Por Redacción 
Por: Alex Domínguez. alexdminguez@gmail.com
El problema del tránsito en nuestras ciudades no puede analizarse mirando únicamente hacia las autoridades. Es cierto que los ayuntamientos, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRANT y los demás organismos competentes tienen responsabilidades claras en materia de movilidad, organización vial, señalización, regulación y control. Pero también es cierto que ningún sistema de tránsito puede funcionar si el ciudadano no asume su parte.
Como cada lunes, es importante saber que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios reconoce competencias municipales vinculadas al ordenamiento del territorio, el uso de los espacios públicos, la regulación de vías locales y la organización de servicios que impactan directamente la vida comunitaria. A esto se suma la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que establece el marco legal del tránsito, la movilidad y la seguridad vial en la República Dominicana.
Ahora bien, podemos tener leyes, semáforos, agentes, señales, campañas y operativos, pero si en la práctica el ciudadano no respeta las reglas mínimas de convivencia vial, el desorden seguirá ganando espacio. Cabe puntualizar que el tránsito no se organiza solamente con multas ni con agentes en las esquinas; también se organiza con educación, conciencia y respeto.
Uno de los ejemplos más claros se ve todos los días en las intersecciones. Muchos conductores avanzan aunque saben que no tienen espacio para cruzar. Tapan la intersección, bloquean el paso al que viene de otra vía y luego se quedan detenidos en el medio, impidiendo que otros puedan doblar a la derecha, a la izquierda o continuar su ruta. Esa acción, que parece pequeña, provoca tapones, desesperación, discusiones y más desorden.
Es importante saber que una intersección debe mantenerse libre. No basta con que el semáforo esté en verde; si no hay espacio para avanzar, lo correcto es esperar. El conductor responsable entiende que no puede ocupar una vía que no va a poder despejar. Sin embargo, en nuestro país muchas veces se impone la prisa individual por encima del orden colectivo.
También vemos a diario conductores que se llevan los semáforos en rojo, que no respetan las señales de pare, que pisan la acera, que se estacionan donde no deben, que bloquean entradas, que se detienen en doble fila y que no ceden el paso a ambulancias, bomberos o unidades de emergencia. Luego, muchas veces, esos mismos ciudadanos son los primeros en reclamar que “las autoridades no resuelven el tránsito”.
Podemos decir que ahí está una de las grandes contradicciones de nuestra cultura vial. Pedimos orden, pero no siempre queremos obedecer. Exigimos autoridad, pero rechazamos la norma cuando nos toca cumplirla. Reclamamos que se organice la ciudad, pero en el día a día aportamos al desorden con pequeñas acciones que terminan afectando a todos.
Cabe destacar algo que debe movernos a reflexión: cuando muchos dominicanos viajan a otros países, respetan las señales, ceden el paso, no cruzan en rojo, no bloquean intersecciones y entienden que la ley se cumple. Nadie tiene que darles una charla especial para que lo hagan. Entonces surge la pregunta: ¿por qué allá sí y aquí no? La respuesta no está solo en la autoridad; también está en la cultura, en la conciencia y en la consecuencia.
La Ley 63-17 no fue creada solamente para sancionar. Su espíritu está relacionado con proteger vidas, ordenar la movilidad, reducir accidentes y promover una convivencia vial más segura. La ley busca que el tránsito sea una responsabilidad compartida, donde el Estado organiza y fiscaliza, pero el ciudadano respeta y coopera. Sin esa colaboración, cualquier plan queda incompleto.
En el caso de los ayuntamientos, también debemos ser justos. Los gobiernos locales tienen responsabilidad en la gestión del espacio público, en la coordinación territorial, en el ordenamiento de ciertas vías, en la señalización local y en la recuperación de espacios ocupados indebidamente. Pero no pueden hacerlo solos. Un ayuntamiento puede pintar una línea, colocar una señal o coordinar una intervención; pero si al día siguiente los ciudadanos la ignoran, el problema vuelve.
El tránsito es una expresión de cómo convivimos. Cuando una persona bloquea una intersección, no solo está cometiendo una imprudencia; está diciendo, con su conducta, que su prisa vale más que el derecho de los demás. Cuando alguien no cede el paso a una ambulancia, no solo incumple una regla; muestra indiferencia frente a una posible emergencia humana. Y cuando un conductor se lleva un semáforo en rojo, no solo arriesga una multa; pone vidas en peligro.
Por eso, la solución al tránsito debe tener dos caminos al mismo tiempo: autoridad y ciudadanía. La autoridad debe planificar, señalizar, fiscalizar y sancionar cuando sea necesario. Pero el ciudadano debe respetar, ceder, esperar, no bloquear, no improvisar y entender que manejar no es un acto individual, sino una responsabilidad social.
Es importante saber que una ciudad ordenada no se construye únicamente desde una oficina pública. Se construye también desde el volante, desde el peatón que cruza correctamente, desde el motorista que respeta el carril, desde el conductor que no se estaciona en cualquier lugar y desde la persona que entiende que la vía pública no le pertenece de manera individual.
Podemos decir que el tránsito es una prueba diaria de educación ciudadana. Cada semáforo, cada cruce, cada intersección y cada paso peatonal revelan qué tanto respetamos la vida en comunidad. Y si queremos una ciudad más organizada, debemos empezar por asumir una verdad sencilla: no se puede pedir orden mientras se practica el desorden.
Como cada lunes: desaprender para aprender. Porque el tránsito no se resolverá solo con leyes, agentes o semáforos. Se resolverá cuando las autoridades hagan su parte, pero también cuando cada ciudadano entienda que respetar la vía es respetar la vida, respetar al otro y respetar el municipio donde vive.
