1.- Condena de ocho años para hombre incurrió en violencia intrafamiliar contra pareja, hijos y suegra
Santo Domingo, R.D.- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, un tribunal de Monte Plata condenó a ocho años de prisión a un hombre por cometer violencia intrafamiliar en contra de su pareja, sus dos hijos y su suegra, en hechos denunciados en el año 2024.
El Ministerio Público, representado por José del Carmen García Hernández, demostró la culpabilidad del procesado Candelario Beltré Ciprián (Carlito).
El órgano persecutor mostró ante el tribunal que Beltré Ciprián violó las disposiciones de los artículos 309, numeral 2, y 309, numeral 3, letra D, del Código Penal Dominicano, así como también el artículo 396, literal A, de la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
El accionar judicial del Ministerio Público dio inicio el 2 de abril del año 2024, con la remisión por parte de la procuradora fiscal titular de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del distrito judicial de Monte Plata, María Elena De Jesús, de un informe socio familiar y evaluación psicológica practicados por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
El informe detalla que el hoy procesado mantenía bajo constantes maltratos físicos y verbales a su pareja, a su hija que en ese momento se encontraba en estado de gestación y que maltrataba físicamente a su hijo y a su suegra.
Las investigaciones arrojaron que en la comunidad temían denunciar las agresiones cometidas por Beltré Ciprián, debido al temor que solía infundir en los moradores, por medio de amenazas.
Ante las contundentes pruebas presentadas por el órgano persecutor del delito, las juezas Hilda Nieves Sánchez Luna, Johanna Giselle Reyes Moquete y Carmen Daniela Araujo Rivas, del Tribunal Colegiado de Monte Plata, determinaron que el procesado cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de esta provincia.
2.- Ministerio Público de Duarte y Comando Regional Nordeste de la Policía presentan informe de protocolo operativo en lucha contra el cibercrimen
El documento contiene los resultados del Primer Informe de Efectividad del Protocolo Operativo de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, implementado en abril de 2025 en la provincia Duarte.
Santo Domingo, R.D.- El Ministerio Público de Duarte y la Policía Nacional (Comando Regional Nordeste) presentaron los resultados del Primer Informe de Efectividad del Protocolo Operativo de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, implementado el pasado mes de abril en la provincia Duarte.
“Este documento marca un hito histórico en la lucha contra los ciberdelitos como nueva modalidad de criminalidad en auge, alcanzando niveles de efectividad cercanos al 90% de los delitos denunciados”, destacó el equipo gestor integrado por el fiscal Kelvin Pimentel y Anovis de la Cruz. El proyecto cuenta con el apoyo operativo del teniente coronel Edwin Rosario Nova.
El informe destaca la recepción y procesamiento del 100% de las denuncias recibidas, siendo un 90% por estafa electrónica. También, se solicitaron y autorizaron el 100% de las órdenes de arrestos presentadas.
Las acciones destacan la ejecución del 75% de las órdenes de arrestos por dicho delito, resolución del 78% de los casos mediante acuerdos, garantizando restitución patrimonial rápida, así como la recuperación económica de RD$4.3 millones, equivalente al 34% del monto denunciado.
El Ministerio Público destacó que este protocolo constituye un modelo exitoso aplicado por los fiscales y agentes en esta jurisdicción nordestana del país, consolidando la confianza ciudadana y ofreciendo una respuesta integral ante los delitos de alta tecnología.
“Se trata de una primera experiencia altamente positiva que demuestra la capacidad de nuestras instituciones para enfrentar los desafíos del crimen organizado en el entorno digital”, resaltó el equipo gestor.
3.- Prisión para chofer vinculado al tráfico de inmigrantes en Jarabacoa
Santo Domingo, R.D.- A partir de las evidencias aportadas por el Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Jarabacoa impuso dos meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un conductor de vehículo vinculado al tráfico de indocumentados haitianos.
La medida de coerción fue impuesta al imputado Forky Francisco Burgos Jiménez, de 43 años de edad, arrestado en flagrante delito en horas de la tarde del pasado 20 de septiembre cuando transportaba en un carro a 5 mujeres indocumentadas.
El imputado fue sorprendido en la comisión del hecho mientras se desplazaba por el sector Paso Bajito, del municipio Jarabacoa, provincia La Vega.
La investigación está direccionada por la fiscal titular de Jarabacoa, Viviana Mena Paulino, quien destacó “el firme compromiso de los fiscales bajo su coordinación en la persecución responsable de esos hechos criminales”.
El fiscalizador David A. Barrera presentó la solicitud de medida de coerción tras ejecutarse el arresto del imputado por miembros de la Policía Nacional que prestan servicio en el indicado sector y establecerse con diferentes evidencias que transportaba al grupo con condición migratoria irregular.
