Por Redacción 
Por Rolando Hernández
Desde que llegó a la Casa Blanca en enero del presente año, el presidente Donald Trump no ha dejado y continúa emitiendo las controversiales órdenes ejecutivas.
Prácticamente se ha concentrado en gobernar por decretos cuando la norma dicta que la gobernabilidad debe ser discutida por ante el congreso estadounidense.
La orden ejecutiva establece que toda persona que quiera registrarse para votar en las elecciones federales debe aportar documentos que demuestren su ciudadanía, como un pasaporte de Estados Unidos, un documento de identificación (ID) o una tarjeta de identificación militar y además prohíbe contar los votos por correo recibidos un día después de celebrarse los comicios se ha convertido en una de las más controversiales desde que fue firmada en el mes de abril pasado.
Al respecto, varias semanas después (en abril) una coalición de 19 fiscales estatales demócratas demandó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la orden ejecutiva que exige prueba de ciudadanía para votar y prohíbe contar los votos por correo recibidos un día después de celebrarse los comicios.
Leticia James, la fiscal general de Nueva York, una de las demandantes en unión de otros fiscales como el de California, el de Arizona o el de Nuevo México- indicó que la denuncia trata de detener “el intento inconstitucional del presidente de hacerse con el control de las elecciones”.
En la demanda interpuesta por ante un tribunal federal de Massachusetts, los fiscales alegan que la orden del mandatario Trump “ignora descaradamente la soberanía estatal, la autoridad del Congreso, la separación de poderes y los límites al poder presidencial”.
Según los fiscales en declaraciones a la prensa expresan que el requisito de ciudadanía “privaría del derecho a voto a millones de votantes y aseguran que la ley ya exige la prueba de ciudadanía bajo pena de perjurio al registrarse para votar”.
La realidad es que sólo los ciudadanos tienen el derecho al voto, pero la persona que lo hace no siendo ciudadana se expone a multas económicas y hasta ir a prisión. También esto lo podría impedir en un futuro convertirse en ciudadano o ciudadano de los Estados Unidos.
“El intento de Trump de controlar nuestras elecciones, intimidar a los votantes y limitar el derecho de los estadounidenses a votar es inconstitucional, antidemocrático y antiestadounidense. Somos una democracia, no una monarquía, y esta orden (la ejecutiva) es una toma de poder autoritaria”, señaló James. A la demanda también se suma a los litigios interpuestos contra la misma orden ejecutiva por dos grupos defensores del derecho al voto y varios políticos demócratas.
Sin embargo, el pasado viernes 31 de octubre Colleen Kollar-Kotelly, como jueza federal de Washington bloqueó la orden ejecutiva de Trump de exigir prueba de ciudadanía “para votar en las elecciones federales y que no tiene potestad para dictaminar semejante medida (que solo la poseen los estados y el Congreso) y que su orden que exige una prueba de ciudadanía-un pasaporte o una identificación oficial-para registrarse para votar constituye una violación de la separación de poderes”.
Un vez más, el poder judicial estadounidense ha hablado y deber ser escuchado contra las ilegales decisiones que provienen del poder ejecutivo.
El autor es periodista, educador y escritor dominicano residente en el estado de Nueva Jersey y puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
