Por Redacción 
Por Alfredo Cruz Polanco alfredocruzpolanco@gmail.com
La Ley 370-81 es la que establece el régimen de pensiones y jubilaciones a cargo del Estado dominicano para los empleados y funcionarios públicos siempre y cuando cumplan con ciertos parámetros de edad y años de servicios. El sistema de pensiones en la República Dominicana también está regulado principalmente por la Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
El objetivo de dicha ley es proteger a la población contra los riesgos de la vejez, la discapacidad y el fallecimiento, a través de las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Es decir, que todas las personas que hayan prestado un servicio al Estado dominicano por el tiempo reglamentado y exigido por dicha ley, por motivo de edad y de salud, es merecedor de una pensión digna, para por lo menos paliar y mitigar los últimos años de sus vidas. La ley no contempla a personas que nunca han ofrecido una labor al país.
El gobierno del presidente Luis Abinader, desde sus inicios, ha estado concediendo miles de pensiones onerosas por valores que oscilan entre cincuenta, cien y ciento cincuenta mil pesos mensuales, a personas que nunca han ofrecido sus servicios al Estado dominicano, a miembros de su partido, el Revolucionario Moderno-PRM, lo que constituye una flagrante violación a la ley de pensiones y jubilaciones.
Mientras cientos de miles de ex empleados públicos y privados, que prestaron y entregaron los mejores años de sus vidas al Estado o a empresas privadas, que califican y anhelan obtener una mísera pensión para su vejez, por razones puramente políticas el gobierno se las niega y se las entrega a personas ajenas, que no las merecen, por el simple de haber hecho campaña política a favor del presidente Abinader y de su partido, lo que constituye una gran injusticia.
Si se aplicara la ley como Dios manda, las pensiones deben ser otorgadas automáticamente, de acuerdo al orden de entrada al sistema de pensiones y jubilaciones, para que el trabajador no tenga que rogar ni torear para que se le reconozca un derecho adquirido, para el cual le fue descontado durante mucho tiempo, una parte de su salario, que es lo mismo decir, parte de su existencia. Se comenta que para que un trabajador o empleado pueda obtener su pensión, debe pagar una suma de dinero para que su expediente sea colocado en un lugar privilegiado para ser autorizada.
Lamentablemente este festival de reparticiones de pensiones se viene haciendo con fondos provenientes de los préstamos internacionales, que todos los dominicanos tendremos que pagar, incluyendo hasta los que todavía se encuentran en el vientre de sus madres.
Este es un craso error del equipo económico del gobierno del presidente Abinader, el destinar dichos recursos para gastos corrientes (nóminas, publicidad, subsidios, pensiones, viajes y viáticos, etc.), los cuales no generan riquezas ni crecimiento económico, ni reduce la pobreza, por el contrario, la aumenta. Es la inversión en obras de capital lo que genera crecimiento y desarrollo económico.
En días pasados, en el parque Duarte de La Vega, se realizó una feria para supuestamente otorgar pensiones abiertamente, a todas las personas que alcancen los 60 años de edad, a los cuales se les exigía única y exclusivamente una copia de sus cédulas y el llenado de un formulario de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, lo que constituyen una promesa más dentro del plan de campaña del PRM, para las elecciones del año 2028, dado el desplome y la baja simpatía que hoy afecta a ese partido y por igual, al presidente Abinader.
Esta acción no se hace con fines sociales ni legítimos, sino con fines puramente políticos. Como una muestra de lo que decimos, en fecha 30 de julio de este año, el periódico El Nacional, publicó en primera plana, la noticia de que el gobierno del Presidente Abinader pensionó a 2,500 personas con el Decreto No. 499-26.
Todas estas pensiones deben ser analizadas minuciosamente mediante una auditoría pública, y las que no procedan, deben ser eliminadas y otorgadas a las personas que verdaderamente las merecen y las necesitan.
El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales, Ex diputado al Congreso Nacional y Ex miembro de la Cámara de Cámara de Cuentas de la República, 2010-2016.
