Por Redacción 
La ley puede dar margen para gestionar, pero el regimen penal exige integridad y evidencia. Sin capacidad institucional, la gestion se vuelve un riesgo.
Por:Alex Dominguez
alexdminguez@gmail.com
Hay reformas que, por si solas, parecen tecnicas. Pero cuando se cruzan con el regimen penal, dejan de ser un asunto de papeles y se convierten en una realidad concreta: responsabilidad personal, sanciones y vigilancia permanente. En el plano municipal, la combinacion entre el ajuste del marco presupuestario y el endurecimiento de consecuencias obliga a un debate serio: ¿esta el sistema municipal preparado para administrar con mas margen, pero bajo un estandar penal mas exigente?
1. Dos normas en el mismo tablero: margen para gestionar y deber de rendir cuentas
Por un lado, la Ley 75-25 modifica aspectos del marco municipal y busca hacer mas realistas ciertos topes del gasto, reconociendo que la operacion municipal requiere estructura humana, capacidad de respuesta y continuidad administrativa. Por otro lado, el nuevo Codigo Penal incorpora un enfoque mas estricto para la administracion publica, cuando se configura una conducta tipificada, el incumplimiento deja de ser solo una observacion administrativa y puede convertirse en una responsabilidad penal.
2. Ayuntamientos y distritos: altamente vigilados, altamente expuestos
Los gobiernos locales no operan en un terreno sin supervision. Entre auditorias, controles, reportes y fiscalizacion social, la gestion municipal esta bajo observacion constante. En este contexto, el riesgo institucional aumenta cuando no existen procesos estandarizados, expedientes completos y controles internos robustos.
El punto clave es que la exposicion no se concentra en una sola figura. Alcaldes/as y directores/ras de distritos municipales tienen responsabilidades directas por el rumbo de la administración. Pero tambien queda comprometida toda la cadena administrativa que certifica, valida, tramita y ejecuta, presupuesto, compras, contabilidad, tesoreria y control interno. En un Estado moderno, la trazabilidad se convierte en proteccion; la improvisacion, en vulnerabilidad.
3. El Codigo Penal no se limita a una autoridad
Otro elemento que debe asumirse con claridad es que el regimen penal no se diseña para una sola posicion. En materia de administracion publica, la responsabilidad puede abarcar a funcionarios y, segun el tipo penal, a particulares cuando participan, se benefician o facilitan conductas contrarias al ordenamiento. Por eso, el desafio es institucional y comunitario, la integridad no es un discurso, es un sistema.
4. Por que el Congreso debe revisar y armonizar: evitar que la reforma se convierta en una camisa de fuerza
Desde una mirada municipalista, existe un riesgo real, penalizar con severidad sin que el sistema local este suficientemente armonizado, entrenado y acompañado, especialmente en municipios pequenos y distritos municipales. Si la norma sube el liston, el Estado debe subir la capacidad instalada.
Cuando la gestion opera con debilidad de controles, falta de manuales, expedientes incompletos y equipos sin capacitacion tecnica, la reforma puede terminar generando una administracion paralizada por el miedo. Y gobernar con miedo afecta los servicios: se retrasan procesos, se frena la ejecucion y se deteriora la respuesta a la gente.
Por eso, el Congreso y los organos rectores deben impulsar una armonizacion practica, claridad normativa, regimenes transitorios cuando sean necesarios, capacitacion obligatoria, guias estandarizadas y criterios que diferencien el error administrativo de la conducta dolosa. Eso fortalece la justicia y protege la gobernabilidad local.
5. Una salida municipalista, frenos y contrapesos, pero con capacidad institucional
La solucion no es debilitar las sanciones. La solucion es fortalecer la gestion. Cinco medidas inmediatas pueden convertir la exigencia penal en orden y mejora real:
• Control interno preventivo y documentado: revisar antes de comprometer, pagar o contratar.
• Planificacion y trazabilidad: presupuesto, plan anual de compras, cronogramas y expedientes completos.
• Capacitacion tecnica continua para unidades de compras, presupuesto, contabilidad y tesoreria.
• Acompanamiento a municipios y distritos con menos recursos: conectividad, herramientas y asistencia tecnica.
• Transparencia proactiva: publicar, explicar y rendir cuentas con indicadores y evidencia.
En conclusión la Ley 75-25 abre margen para gestionar con mayor realismo, el nuevo marco penal eleva el estandar de responsabilidad. El reto es que el pais no convierta la reforma en una camisa de fuerza para los gobiernos locales, sino en un sistema de gestion eficiente, transparente y protegido por procedimientos claros.
Como cada lunes: desaprender para aprender. Porque un municipio exitoso no es el que improvisa; es el que planifica, documenta, rinde cuentas y sirve.
