Por Redacción 
Por Armando Pérez Martínez
La reforma de la Policía Nacional no puede seguir siendo un catálogo de obligaciones para los agentes mientras se ignoran las responsabilidades de quienes desafían la autoridad legítima del Estado. Exigir una policía más profesional es correcto; pretender que actúe con las manos atadas, no.
Al policía dominicano se le exige enfrentar la delincuencia, controlar el desorden público, proteger a los ciudadanos y utilizar siempre un nivel proporcional de la fuerza. Se le fiscaliza, se le graba con teléfonos celulares, se le investiga y, cuando corresponde, se le sanciona. Todo ello es propio de un Estado de derecho.
Pero surge una pregunta inevitable: ¿qué consecuencias enfrenta el ciudadano que decide resistirse ilegalmente a un agente de la autoridad?
La respuesta es: ninguna.
Hoy es frecuente que ciudadanos insulten a policías mientras estos cumplen sus funciones, vociferándoles toda clase de improperios y calificativos bajos, se resistan físicamente a un arresto legal, forcejeen o golpeen a los agentes, y cuando los agentes hacen uso proporcional de la fuerza, empiezan a subir videos a las redes sociales titulados “Abuso policial”.
También ocurre que familiares, amigos o curiosos intervengan para impedir una detención, rodeen a los agentes, los empujen, los agredan o dificulten deliberadamente un procedimiento policial, convencidos de que esas conductas no tendrán consecuencias legales, lo que muchas veces termina en fatales desenlaces.
La nueva ley de reforma policial no habla de estos aspectos vitales en ninguno de sus artículos. Ese mensaje es peligroso. Cuando el Estado no protege a quien representa legalmente su autoridad, fortalece la cultura del desacato y la impunidad.
En numerosos países, resistirse a un arresto legal constituye un delito autónomo que agrava la responsabilidad del infractor. Del mismo modo, obstruir o interferir ilegalmente en un procedimiento policial acarrea sanciones específicas. No son privilegios para la policía, sino herramientas para garantizar el cumplimiento de la ley.
La República Dominicana necesita reforzar el régimen de consecuencias para quienes desafían ilegalmente la autoridad. El respeto a la autoridad policial no debe seguir siendo opcional, tiene que ser obligatorio, de lo contrario casi siempre el ciudadano alegará excusas para desobedecer, por lo que debe existir en el código procesal un articulado que lo sancione severamente. Quien se resista a un arresto legal, agreda a un agente o interfiera para impedir una detención debe responder también por esas conductas.
Esto no significa otorgar poderes ilimitados a la Policía Nacional. Los agentes deben seguir sometidos al respeto de la Constitución, a la supervisión judicial y a la investigación de cualquier abuso. Pero el equilibrio exige obligaciones recíprocas: así como la ley limita el uso de la fuerza policial, también debe sancionar con firmeza a quienes impidan el ejercicio legítimo de esa autoridad.
No existe seguridad ciudadana cuando el delincuente sabe que puede resistirse al arresto sin agravar su situación jurídica. Tampoco existe autoridad cuando cualquiera puede desafiar, insultar, empujar o impedir un procedimiento policial sin afrontar consecuencias.
Como si fuera poco, la nueva ley contempla que los agentes, al ser pensionados, solo perciban entre el 60 y el 70 % de su salario, lo que desanima a nuevos aspirantes a ingresar a la institución.
Una reforma seria debe proteger los derechos de los ciudadanos, pero también la autoridad legítima del Estado. De lo contrario, no estaremos reformando la Policía Nacional: estaremos debilitándola aún más.
El autor es coronel retirado de la Policía Nacional.
