Por Redacción 
Por Rolando Hernández
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que los principales derechos de las personas son los siguientes: Derecho a la vida, Igualad ante la ley, Prohibición de la esclavitud, Prohibición de la tortura, Derecho a un juicio justo, Libertad de expresión, Derecho a la libertad y seguridad, Libertad de conciencia y religión, Derecho a la educación y Derecho a un nivel de vida adecuado.
Esto significa que toda autoridad está en el ineludible deber de preservarlos, fomentarlos y garantizarlos, en especial los cuerpos policiales. Un particular caso, lo constituye la Policía Nacional, una entidad con casi un siglo de formada en la República Dominicana.
Como institución su primordial función es mantener y garantizar el orden público. Es el contacto directo con los ciudadanos, por lo que sus actuaciones deben estar fundamentadas en las normas que establecen los Derechos Humanos. La Policía Nacional Dominicana con el transcurrir de los años se ha masificado y también profesionalizado, pero no en la misma medida que demandan los ciudadanos dominicanos. Continua siendo deficiente.
Es deprimente observar por los diferentes medios de informativos el proceder de los agentes de policiales, los cuales actúan en franca violación a los Derechos Humanos, en especial derecho a la libertad de expresión, derecho a la vida y prohibición de la tortura.
También es evidente, la falta de protocolos policiales cuando se trata de preservar el orden público como es el caso de las movilizaciones sociales y los conflictos entre ciudadanos. Se ha tornado en cotidiano entre los dominicanos presencial peleas entre agentes policiales y ciudadanos en las vías públicas.
El caso más reciente que ha estremecido a la sociedad dominicana fue la muerte que mediante un disparo le realizó el agente de policía José Francisco Moreta Heredia al joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes de 19 años el sector La Cañada de Guajimía en comunidad de Herrera, Santo Domingo Oeste. Este caso ha puesto en evidencia la carencia de la institucionalidad que deben aplicar en todo momento los agentes de policía. Los excesos policiales que por lo general se traducen en muertes y detenciones violatorias a las leyes y el Estado de derecho que debe primar en la nación dominicana.
A pesar de los más de mil millones de pesos que ha usado el gobierno dominicano de los dineros públicos para modernizar a la Policía Nacional, lo cierto es que todos los excesos policiales tienen que ser dirimidos por ante los tribunales de justicia como garantes de las libertades públicas y el orden institucional.
El autor es periodista, educador y escritor dominicano residente en el estado de Nueva Jersey. Puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
