Por Redacción 
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth y Luis Abinader, presidente de la República Dominicana.
Redacción Exposición Mediática.- La reciente decisión del Gobierno dominicano de autorizar a Estados Unidos a utilizar —de manera “provisional”— dos aeropuertos en Santo Domingo como parte de la operación antinarcóticos Lanza del Sur ha generado un efecto dominó de reacciones en la región. La más visible provino de Venezuela, que cuestionó públicamente el alcance y la naturaleza de este permiso.
Más allá de los adjetivos o narrativas que cada actor incorpora, lo relevante es entender qué implica realmente este acuerdo para la estabilidad del Caribe, para la soberanía dominicana y para el panorama geopolítico hemisférico. Aquí exploramos ese contexto con la distancia crítica que caracteriza a Exposición Mediática.
Una decisión logística con implicaciones profundas
La autorización dominicana se presenta como un acuerdo temporal y estrictamente técnico, orientado a fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, cualquier permiso otorgado a una potencia militar para operar desde infraestructura estratégica de un país caribeño requiere un análisis más amplio.
No se trata solo del combate al crimen organizado. También se trata de:
• Precedentes diplomáticos,
• Percepciones de soberanía,
• y equilibrios regionales.
Todo acuerdo que involucre uso de infraestructura aérea por fuerzas extranjeras, incluso con fines específicos, abre la puerta a debates históricos sobre independencia, cooperación y autonomía.
La respuesta venezolana en su propio marco político
La reacción de Caracas, enmarcada dentro de su narrativa tradicional sobre la política exterior estadounidense, es predecible dentro de su arquitectura discursiva. Venezuela suele interpretar cualquier expansión operativa de EE. UU. en el Caribe como un movimiento geopolítico que podría afectar su entorno estratégico.
Esto no implica validar ni rechazar esa lectura.
Implica reconocer que para Venezuela este tipo de acuerdos nunca es neutral. Y esa percepción influye en su política interna, su diplomacia y su manera de situarse frente a actores regionales.
República Dominicana entre cooperación y cautela
El gobierno dominicano sostiene que la autorización se circunscribe a la seguridad regional y forma parte de mecanismos ya existentes de colaboración. Desde esa perspectiva, permitir asistencia logística para operaciones contra el narcotráfico responde a un compromiso internacional y a un esfuerzo por frenar actividades ilícitas que afectan al Caribe completo.
Pero hay preguntas necesarias:
• ¿Cuál es la duración concreta del permiso?
• ¿Qué límites operativos se han definido?
• ¿Qué controles ejercerá República Dominicana sobre las acciones estadounidenses?
• ¿Qué garantías existen de que lo provisional no derive en permanencia?
Estas interrogantes no cuestionan la colaboración en sí, sino la transparencia indispensable para que la opinión pública evalúe con claridad la naturaleza del acuerdo.
El Caribe como zona de intereses superpuestos
La región caribeña ha sido históricamente un territorio donde confluyen intereses estratégicos de distintas potencias. En este caso, la cooperación de República Dominicana con EE. UU. debe analizarse dentro de ese contexto histórico, donde cada decisión local repercute más allá de sus fronteras.
El riesgo no es la cooperación en sí.
El riesgo es que esa cooperación —sin suficientes clarificaciones públicas— pueda interpretarse, dentro o fuera del país, como un movimiento geopolítico más amplio que trasciende su objetivo declarado.
Cooperación legítima vs. percepciones de influencia
La lucha contra el narcotráfico es, sin duda, una tarea compleja que trasciende las capacidades de cualquier nación individual. Sin embargo, las alianzas que se construyen bajo ese propósito deben equilibrar:
• efectividad,
• respeto a la soberanía,
• supervisión civil,
• y controles institucionales claros.
La transparencia es el mecanismo imprescindible para evitar que los acuerdos logísticos se interpreten como una expansión de influencia o como una delegación tácita de control operacional.
Hacia una postura regional madura
El Caribe enfrenta un desafío histórico: definir cómo coopera sin ceder autonomía, cómo se integra sin diluirse, y cómo se protege del crimen organizado sin convertirse en terreno de competencia geopolítica.
La clave está en diseñar un modelo de cooperación que sea:
• preciso en su alcance,
• limitado en su duración,
• supervisado por autoridades nacionales,
• y comunicado de manera clara a la ciudadanía.
De lo contrario, cada nuevo acuerdo corre el riesgo de generar tensiones innecesarias, tanto dentro como fuera de la región.
Claridad sobre la mesa
El debate no debe centrarse en adoptar o rechazar las percepciones de los actores involucrados. La tarea esencial es garantizar que cada decisión que involucre operaciones extranjeras en territorio caribeño se rija por criterios de transparencia, límites bien definidos y salvaguardas soberanas.
La pregunta clave para República Dominicana —y para el Caribe— no es qué opinan Washington o Caracas, sino:
¿cómo asegurar que la cooperación internacional fortalezca la seguridad sin comprometer la autodeterminación?
Allí reside el punto neurálgico del debate, y allí debe centrarse la discusión pública.
