Por Redacción 
Por Alfredo Cruz Polanco alfredocruzpolano@gmail.com
La República Dominicana y los Estados Unidos de Norteamérica firmaron un acuerdo bilateral y diplomático para enfrentar el tráfico de drogas que llega a nuestro país, pero cuyo principal destino, es el propio Estados Unidos. Dicho acuerdo se interpreta como algo normal entre países socios, que mantienen acuerdos comerciales bilaterales y diplomáticos.
Lo que no es normal, legítimo ni mucho menos constitucional, es ceder nuestros principales aeropuertos, como el Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez y el de la Base Aérea de San Isidro, para que ese país realice operaciones militares, desde nuestro territorio, con el objetivo de presionar políticamente, amenazar e invadir a países hermanos, como a la República Bolivariana de Venezuela y a Colombia, bajo el pretexto de que es algo temporal, con la finalidad de perseguir el tráfico de drogas.
El Artículo 80 de nuestra Constitución establece que la República Dominicana no será parte directa ni indirectamente de operaciones militares contra ningún Estado soberano.
No hay que ser un genio ni un experto en geopolítica para comprender que esto no es lo que se persigue, sino, las riquezas y los recursos naturales de estos países, como son sus reservas petroleras, una de las más grandes del mundo; el oro, el hierro y las llamadas tierras raras, ricas en minerales muy apreciados para la fabricación de artefactos de altas tecnologías, en un momento cuyas relaciones diplomáticas y comerciales entre estos países están muy deterioradas.
Por la ubicación geográfica en que se encuentra nuestra nación, estos son puntos muy estratégicos políticamente y militar para los Estados Unidos, debido a su cercanía con dichos países. El ex presidente Juan Bosch y el Dr. José Francisco Peña Gómez hubiesen sido los primeros en oponerse radicalmente a este adefesio, si estuvieran entre nosotros, evitando que esta decisión antipatriótica se llevara a cabo.
Nuestro país jamás debe aplaudir, ni mucho menos contribuir a la invasión y al derrocamiento de gobiernos de países hermanos, porque desgraciadamente ha sufrido en carne propia dos infaustas invasiones en el siglo pasado, por los propios Estados Unidos. La primera, en el año 1916 hasta 1924, en cuyo periodo todas nuestras aduanas fueron intervenidas, con el único propósito de cobrarse la deuda externa de nuestro país con ese imperio.
La segunda ocurrió en abril del año 1965, con el objetivo de aplastar el levantamiento cívico militar que surgió con el propósito de reponer al gobierno legitimo y constitucional del Presidente Juan Bosch Gaviño, el cual fue derrocado por un golpe de Estado, el 25 de septiembre de 1963, auspiciado por la cúpula militar y eclesiástica de la iglesia católica de la época, por la oligarquía empresarial y por la propia embajada norteamericana.
Este golpe de Estado le produjo a nuestro país un retroceso de más de cincuenta años, en lo económico, en lo político, en lo social e institucional, del cual no nos hemos podido recuperar aún.
Podemos tener grandes diferencias políticas e ideológicas con el gobierno de Nicolás Maduro, que las tenemos, por su estilo arrogante, opresor y déspota, pero solo ese país tiene la libertad, el libre albedrio y el derecho de luchar por sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales; ningún país del mundo, por más poderoso que sea, tiene derecho para abusar, intervenir e invadir a otros más débiles, pura y simplemente por intereses económicos y hegemónicos.
Los Estados Unidos siempre propiciaron y apoyaron las más férreas dictaduras de nuestros países, para de esta forma, apoderarse de sus riquezas y de sus recursos naturales más valiosos, a través de sus empresas multinacionales, tal como ocurrió en nuestro país con Rafael Leónidas Trujillo Molina, Los Somoza, en Nicaragua, Fulgencio Batista en Cuba, Alfredo Stroessner, en Paraguay, Juan Vicente Jiménez y Marcos Pérez Jiménez, en Venezuela, entre otros.
La entrega de nuestros principales aeropuertos a Estados Unidos, supuestamente de manera temporal, será definitiva. Esto nunca había ocurrido en ningún gobierno anterior.
Esta decisión es inconstitucional y antehistórica; debe ser sometida y aprobada por el Senado de la República, ya que la misma atenta contra nuestra constitución, con nuestra soberanía e independencia.
El Artículo 3 nuestra Constitución se refiere al principio de la no intervención de nuestro país en los asuntos internos de otra nación soberana.
La misma tendrá un alto costo político y diplomático en el futuro inmediato a nivel internacional, tanto para nuestro país, como para el Presidente Luis Abinader Corona, el cual pasará a la historia, por ser un presidente que cedió, claudicó y violó nuestra constitución ante las presiones de los Estados Unidos, al contribuir a que desde nuestros aeropuertos se lleven a cabo operaciones militares en contra de países hermanos, que sirvieron de refugios a nuestros héroes y patriotas, que fueron enviados al ostracismo forzoso, en contra de su voluntad y que han contribuido a la libertad, a la democracia y a la independencia de nuestro país.
¡Qué pena! Esta acción forma parte del famoso cambio que el Presidente Abinader tanto nos prometió con creces
