Por Antonio Corcino
En el contexto de la municipalización, la distritalización y el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) que atraviesa Verón-Punta Cana, actualmente se están llevando a cabo procesos que, de alguna manera, marcan su transición institucional; igual esta expansión turística demanda nuevas capacidades de planificación y gobernanza.
Un territorio ante una nueva etapa
Verón–Punta Cana enfrenta una transformación que trasciende el crecimiento turístico. La expansión urbana, el aumento de la población y la presión sobre el suelo plantean la necesidad de adecuar la organización político-administrativa y establecer reglas para el desarrollo territorial. ¿Sí las instituciones podrán responder a la velocidad de un modelo económico que ha convertido el turismo en una fuerza estructurante del territorio?
Con igual relevancia está el desafío que consiste en hacer coincidir tres procesos relacionados, pero diferentes: la consolidación del territorio, la evolución de su organización político-administrativa y la aplicación de instrumentos de ordenamiento territorial.
La municipalización plantea la cuestión de la autonomía y la capacidad de gobierno local. La distritalización de algunas zonas de su demarcación se relaciona con la organización administrativa y la representación de las comunidades. Además, la distritalización de algunas zonas de su demarcación se relaciona con la organización administrativa y la representación de las comunidades; y el PMOT está llamado a orientar los usos del suelo, la expansión urbana, la protección ambiental y la localización de las infraestructuras.
Municipalización: autonomía y capacidad de gobierno
Recientemente, el Senado de la República Dominicana aprobó en segunda lectura el proyecto para elevar Verón-Punta Cana a municipio y lo remitió a la Cámara de Diputados. La iniciativa representa un paso legislativo, no una municipalización definitivamente consumada.
El cambio plantea la posibilidad de ampliar la capacidad de planificación, gestión de servicios y administración local. No obstante, la creación de una nueva categoría administrativa no garantiza, por sí misma, una gestión más eficaz ni un impacto directo en la vida de los residentes. Más bien, su resultado dependerá de las competencias, los recursos financieros, el personal técnico y la coordinación con las instituciones nacionales y provinciales para convertir este marco legal en beneficios reales.
Distritalización: reorganizar la representación
Paralelamente, también está circulando en la Cámara de Diputados una iniciativa de elevar de paraje a distrito municipal tanto a Punta Cana como a El Salado dentro de la estructura municipal proyectada. La propuesta introduce otra dimensión del debate: cómo distribuir la administración y acercar la representación pública a comunidades con necesidades territoriales diferentes.
La municipalización y la descentralización se deben estudiar como procesos relacionados, pero jurídicamente distintos. Su efectividad también dependerá de las delimitaciones, atribuciones y mecanismos de coordinación que eviten duplicidades y de ese modo garantizan una distribución clara de responsabilidades.
El PMOT: decidir dónde crecer
El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), con horizonte hasta 2035, constituye la pieza central de la planificación espacial. Su función es establecer criterios para los usos del suelo, la expansión urbana, la protección ambiental y la localización de infraestructuras.
Al menos, la propuesta borrador, que se divulgó, contempla una distribución indicativa de 55 % del territorio para protección y usos rurales, 30 % para área urbana consolidada y 15 % para suelo urbanizable. Estas proporciones deben entenderse como parte de una propuesta sujeta a revisión, no como una clasificación definitivamente aprobada.
En esa tónica, el debate adquirió especial relevancia en zonas como La Ceiba–El Salado, donde las expectativas de desarrollo inmobiliario y turístico pueden entrar en tensión por la clasificación de suelos y conservación agrícola, ecosistemas y recursos hídricos. Pues ordenar el territorio significa establecer no solo dónde se puede construir, sino también dónde y por qué deben existir límites; en ocasiones, como ejemplo, hay cruces de intereses.
Crecimiento y capacidad institucional
La presión demográfica ayuda a dimensionar el desafío. Frente a los 138,919 habitantes censados en 2022, la proyección territorial divulgada estima 241,767 para 2035. Independientemente de que sea o no una cifra aproximada. La huella demográfica y la presión sobre el suelo son evidencias visibles de la turismización. El crecimiento turístico incrementa la demanda de servicios básicos y puede sobrecargar los existentes. Por ello, es necesario anticipar las necesidades de vivienda, agua, saneamiento, transporte, educación, salud y espacios públicos, para que la expansión turística avance al ritmo de las necesidades de la población.
Por ejemplo, el 14 de octubre se informó, además, que los levantamientos técnicos para revisar la clasificación de los terrenos continuaban y que la presentación de sus resultados se había reprogramado del 20 al 27 de octubre. Actualmente, el PMOT de Verón-Punta Cana se encuentra en una etapa de diálogos y acuerdos, antes de su aprobación mediante ordenanzas del Consejo de Vocales. Mientras el proceso avanza, el territorio no se detiene: cada día sin reglas claras es como dejar una puerta abierta a la expansión urbana, con más estrés al suelo ocupado y mayores dificultades para ordenar el crecimiento turístico y responder a las necesidades de la población.
La evolución de Verón–Punta Cana nos ha permitido mostrar cómo el turismo pasó de ser una actividad económica a convertirse en una fuerza que condiciona la organización del territorio. Orienta inversiones, empleo, conectividad y usos del suelo, al tiempo que genera nuevas demandas sociales y ambientales.
Desde esta perspectiva, la municipalización redefine el nivel de gobierno; la distritalización propone reorganizar la administración interna; dentro de esa coyuntura, el PMOT pretende buscar en mejor medida establecer las reglas espaciales del desarrollo. En general, son respuesta a la necesidad de reordenamiento territorial e institucional.
El reto: gobernar la transformación
La cuestión decisiva no es únicamente cuánto crecerá Verón–Punta Cana, sino quién decidirá cómo hacerlo, qué espacios se protegerán y cómo se distribuirán los beneficios y costes del desarrollo.
La brecha entre la fuerza económica del turismo y la capacidad institucional para ordenar sus consecuencias constituye el problema central. El desafío será convertir la expansión en desarrollo territorial planificado, con reglas previsibles, protección ambiental y atención a las condiciones de vida de la población. Porque reorganizar la administración no equivale necesariamente a ordenar el territorio: esa diferencia se comprobará en la aplicación efectiva de las decisiones, en lo más importante, la gestión del territorio.
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