Por Redacción 
Por Manuel Castilo
El origen autoritario de estas leyes y sus nefastas consecuencias en otros países deben ser una alerta para la ciudadanía
En los últimos días, el fantasma de la llamada «Ley Mordaza» ha resurgido en el debate público dominicano, generando alarma entre periodistas, activistas y ciudadanos conscientes de lo que significa vivir en una democracia.
Esta iniciativa, disfrazada de regulación, busca silenciar las voces críticas bajo el pretexto de combatir la «difamación» o las «noticias falsas».
Pero su verdadero objetivo es claro: blindar a los funcionarios públicos de cualquier cuestionamiento, incluso cuando actúan en contra del pueblo al que deben servir.
Origen y modelo de control
Las «leyes mordaza» no son un invento nuevo. Han sido implementadas en regímenes autoritarios y gobiernos con tendencias represivas para criminalizar la disidencia.
En España, la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como «Ley Mordaza») fue aprobada en 2015 y ha sido denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional por restringir protestas y multar expresiones legítimas.
En Nicaragua, Venezuela y Cuba, legislaciones similares han servido para encarcelar periodistas y opositores bajo el argumento de «proteger el orden público».
Efectos devastadores donde se ha aplicado
Donde estas leyes han sido impuestas, los resultados son siempre los mismos:
1. Aumento de la impunidad: Los funcionarios corruptos se escudan en estas normas para evitar ser expuestos.
2. Autocensura: Los medios y ciudadanos dejan de denunciar abusos por miedo a represalias legales.
3. Criminalización de la protesta: Cualquier crítica, incluso fundamentada, puede ser interpretada como «ofensa» a la autoridad.
4. Pérdida de credibilidad internacional: Países que aplican estas leyes son señalados como regímenes represivos, afectando inversiones y relaciones diplomáticas.
República Dominicana no necesita más silencio, sino más transparencia
En un país donde ya existen mecanismos legales para sancionar la difamación y la calumnia, esta ley es redundante y peligrosa.
Lo que realmente falta es voluntad para procesar a los corruptos, no para protegerlos. Peor aún, en un contexto donde la policía y el Departamento de Tránsito actúan con impunidad —allanando hogares sin orden judicial o extorsionando a ciudadanos—, darles más poder es un paso hacia el autoritarismo.
Un llamado a la acción
La ciudadanía debe rechazar con firmeza este intento de cercenar libertades. No se trata de defender mentiras o calumnias, sino de evitar que el Estado convierta en delito el derecho a cuestionar. La verdadera democracia se construye con transparencia, no con mordazas.
Si esta ley avanza, el mensaje será claro: República Dominicana camina hacia un sistema donde el poder se ejerce sin rendir cuentas. Y eso, históricamente, solo termina en una cosa: tiranía disfrazada de legalidad.
¡No a la Ley Mordaza! ¡Sí a la libertad de expresión!
