Por Redacción 
Por Rolando Hernández
Desde mucho antes de llegar al poder, el presidente Donald Trump ha sido un rotundo oponente a la inmigración ilegal que ha llegado y llega a los Estados Unidos. En su nueva administración de gobierno asumida en enero del presente año, el gobierno se ha empeñado en reducir la inmigración considerada de ilegal en particular aquellos inmigrantes que hayan cometidos algún acto de violencia.
Es más, la nueva política migratoria no solo se ha concentrado en los inmigrantes ilegales, legales y los que están en un ajuste de estatus legal, ya sea por vía del asilo, matrimonio o petición.
Una muestra de ello, es que las cortes de inmigración en los últimos meses se han convertido en los principales centros donde los inmigrantes que esperan un ajuste de estatus están siendo apresados y luego expulsados del país sin las posibilidades de sus casos revisados por la justicia, acción que continúa siendo violatoria de las leyes.
El mayor porcentaje de los apresados proceden de las diferentes naciones hispanas. Está claro los agentes de ICE están actuando basados en el perfil racial. Esta situación cuenta con un rechazo de más del 60 por ciento de los estadounidenses que se oponen a política migratoria del gobierno que también se ha concentrado de la eliminación de programas como el Programa de Protección Temporal conocido como TPS para naciones como Haití, Honduras, El Salvador y Venezuela.
Naciones como Perú, México, Ecuador, Guatemala, Colombia, Argentina, Chile y la República Dominicana han visto llegar a decenas de sus ciudadanos que han sido expulsados de manera sumaria del suelo norteamericano. Y eso, que estas naciones se hacen llamar aliadas de los Estados Unidos.
En la embestida más reciente contra la inmigración legal, el gobierno anunció que serán revisadas más de 200 mil tarjetas de residencias que los fueron emitidas a ciudadanos afganos que fueron admitidos bajo asilo bajo la administración de Joe Biden para el periodo 2020-2024.
También sin previa consulta, el mandatario estadounidense anunció por medio de su red “True social”, que 19 naciones consideradas del tercer mundo, entre ellas Venezuela y Haití sus ciudadanos no podrán por asunto de seguridad pública ingresar a los Estados Unidos. Aunque la medida no ha sido explicada se espera que su aplicación será discutida por ante los tribunales de justicia.
Además, según la administración gubernamental en voz del secretario del Tesoro, Scott Bessent a los indocumentados no recibirán ningún tipo de ayuda, aunque en la realidad de los hechos bajo las leyes, las personas sin estatus legal no son elegibles a los programas sociales que están establecidos en la seguridad social como el tener derecho a viviendas subsidiadas, fondos educativos y seguro de salud.
Es todo lo contrario, los inmigrantes sin estatus legal aportar millones de dólares en pagos de impuestos a través del ITN, una numeración que le emiten los estados a esas personas mientras continúa con un proceso legal para regularizar su estatus.
Como nunca antes, la política antinmigrante aplicada en Estados Unidos incluye por parte del gobierno la revocación de residencias permanentes, de ciudadanías y la suspensión indefinida de los procesos de asilo para decenas de inmigrantes que se encuentran en esa situación.
A pesar de la agresiva política contra los inmigrantes ilegales y legales, la realidad es que las personas que no tienen un estatus de legalidad han demostrado que más que ser una carga pública contribuyen con su arduo trabajo y sacrificios a la creación de riqueza en los Estados Unidos.
Según estadísticas económicas, los inmigrantes indocumentados entre los años 2022-2024 pagaron en impuestos más de 100 mil millones solo en impuestos. Eso lo oculta el gobierno actual.
La administración de gobierno que encabeza Donald Trump más que mantener bajo permanente ataque a los inmigrantes sin documentos debería pensar en legalizarlos a los que califiquen para ello más que continuar con la indiscriminada política de expulsión, porque está demostrado que los Estados Unidos necesita y prescinde de la mano de obra inmigrante proveniente de todas las nacionalidades.
El autor es periodista, educador y escritor dominicano residente en el estado de Nueva Jersey y puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
