Por Antonio Corcino

El turismo está asociado al disfrute, la libertad y un encuentro cultural, el estar ahí. Sin embargo, millones de personas en el mundo aún se ven limitadas de este derecho por barreras físicas, sociales y tecnológicas que restringen su pleno acceso. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de mil millones de personas —un 15 % de la población mundial— viven con alguna discapacidad, por lo que enfrentan dificultades para acceder a servicios turísticos en igualdad de condiciones.

En la República Dominicana, la accesibilidad en las instalaciones turísticas continúa siendo un desafío por encarar: auspiciar entornos, productos y servicios que respondan a parámetros universales. De hecho, representa una valiosa oportunidad para mejor aprovechar, enfocar cada vez más nuestros destinos, que sean más inclusivos, competitivos y socialmente responsables.

Inclusión: motor económico y social

Está claro que la inclusión no es un lujo, es una inversión para afianzar el motor de desarrollo. Los datos lo evidencian: 1.3 mil millones de personas viven con discapacidad en el mundo (UNWTO). En EE. UU., los viajeros con movilidad reducida generan US$ 58.2 mil millones anuales en turismo (SCALE). En 2022, 18.6 millones de estadounidenses con discapacidad viajaron (Bureau of Transportation Statistics). En Europa, 138.6 millones de personas demandan accesibilidad en sus viajes (Congreso 2019). Estas cifras no solo llaman a la conciencia social, sino también a la visión empresarial: la accesibilidad es rentable, competitiva y sostenible.

Accesibilidad: derecho y obligación

La accesibilidad en el turismo no es un favor ni una concesión. Es una obligación que, como derecho, está respaldada por normas internacionales y aquí, en RD, goza de un marco legal que la orienta e impulsa. Garantizar la igualdad de derechos implica eliminar las trabas que excluyen a las personas con discapacidad del ocio y la recreación.

No se trata solo de cumplir regulaciones, sino de asegurar que el turismo sea un espacio de inclusión y equidad donde todos tengan cabida.

Estándares internacionales: un compromiso global

La accesibilidad turística no responde a criterios aislados. Está avalada por estándares globales que trazan pautas claras. Por ejemplo, la norma ISO 21902 establece lineamientos para hoteles, transporte, agencias y atractivos accesibles. La ISO 13009 establece requisitos y pautas para garantizar playas accesibles para todos. Y la ISO 14785 regula oficinas de información inclusivas. En el caso de Europa, se rigen por la EN 301 549, que garantiza accesibilidad digital en páginas web y sistemas de reserva, mientras que la ISO 7001 estandariza símbolos universales que facilitan la orientación y movilidad. En fin, estas no son tecnicismos ni responden a fines estéticos, sino a funcionalidad para todos: son reglas universales concretas que los destinos turísticos están llamados a cumplir y marcan la diferencia entre exclusión e inclusión.

El marco legal dominicano

En el país, el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) funge como órgano rector en la materia, sustentado en la Ley 5-13 y la Ley 42-00. Estas normativas establecen cuotas de empleo, fomentan la formación profesional y promueven políticas inclusivas que transforman derechos en realidades tangibles. Además, supone que obliga a que los espacios públicos y privados garanticen la movilidad de las personas con discapacidad sin poner en riesgo su integridad ni su dignidad.

Condiciones mínimas para un turismo inclusivo

Como vemos, un destino que no se adapta a todos no puede llamarse inclusivo. Por ello, la accesibilidad exige condiciones básicas: rampas y ascensores adecuados, baños y habitaciones adaptadas, señalización clara, transporte accesible, personal capacitado, información en formatos inclusivos y servicios de apoyo como sillas de ruedas o ayudas auditivas y visuales. Estas facilidades no son opcionales: son disposiciones internacionales que garantizan derechos universales y enriquecen la experiencia de todos los viajeros.

La Romana-Bayahíbe: destino modelo

Por ese interés, el reciente anuncio del Ministerio de Turismo (MITUR) de declarar a La Romana-Bayahíbe como el primer destino turístico accesible e inclusivo del país es una respuesta a un compromiso. El proyecto “Destino La Romana Accesible”, desarrollado junto a la AHRB y el clúster turístico local, sustentado en la certificación internacional Bandera Azul, pretende convertir esta área turística de La Altagracia en un referente nacional, marcando de esa manera una disposición enfocada hacia un turismo dominicano más justo, sostenible y competitivo.

Verón-Punta Cana: el reto pendiente

Aunque el país avanza con pasos firmes, hacia la accesibilidad, donde las instalaciones turísticas de La Altagracia gozan de facilidades y estructuras que cumplen con los estándares internacionales para todos; aún persisten desafíos. Por ejemplo, en Verón-Punta Cana es notable la falta de accesibilidad en espacios públicos fuera del aeropuerto, hoteles y algunas plazas comerciales. Esta inobservancia limita derechos y oportunidades. Como país nos corresponde cumplir como nación receptiva de turismo; superar estas barreras es determinante para que nos consolidemos como destino global de vanguardia y accesible. De modo que el turismo accesible no es un gasto ni un capricho: es un deber legal, un compromiso ético y una inversión estratégica en dignidad, equidad y crecimiento económico.

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