Por Redacción 
Cuando una sociedad comienza a discutir eslóganes en lugar de artículos, emociones en lugar de instituciones y etiquetas en lugar de garantías, pierde la oportunidad de mejorar sus leyes y fortalece, en cambio, la polarización.
Por Marcos Sánchez
Las democracias modernas enfrentan un desafío permanente: cómo proteger la libertad de expresión sin renunciar a la capacidad del Estado de establecer reglas para un ecosistema comunicacional cada vez más complejo. La pregunta no es nueva. Lo que cambia son los escenarios donde se libra ese debate.
En la República Dominicana, el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales ha vuelto a colocar esa discusión en el centro del espacio público. Sin embargo, antes de que buena parte de la ciudadanía tuviera la oportunidad de conocer su contenido, la iniciativa ya había sido rebautizada por algunos de sus críticos como la Ley Mordaza. Sus defensores, por el contrario, la presentan como una legislación destinada a fortalecer un derecho fundamental y actualizar una normativa concebida hace más de seis décadas.
Ambas posiciones son legítimas dentro del debate democrático. Lo que no resulta saludable es permitir que cualquiera de esas etiquetas sustituya el análisis.
Las leyes no deberían juzgarse por el éxito de sus campañas de comunicación. Deberían juzgarse por la calidad de sus disposiciones.
La primera realidad que conviene reconocer es evidente: la legislación dominicana sobre libertad de expresión necesita una actualización. El mundo para el que fue diseñada ya no existe. Hoy la información circula en segundos, las redes sociales han transformado el papel tradicional de los medios de comunicación y las plataformas digitales ejercen un poder sin precedentes sobre el alcance, la permanencia y la visibilidad de los contenidos.
Pretender que un marco legal concebido en la década de 1960 responda adecuadamente a esa realidad sería desconocer la magnitud del cambio tecnológico y social experimentado durante las últimas décadas.
Pero admitir la necesidad de una reforma no equivale a aceptar que cualquier reforma sea necesariamente adecuada.
Existe una razón por la cual la libertad de expresión ocupa un lugar privilegiado dentro de todo Estado constitucional. A diferencia de otros derechos, constituye la condición que permite ejercer muchos de los demás. Sin una prensa libre, sin ciudadanos capaces de cuestionar al poder y sin espacios abiertos para la crítica pública, la rendición de cuentas pierde eficacia y la democracia comienza a debilitarse desde sus propios cimientos.
Por eso, las leyes que regulan este derecho merecen un nivel de escrutinio superior al de cualquier legislación ordinaria.
No basta con proclamar la defensa de la libertad de expresión en el texto de una ley. También resulta indispensable examinar cuidadosamente los mecanismos mediante los cuales esa protección será aplicada.
Ahí es donde comienza el verdadero debate.
Las preguntas relevantes no son si el proyecto merece o no el calificativo de «Ley Mordaza», ni si quienes lo impulsan actúan de buena o mala fe. Las preguntas realmente importantes son otras.
• ¿Las facultades del órgano regulador están delimitadas con suficiente precisión?
• ¿Existen garantías institucionales que aseguren su independencia frente al poder político de turno?
• ¿Las decisiones administrativas estarán sujetas a controles judiciales efectivos?
• ¿Las responsabilidades previstas respetan los principios de necesidad y proporcionalidad propios de un Estado democrático?
• ¿Los conceptos utilizados por la ley poseen la claridad suficiente para impedir interpretaciones expansivas que, con el paso del tiempo, puedan restringir derechos que hoy se afirma proteger?
Estas interrogantes no constituyen una descalificación del proyecto. Constituyen, precisamente, el tipo de examen que toda legislación sobre libertades públicas debería superar antes de convertirse en ley.
Porque las normas jurídicas no se redactan únicamente para quienes gobiernan hoy. Se redactan para quienes gobernarán mañana. Esa diferencia es esencial.
La historia institucional de numerosos países demuestra que disposiciones concebidas originalmente con propósitos legítimos han terminado siendo utilizadas de formas muy distintas bajo contextos políticos diferentes. No siempre es la intención inicial la que determina el alcance de una ley. Con frecuencia es la amplitud de sus facultades, la vaguedad de sus conceptos o la debilidad de sus controles institucionales lo que termina definiendo su verdadero impacto.
Por ello, una legislación sólida no es aquella que confía en la prudencia de las autoridades. Es aquella que establece límites suficientemente claros para que ni siquiera una autoridad imprudente pueda vulnerar los derechos que la propia ley dice proteger.
Al mismo tiempo, conviene evitar una simplificación igualmente peligrosa: asumir que cualquier intento de regulación constituye, por definición, un atentado contra la libertad de expresión.
La revolución digital ha planteado desafíos inéditos. La transparencia en la moderación de contenidos, los mecanismos de apelación frente a decisiones de las plataformas, la protección de derechos fundamentales y la coexistencia entre libertad de expresión y otros bienes jurídicos son asuntos que difícilmente pueden ignorarse bajo el argumento de una ausencia absoluta de regulación.
La discusión, entonces, no enfrenta libertad contra censura. Enfrenta dos principios que deben convivir dentro de un mismo Estado democrático: la protección efectiva de la libertad de expresión y la construcción de un marco jurídico capaz de responder a una realidad tecnológica completamente distinta de aquella para la cual fueron concebidas las leyes vigentes.
Precisamente por ello, el mayor riesgo del debate público consiste en sustituir el análisis jurídico por la confrontación de consignas.
Cuando una sociedad comienza a discutir eslóganes en lugar de artículos, emociones en lugar de instituciones y etiquetas en lugar de garantías, pierde la oportunidad de mejorar sus leyes y fortalece, en cambio, la polarización.
El Congreso tiene la responsabilidad de examinar el proyecto con rigor técnico. Los juristas tienen el deber de señalar fortalezas y debilidades. Los medios de comunicación deben informar con precisión. La ciudadanía, por su parte, merece un debate que privilegie los argumentos sobre las consignas.
Ese es el estándar que exige una democracia madura. Porque, al final, las leyes cambian. Los gobiernos cambian. Las mayorías parlamentarias cambian. Incluso, cambian las circunstancias que dieron origen a una determinada reforma.
Lo único que no debería cambiar es la fortaleza de las garantías que protegen las libertades fundamentales. Una buena ley no es aquella que inspira tranquilidad cuando gobiernan quienes comparten nuestras ideas. Es aquella que sigue protegiendo nuestros derechos cuando el poder cambia de manos.
Ése es el verdadero examen de cualquier legislación sobre libertad de expresión y, en última instancia, el verdadero examen de cualquier democracia.
El autor es Fundador y Director Editorial de Exposición Mediática. Con tres décadas en medios y veinte años como articulista, ejerce un periodismo de interpretación pública que articula análisis riguroso y reflexión cultural. Su trabajo se centra en la legalidad, la interpretación de procesos complejos y el interés ciudadano. Es además locutor, escritor, profesor bilingüe, creativo y actor. Su propuesta editorial integra un enfoque cultural y didáctico permanente, orientado a la formación de criterio ante debates nacionales e internacionales.
