Por Redacción 
Por Franklin Amparo
En 1789 estalló la Revolución francesa bajo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, sería históricamente inexacto afirmar que tuvo un solo objetivo o que la igualdad alcanzó inmediatamente a todos. Aun así, aquella revolución sembró un principio trascendental: ningún poder debe considerarse superior a la dignidad y a los derechos del ser humano.
Más de dos siglos después, la humanidad enfrenta una modalidad de opresión mucho más sofisticada. Ya no siempre se necesitan cárceles, fusiles o ejércitos para someter a una población. Ahora también se emplean la tecnología, la manipulación informativa, la vigilancia, los algoritmos, el control de los medios y el poder político.
De esta unión entre corrupción, tecnología y abuso de autoridad surgen los delincuentes tecnológicos y políticos: personas que no utilizan el conocimiento ni las instituciones para servir a la sociedad, sino para vigilarla, engañarla, silenciarla y beneficiarse de sus recursos.
Detrás de muchas de estas conductas parecen actuar, como poderosos motores, los siete pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. De todos ellos, la avaricia y la soberbia ocupan un lugar predominante. La primera impulsa la acumulación desmedida de riquezas; la segunda hace creer a ciertos funcionarios y grupos económicos que son intocables y que pueden colocarse por encima de la ley.
A esos avaros parece olvidárseles una verdad inevitable: también tendrán que morir. No podrán llevarse el dinero, las propiedades ni los privilegios obtenidos mediante el sufrimiento colectivo. En cambio, podrían dejarles a sus familias una herencia moral cargada de vergüenza, rechazo social y maldición histórica.
Quieren callar a la población para robar sin oposición.
Quieren callarla mediante el abuso de poder.
Quieren silenciar las denuncias sobre las deficiencias y posibles irregularidades que afectan el sistema de salud, incluyendo los cuestionamientos formulados alrededor de SENASA.
Quieren callar porque controlan medios de comunicación, recursos económicos y espacios de influencia.
Quieren imponer una sola versión de los acontecimientos para convertir la mentira repetida en una supuesta verdad.
Pero controlar los medios no significa poseer la verdad. Tener poder no concede el derecho de abusar. Gobernar no significa adueñarse del Estado, y manejar información personal no autoriza a perseguir, manipular o destruir la reputación de quienes piensan diferente.
Cuando un gobierno, un partido, una empresa tecnológica o un grupo económico utiliza sus recursos para intimidar, censurar o neutralizar a la ciudadanía, deja de ejercer legítimamente su autoridad y comienza a comportarse como una estructura de dominación.
La tecnología, empleada correctamente, puede democratizar el conocimiento, fiscalizar al poder y fortalecer la participación ciudadana. Pero, en manos de individuos sin principios, puede transformarse en una cárcel invisible: observa nuestros movimientos, estudia nuestras preferencias, condiciona nuestras decisiones y decide qué podemos ver, decir o conocer.
El nuevo delincuente no siempre lleva un arma. Algunas veces viste de traje, ocupa un despacho público, dirige un medio de comunicación o se esconde detrás de una pantalla. Su arma puede ser un algoritmo, una campaña de descrédito, una información manipulada, una amenaza administrativa o el silencio comprado de quienes deberían informar.
Callar al pueblo para ocultar la corrupción también es violencia. Privarlo de información para manipular sus decisiones es una forma de dominación. Utilizar el poder del Estado para perseguir voces críticas constituye una traición a la democracia.
Los pueblos pueden ser engañados durante un tiempo, pero no eternamente. La historia termina revelando los abusos, identificando a sus responsables y derribando la falsa grandeza de quienes confundieron el poder temporal con la impunidad.
La libertad no se mendiga: se ejerce y se defiende. Cuando el poder pretende imponer silencio, la verdad debe levantar la voz.
