: La RD será señalada por organismos como la CIDH, la ONU y Reporteros Sin Fronteras como un país que retrocede en libertades. Esto ahuyentará inversiones y dañará relaciones diplomáticas.
6. Criminalización de la Protesta Social: Las manifestaciones legítimas podrán ser disueltas o sus participantes sancionados bajo nuevos pretextos legales, sofocando un derecho fundamental.
La Mordaza que Devora a su Creador
La historia es clara: las leyes diseñadas para silenciar al pueblo siempre se vuelven contra sus impulsores. El autoritarismo genera resistencia, desconfianza y, finalmente, caos. Si esta ley avanza sin corrección, el mensaje será inequívoco: la República Dominicana eligió el camino de la opresión legalizada.
Pero la ciudadanía tiene aún la palabra. No es solo una ley lo que está en juego, es el alma misma de la democracia dominicana.
Como dijo la embajadora Leah Campos: «Una sociedad libre es aquella en la que se pueden expresar opiniones y decir la verdad incluso cuando sea incómoda. Especialmente cuando sea incómoda».
¡Alto a la Ley Mordaza! ¡Nuestra voz no será silenciada!
¡Exigimos transparencia, no represión!
¡Que la historia recuerde que aquí, el pueblo dijo NO!
Manuel Castillo es comunicador y analista político. Este artículo es la segunda parte de una investigación publicada originalmente en agosto de 2025 en Exposición Mediática.
