Por Redacción 
Por Antonio Corcino
La reciente decisión del gobierno de Donald Trump de suspender la normativa que obligaba a compensar a los pasajeros por retrasos y cancelaciones no meteorológicas marca un retroceso en los derechos de los consumidores en Estados Unidos.
Lo que al final del gobierno de Joe Biden se consideraba como un avance, aunque seguía el modelo europeo de indemnización automática, hoy es una expresión de retroceso como política desreguladora por favorecer a las aerolíneas sobre los usuarios.
El impacto no es menor: millones de viajeros quedan desprotegidos y el país se rezaga frente a los estándares internacionales de protección al consumidor.
Mercado sobre consumidores
El presidente Trump y su equipo defienden que el mercado debe autorregularse, no el gobierno. El Departamento de Transporte (DOT) externó que las reglas de Biden excedían su autoridad y generaban “cargas innecesarias” para las aerolíneas por su intervención.
Así, la protección de los pasajeros quedó relegada frente a los intereses empresariales, debilitando la garantía de compensaciones automáticas y dejando a la voluntad de las aerolíneas responder ante el retraso y las cancelaciones tras el retiro del Aviso Anticipado de Propuesta de Normativa (ANPRM).
Impacto directo en los viajeros
Tras no recibir ninguna objeción hasta agosto de este año, transcurrida esta fecha, las aerolíneas no tienen obligaciones con los pasajeros de resarcir este derecho clave: obtener indemnización por retrasos o cancelaciones bajo control de la aerolínea.
Por ejemplo, un viajero afectado por una falla operativa en un vuelo doméstico ya no tendría garantía de reembolso, dependiendo únicamente de la “buena voluntad” de la compañía. Esta posición afecta directamente a los viajeros, ya que tendrá que cubrir sus propios gastos por los inconvenientes bajo control de las aerolíneas, erosionando sus derechos como consumidor frente a la empresa.
Beneficio para las aerolíneas
Si bien es cierto, la balanza en esta oportunidad se inclina hacia las aerolíneas, favoreciéndolas. Evitarán sanciones millonarias y reducen costos operativos, lo que, por ejemplo, Airlines for America celebró tras calificar la norma de Biden como “gravosa e innecesaria”.
De ningún modo, esta flexibilización asegura tarifas más bajas ni mejoras en la calidad del servicio; por el contrario, beneficios indirectos para las aerolíneas.
Sin embargo, el Congreso deberá legislar para aplicar todos los requisitos de protección al consumidor establecidos en la aviación.
Proceso normativo detenido
Durante ocho meses, la ANPRM mantuvo abiertas las consultas públicas, pero más que avanzar en soluciones, impuso la agenda desreguladora de Trump.
El resultado: ni el Congreso ni el Ejecutivo lograron mover la normativa y, en consecuencia, los pasajeros estadounidenses quedaron en un limbo institucional, sin acceso a indemnizaciones claras ni obligatorias frente a retrasos o cancelaciones.
Ejemplo práctico en EE. UU.
Cómo se manifiesta este proceso: por ejemplo, si un vuelo de Nueva York a Chicago se retrasa por seis horas, se supone que las compañías aéreas tendrían que indemnizar a cada pasajero entre US$375 y US$525 bajo la norma de Biden, además de transporte alternativo; con la eliminación de esta norma, el pasajero solo recibirá atención mínima en el aeropuerto, sin garantías de reembolso efectivo.
Comparación internacional: EE. UU. vs. Europa y Canadá
En el contexto internacional, la ANPRM del DOT (diciembre 2024) buscaba acercar a EE. UU. a estándares internacionales, con compensaciones automáticas de hasta US$775, reubicación y asistencia.
Tras su suspensión bajo Trump, de algún modo deja a este país rezagado frente a la Unión Europea (CE 261/2004), Canadá (Air Passenger Protection Regulations 2019) y Reino Unido (UK261 post-Brexit), donde los derechos de los pasajeros son claros, exigibles y respaldados por leyes firmes y matizados por el Código Ético Mundial para el Turismo.
Proceso normativo detenido
Durante ocho meses, la ANPRM mantuvo abiertas las consultas públicas, pero más que avanzar en soluciones, impuso la agenda desreguladora de Trump. El resultado: ni el Congreso ni el Ejecutivo lograron mover la normativa y, en consecuencia, los pasajeros estadounidenses quedaron en un limbo institucional, sin acceso a indemnizaciones claras ni obligatorias frente a retrasos o cancelaciones.
Ejemplo práctico en EE. UU.
Cómo se manifiesta este proceso: por ejemplo, si un vuelo de Nueva York a Chicago se retrasa por seis horas, se supone que las compañías aéreas tendrían que indemnizar a cada pasajero entre US$375 y US$525 bajo la norma de Biden, además de transporte alternativo; con la eliminación de esta norma, el pasajero solo recibe atención mínima en el aeropuerto, sin garantías de reembolso efectivo.
Consumidores en desventaja
Al EE. UU. Dejar sin efecto esta disposición lo deja rezagado frente a Canadá y Europa, donde en forma clara existen compensaciones y asistencia obligatoria. Los vuelos domésticos resultan los más afectados, debilitando la confianza de los pasajeros en el sistema aéreo estadounidense. Sin embargo, como Estado, está obligado a que se respeten los estándares internacionales (IATA y OACI).
Consecuencias económicas y sociales
Mientras las aerolíneas refuerzan su rentabilidad, los pasajeros pierden confianza. Este desequilibrio dinamita la relación empresa-cliente y afecta la percepción internacional de la justicia y competitividad del transporte aéreo en Estados Unidos. Ante los conflictos en los tribunales, será el Congreso el que finalmente deberá balancear este derecho.
Debate político
Para su justificación, el DOT como regulador de los derechos de los pasajeros, argumentó la medida como parte de la agenda del presidente Trump, pero críticos señalan la influencia de la industria aérea, lo que plantea dudas sobre la independencia regulatoria y sobre si realmente se ponderaron los intereses de los consumidores. Mientras tanto, el debate político está abierto entre demócratas y republicanos y en el ámbito jurídico de los derechos de los consumidores.
La reversión de la norma representa un retroceso regulatorio frente a estándares internacionales, menos derechos. Mientras Europa, Canadá y Reino Unido protegen al consumidor con esquemas claros y vinculantes, EE.UU. vuelve a la autorregulación del mercado, cercenando la confianza de los pasajeros y generando un vacío legal que impacta la competitividad aérea.
El futuro dependerá de la capacidad de legisladores y defensores del consumidor de mantener vivo este debate, la necesidad de nivelar el mercado con los derechos de los ciudadanos.
