Por Redacción 
Por Rolando Hernández
El diez de abril del pasado año, el presiente Donald Trump en un hecho sin precedentes anunció desde los jardines de la Casa Blanca que el “día de la liberación” había iniciado con el célebre anuncio del incremento de los aranceles en la escala de más de un 10 por ciento para las naciones que comercializan sus productos en el mercado estadounidense.
A partir de esa medida económica más que la liberación, lo que ha reinado ha sido y es una tormenta económica que no solo afecta a los estadounidenses, sino a los principales socios comerciales de Estados Unidos como son Canadá, México, China, India y Europa.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia en una decisión de 6 jueces a favor y 3 en contra en febrero de este año determinó que los impuestos establecidos por el gobierno carecían de legalidad y que el gobierno debe prepararse para la devolución de los aranceles cobrados a las empresas y personas individuales.
La realidad es que, por encima del fallo judicial, el gobierno implementó un nuevo impuesto de un 10 por ciento general para todos los productos que se comercializan en la economía estadounidense desde alimentos, ropa, calzados y bebidas azucaradas han incrementado de precios.
Sin embargo, el jueves siete de mayo en un fallo de 2 a 1, el panel de jueces del Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos concluyó que el gobierno no tenía la justificación para promulgar aranceles en virtud de una ley comercial de 1974 conocida como la Sección 122, lo que representa y es en realidad una importante derrota para la administración de Trump en su capacidad de imponer aranceles. Esta medida significa una importante victoria para los sectores comerciales y los consumidores estadounidenses.
Aunque la Sección 122 permite a los presidentes estadounidenses imponer aranceles de hasta 15 % sobre todas las importaciones sin obtener la aprobación del Congreso si se cumplen ciertos criterios, (como una emergencia económica nacional) en este caso, los jueces determinaron como insuficiente el argumento del gobierno para imponer los aranceles.
La orden ejecutiva “que establece los aranceles no identifica grandes y serios déficits de la balanza de pagos de Estados Unidos tal como el Congreso entendía esa frase”, establecen los jueces en su decisión mayoritaria.
Pero aun con el fallo en su contra, el gobierno que de seguro apelara la decisión por ante la Suprema Corte de Justicia mantiene impuestos específicos diversos sectores comerciales con el son del acero y aluminio.
Lo cierto es que los casos legales reflejan parte de la inestabilidad y caos en lo relacionado a las políticas económicas de Trump, con medidas frecuentes de establecer nuevos aranceles desde el pasado año y a las que todavía los importadores no se han adaptado.
La administración de gobierno que dirige Donald Trump ha persistido en la imposición de aranceles que por lo general son ilegales cuando en la realidad de los hechos, los impuestos son una facultad exclusiva del congreso estadounidense, poder que ha insistido en ignorar el Poder Ejecutivo.
El autor es periodista, educador y escritor dominicano residente en el estado de Nueva Jersey. Puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