Burgos Jiménez al momento de su arresto se desplazaba en un vehículo con un perfil sospechoso, a alta velocidad y con sobrepeso, el cual fue detenido y requisado.
Posteriormente, se procedió con el arresto del imputado y se incautó el vehículo, mientras que las mujeres fueron entregadas a las autoridades competentes para la deportación hacia su país.
El Ministerio Público aportó diferentes evidencias documentales, ilustrativas, materiales, testimoniales y audiovisuales con las cuales sustentó la solicitud de la medida privativa de libertad.
La jueza Juana Silverio Martínez dictó la medida de coerción al establecer el Ministerio Público la vinculación del imputado con el caso al que otorgó la calificación jurídica provisional de violación al artículo 1, letra F, I; artículo 2, 7, letra D, de la Ley No. 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, modificada por la Ley 63-24.
4.- Condenan a 20 años a sargento policial que ultimó a un hombre en el DN
Santo Domingo, R.D.- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal condenó a 20 años de prisión a un sargento de la Policía Nacional que mató con su arma de reglamento a un hombre en el barrio Enriquillo, del Kilómetro 8 de la carretera Sánchez, del Distrito Nacional, en un hecho ocurrido el 11 de diciembre del año 2022.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó la sentencia condenatoria en contra de Víctor Manauris Constanza Yens tras declararlo culpable de provocarle la muerte a tiros a Luis Orlando Gil.
Constanza Yens fue hallado culpable de violar los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, que sancionan el homicidio voluntario agravado, dado que actuó en perjuicio de la víctima, utilizando su cargo y arma de reglamento, una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, serie ACM 642377.
Según el informe de autopsia No. SDO-A-I232-2022, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la víctima falleció a causa de heridas por proyectil de arma de fuego.
El tribunal impuso, además, el pago de cinco millones de pesos de indemnización a favor de la parte querellante.
La decisión se basó en pruebas documentales, periciales y testimoniales aportadas por el Ministerio Público, que permitieron validar las circunstancias en que ocurrió el hecho y confirmaron el uso del arma de reglamento por parte del ahora condenado.
La prueba balística también corroboró que uno de los casquillos encontrados en la escena del crimen coincidía con el arma del sargento, mientras que el otro casquillo no correspondía a ninguna de las armas de los policías presentes.
El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal litigante Yelianny Polanco, y la investigación fue dirigida por el fiscal Orlando Antonio Santos Ramírez.
La condena dictada por los jueces Tania Yunes (presidenta), Giselle Naranjo y Emely Bruno deberá ser cumplida en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
5.- Condenas de 30 y 15 años de prisión para procesados por asesinar a una pareja en La Guáyiga
Santo Domingo, R.D.- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal de Santo Domingo Oeste condenó a 30 y 15 años de prisión a tres hombres que se asociaron para asesinar a la pareja conformada por Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco, residentes en La Guáyiga, de Pedro Brand.
Los procesados Leonardo Alejandro Méndez Mójica y Dylan Alberto Ortiz, recibieron una condena de 30 años, y José Alfredo Ventura Túpete, de 15.
Alberto Ortiz deberá pagar dos millones de pesos de indemnización a familiares de la víctima y José Alfredo Ventura Túpete 500 mil pesos, mientras que Leonardo Alejandro Méndez Mójica deberá pagar una multa equivalente a 50 salarios mínimos en favor del Estado dominicano.
Los fiscales litigantes Vilma Méndez, Nicasio Pulinario y Francheska Alcántara presentaron un sólido expediente probatorio que demostró de manera contundente la participación de los procesados en el crimen ocurrido el 24 de enero de 2023.
La investigación, dirigida por los fiscales Rodolfo Reyes y Manuel Medrano, estableció que los acusados utilizaron un vehículo rentado para trasladar los cuerpos de las víctimas, los cuales posteriormente fueron arrojados en un pozo séptico en el sector Esperanza, municipio Los Alcarrizos.
El Ministerio Público recordó que los esposos desaparecieron de su vivienda en horas de la madrugada y fueron encontrados un mes después en avanzado estado de descomposición, con evidencias de tortura y disparos de armas de fuego.
Durante el proceso de captura, a Méndez Mójica les fueron ocupados dos fusiles que, según la acusación, fueron utilizados en la ejecución del crimen.
El Tercer Tribunal Colegiado, conformado por Juan Pablo Ortiz Peguero, Sandra Josefina Cruz y Nelcy Ortega, dispuso que Méndez Mójica y Ortiz cumplan la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-17) de Najayo, y Ventura Túpete en Najayo Hombres, ambos localizados en la provincia San Cristóbal.
El Ministerio Público les atribuyó la violación de los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302, 303 y 359 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66, 67, 70 y 71, de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.